El campo español se rebela

Enrique Sánchez saluda con las tijeras de podar en la mano mientras quita los sarmientos de las cepas. Produce uva embolsada en 18 hectáreas de viñas. Aunque todavía no ha perdido la esperanza, no le queda mucha. Hace unos días, cerca de aquí, en Novelda, uno de los siete pueblos del Valle del Vinalopó (Alicante), otro agricultor cortó los troncos de su explotación con una motosierra. “Habrá más casos”, dice Sánchez, “porque la cosa está muy mal”.

Hijo y nieto de agricultores y responsable de la Unió de Llauradors en la zona, Sánchez, de 37 años, da algunas claves de la sacudida que vive el campo. “Se ha subido el salario mínimo y esta uva necesita mucha mano de obra. También ha subido el seguro agrario, los fertilizantes, el gasóleo… Estamos vendiendo la uva a precios de hace 20 o 25 años. Si todo lo que gano lo tengo que dar y no queda nada para mí, es imposible mantenerse. Si los Gobiernos no hacen nada por nosotros, no nos queda otra que sacar los tractores a la calle y reclamar nuestros derechos”, afirma.

Sánchez no está solo en sus quejas. Tras una semana de protestas en las comunidades de Galicia, Extremadura y Andalucía, las organizaciones agrarias seguirán tratando de hacer visible la precariedad de buena parte del casi millón de explotaciones agrícolas y ganaderas, de las que solo 350.000 se consideran profesionales. Las movilizaciones continuarán los próximos días en Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y otras provincias andaluzas. Agricultura reconoce las dificultades del sector y ha convocado una mesa de diálogo a partir del próximo lunes para buscar respuestas.

“No se puede hablar de un solo problema”, señala el presidente de Asaja, Pedro Barato. Se trata de muchos factores, unos derivados de las políticas de la UE y otros con origen nacional. “En conjunto, hacen cada día menos rentable la actividad agraria por los bajos precios: las exigencias comunitarias en materias como el medio ambiente, la demonización de la actividad por el bienestar animal, normativas más duras y costosas para el uso de algunos fertilizantes y productos fito o zoosanitarios, nuevas amenazas de menos ayudas en la próxima reforma de la PAC [Política Agrícola Común]... Así no se puede resistir. Y, para rematar, el nuevo salario mínimo (SMI) que, aunque no afecta gravemente a todo el sector, sí lo hace a actividades que requieren mucha mano de obra, como frutas y hortalizas y una parte de olivar y viñedo”, concluye.

José Diego Garrido, olivarero de Baeza (Jaén), es uno de los afectados por esta tormenta perfecta. “Labro 35 hectáreas de olivar tradicional en regadío y mis costes de producción no bajan de 2,5 euros el kilo, mientras estoy cobrando 1,7 euros. Trabajo con pérdidas, pero es lo que tengo”. Román Santalla, ganadero gallego, denuncia los precios por debajo de costes también en el sector de la leche, entre 0,30 y 0,32 euros el litro que perciben desde hace cuatro años.

La protesta agraria es una llamada para gritar que el campo existe. El sector, compuesto sobre todo por medianos empresarios, denuncia la caída de las rentas de la actividad un 8,6% en 2019 que, sumado a las rebajas de los dos años anteriores, la ha situado en los 26.000 millones, la misma cifra que en 2003 en moneda corriente. Esta caída se ha registrado en las producciones más importantes —frutas, hortalizas, vino, aceite, cítricos, fruta de hueso, leche o cereales— por el descenso de los precios en origen ante la falta de mecanismos para regular los mercados, la avalancha de productos importados a bajo precio, la presión de la gran distribución y el alza de los costes de producción, entre otros motivos. La falta de fondos suficientes para el seguro agrario en los últimos tiempos, además, ha disparado las primas a pagar por los agricultores.

Lorenzo Ramos, secretario general de Upa, confirma que el agricultor solo percibe una “parte mínima” de lo que paga el consumidor por el producto. Por ello, el sector exige poner coto al reparto desigual del valor y a la estrategia de ventas a pérdida de las grandes superficies. “Es una locura lo que está sucediendo en la cadena alimentaria; habría que buscar un mecanismo para que el productor percibiera al menos sus costes de producción”, zanja.

En la comarca de La Ribera, en Valencia, la falta de rentabilidad de los naranjos empujó a muchos agricultores a abandonarlos y pasarse al caqui. Uno de los primeros en hacerlo, hace más de 20 años, fue Eduard Esparza, que ahora tiene el mismo problema en el nuevo cultivo: “En el supermercado de enfrente de mi casa venden el kilo a 1,89 euros, y al agricultor se le paga a 15 ó 20 céntimos”. En su opinión, además del abuso de la distribución falla la organización de los productores.

Miguel Blanco, secretario general de Coag, detalla que los costes de producción han pasado a representar casi el 50% del valor final frente a la tercera parte que suponían hace unos años, pero coincide en que es necesaria una mayor organización de la oferta y la demanda desde abajo y que el sector sea más protagonista en los procesos de compra y venta.

Ante un escenario en el que todos los desafíos se concatenan, tanto el Gobierno como la UE han acabado en el disparadero. Agricultores y ganaderos lamentan que la política de Bruselas es lenta para entrar en nuevos mercados y evitar aranceles, pero abre las fronteras a productos importados a bajo precio a los que se exigen estándares fito o zoosanitarios menores. Se suman la renegociación de la PAC, que augura un recorte de los fondos, los aranceles de EE UU, las barreras ficticias de terceros países por razones de seguridad alimentaria y el Brexit, que inquieta a los productores de frutas, hortalizas, vinos y aceite.

“El problema no es la fruta de hueso, el cítrico o el aceite, falla el sistema”, lanza Domingo García, quien produce melocotón, nectarina y albaricoque en Llutxent (Valencia) y trabaja como técnico agrícola en la cooperativa local. “Bastaría con que al agricultor se le pagaran 15 céntimos más por kilo. No se haría rico, pero cubriría los costes”.