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El juez cree que Villarejo cometió “injerencias contra derechos fundamentales” por encargo del BBVA

La entidad pagó 10,28 millones de euros al comisario jubilado mientras era policía en activo, según el auto por el que magistrado levanta el secreto de sumario

La fachada de la sede corporativa del BBVA, en una imagen de archivo.
La fachada de la sede corporativa del BBVA, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este lunes levantar el secreto que pesaba sobre la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el sumario abierto tras la Operación Tándem. Según el auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado considera que la "prestación de los servicios contratados" a Villarejo "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria". Según el auto judicial, ello supone múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el escrito judicial se detalla que la investigación de la que se ha convertido en la pieza número 9 del caso Villarejo se abrió el 4 de diciembre de 2018 para conocer "las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez por parte de altos directivos de la entidad Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria  (BBVA) no plenamente identificados en aquella fecha, salvo su responsable de Seguridad Corporativa, Julio Corrochano, también antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía".

En el auto, el juez considera probado que el BBVA contrató al policía para "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt, con su condición de funcionario policial en activo", lo que supone "un delito de cohecho pasivo".

El desarrollo de los servicios contratados "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas". Esa múltiple contratación se llevó a cabo "a cambio de elevadas sumas de dinero, habiéndose localizado abonos en las cuentas titularizadas por la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) por un importe total de 10.284.689,30 euros los cuales tendrían su origen en la prestación de servicios por parte de aquella a la entidad BBVA".

García Castellón explica que en estos 14 meses de investigación "se han practicado diversas diligencias en orden a comprobar la regularidad de determinadas transacciones realizadas en favor del Grupo Cenyt y de las políticas de cumplimiento de la mercantil BBVA". También añade que el juzgado ordenó el 19 de diciembre de 2019 que se librara un requerimiento de información y de documentación a Price WaterhouseCoopers (PwC) Asesores de Negocio, "al tiempo que se procedió a tomar declaración judicial de varias personas".

El juez recalca en su auto que "todas estas diligencias han exigido la máxima confidencialidad al objeto de asegurar los medios de prueba y evitar intromisiones en las diligencias acordadas. Del resultado del requerimiento librado a PwC se ha conferido traslado al Ministerio Fiscal, habiendo informado que resultaba suficiente al objeto de proceder al levantamiento del secreto acordado".

El levantamiento del secreto sobre la pieza del BBVA, una de las más de veinte con las que cuenta ya la causa, se produce solo unos días después de que García-Castellón dictara otro auto en el que considera acreditado que de la investigación también "se desprende que [el comisario Villarejo] habría investigado a instancia del BBVA el presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido [a quien se comenzó a juzgar la semana pasada acusado de extorsionar a varias entidades financieras, entre ellas el BBVA], junto con su entorno familia, societario y patrimonial".

Este escrito había servido al magistrado para rechazar la personación como acusación particular de otros tres encausados en este juicio: el pseudosindicato Manos Limpias, su dirigente Miguel Bernard, y el tesorero de Ausbanc, Alfonso Sole. El juez sí había reconocido con anterioridad la condición de perjudicado a Pineda y, por tanto, su derecho a ejercer la acusación en el caso Villarejo.

En la primera sesión de la vista el caso Ausbanc, celebrada el pasado 29 de enero y dedicada a las cuestiones previas, la defensa de Pineda denunció que la investigación que ha llevado a su cliente al banquillo era fruto de "una denuncia anónima falsa" presuntamente presentada por el comisario Villarejo. El abogado de Pineda calificó aquellas pesquisas de "montaje policial" y anunció que si se levantaba el secreto de sumario en la pieza del BBVA del caso Villarejo -como finalmente ha ocurrido este lunes-, pedirá que se suspenda el juicio para evaluar la documentación contenida en la misma y que considera puede afectar a su causa.

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