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PAC asegurada hasta 2020

El sector agrario español mantiene los niveles de fondos comunitarios

Vacas en un prado de la provincia de Lugo.
Vacas en un prado de la provincia de Lugo.

La negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que por fin enfila su recta final, ha sido en los últimos meses la mayor preocupación del sector agrario. Preocupaba que siguiera el desmantelamiento de los mecanismos para regular los mercados; pero, sobre todo, la posibilidad de una fuerte reducción de los pagos directos.

Con unos recursos de entre 6.500 y 7.000 millones de euros entre ayudas por pagos directos, apoyos a los mercados y fondos para el desarrollo rural, la PAC constituye el eje de la actividad en el sector agrario español. Pertenecer a la Unión Europea ha supuesto el progresivo desmantelamiento de las viejas políticas de precios institucionales y la eliminación de la mayor parte de los mecanismos de regulación de los mercados. A cambio, desde los años noventa, Bruselas instauró o intensificó una política de pagos directos para una parte importante de los agricultores y ganaderos, fondos que en este momento, junto a otras partidas nacionales menores, suponen casi un 29% del conjunto de la renta agraria.

En la actual cuenta atrás para la reforma de la política agraria, un primer punto de partida era conocer las disponibilidades presupuestarias para el periodo 2014-2020, algo que hasta la fecha había frenado las negociaciones entre los ministros de Agricultura y en el propio Parlamento Europeo. La asignación de recursos para el periodo se decidió al segundo intento en la cumbre de primeros ministros y jefes de Estado en febrero.

En una situación de crisis y escasez de recursos como la actual, se puede decir que la política agraria no salió mal parada. Tras los debates sobre diferentes propuestas, todas ellas de ajuste, el presupuesto europeo para el próximo periodo ha experimentado una reducción de 95.000 millones de euros, para situarse en 960.000 millones. Frente a esa rebaja, sin embargo, los fondos para la aplicación de la política agraria, según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura español, aumentaron el 8,3%, al pasar de 275.491 a 298.410 millones de euros en moneda corriente para los pagos de ayudas directas y la política de mercados, mientras los fondos para el desarrollo rural pasarán de 96.440 a 95.578 millones de euros, un recorte del 0,9%.

La política agraria aumenta al 39%

su peso en el presupuesto de la UE

A pesar de la caída en volumen, el porcentaje de recursos dedicados a la agricultura en el conjunto del presupuesto comunitario aumenta su peso del 37% al 39%. Según Agricultura, España dispondrá para el periodo 2014-2020 de 35.705 millones de euros en precios corrientes, un 0,8% más sobre el periodo anterior para ayudas directas. Para el desarrollo rural, los fondos, también a precios corrientes, crecerán un 3%, hasta los 8.291 millones de euros. No salió mal parada, aunque desde la oposición y las organizaciones agrarias se argumenta que el sector perderá entre un 12% y un 14% por la inflación prevista para ese periodo. Y, es cierto. Pero, la realidad es que Bruselas, cuando fija unas ayudas, no contempla ajustar la misma a la inflación y las mantiene, como sucede con los precios para el almacenamiento del aceite.

Tras haberse llegado a este acuerdo, ministros de Agricultura, Parlamento y Comisión deben afrontar ahora la última fase de las negociaciones para cerrar el texto de la reforma.

Para Agricultura hay varias cuestiones que se deben aclarar.

El Gobierno español defiende que la reforma contemple un elevado nivel de flexibilidad en su aplicación a partir del llamado sobre nacional con el respeto a la unidad de los mercados, pero en función de las condiciones específicas del sector en cada país.

La próxima reforma, entre otros aspectos, supone el cambio del modelo actual de pagos por derechos históricos a otro modelo basado en pagos por hectárea elegible. En ese sentido, es clave determinar el volumen de tierras sobre las que asignar derechos de pago. Según se apliquen unos u otros criterios, en el caso español, esa superficie podría ir de los 21 a los 38 millones de hectáreas. España defendió y ha logrado la posibilidad de fijar como superficie elegible 22,4 millones.

Para Agricultura es importante que la aplicación de la política verde, a la que se asignará el 30% del sobre, no deje a nadie fuera. Se han producido avances para flexibilizar las exigencias de superficies obligatorias de abandono con el reconocimiento de prácticas de laboreo que por sí mismas ya sean consideradas como una política verde. Es igualmente importante la posibilidad de una transferencia de fondos entre los dos pilares, ayudas directas y desarrollo rural, y que se pueda deducir hasta un 15% en lugar del 10% de las ayudas directas para hacer frente con pagos acoplados a sectores en dificultades.

Si se contemplara

la inflación prevista, los fondos bajarían más del 12%

Con la reforma aprobada, quedaría aún una tercera fase, su aplicación en España, para lo que serán decisivas las negociaciones de la Administración central con las comunidades autónomas y con las organizaciones del sector.

Agricultura es partidaria de funcionar con un sobre nacional, no una distribución regional y, en todo caso, que haya una política coordinada. Todas las partes deberán decidir cuáles son las superficies que se englobarán en esos 22,4 millones de hectáreas. Están claras las superficies destinadas a cultivos de herbáceos, olivar, frutos secos, etcétera, pero falta una definición sobre las superficies de prados y pastos. Miguel Arias defiende la asignación para pastizales con carga ganadera real.

La reforma contempla la exigencia de que para 2019 se produzca una convergencia de las ayudas por hectárea en un mismo país o lo que se defina como región. Agricultura defiende que ese plazo para la convergencia de ayudas sea más amplio. Arias Cañete quiere que ese posible trasvase de fondos entre explotaciones sea lo más reducido posible para evitar desajustes en las ayudas. España propugna que el mecanismo para aplicar ese proceso sea igual al planteado por Bruselas entre Estados miembros. Los países cuya ayuda media sea inferior al 90% de la media comunitaria, recortarán esa diferencia en una tercera parte entre los años 2014 a 2019 hasta un mínimo de 169 euros. La media comunitaria es de 268 euros por hectárea.

Para aplicar esta medida en España, un paso previo será definir qué se va a considerar una región. La Comisión se resiste a que se puedan definir regiones por tipos de cultivos. En España la media de ayuda por hectárea es actualmente de 229 euros.