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La juez rechaza suspender el juicio a los controladores pese a faltar las grabaciones del caos aéreo de 2010

La mayoría de los acusados (119 de 133) de un delito de abandono de servicio público han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía

Imagen de Barajas en los días de la huelga, durante el puente de la Constitución en 2010. FOTO: SAMUEL SÁNCHEZ | VÍDEO: ATLAS

Casi una década después se cierra al fin el recorrido judicial del mayor caos aéreo vivido en España afectó a más de 700.000 pasajeros—, ocasionado por el cierre del espacio aéreo en el puente de la Constitución de 2010. El macrojuicio contra 133 controladores aéreos en Madrid ha arrancado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18. La juez Margarita Valcarce ha decidido rechazar la suspensión de la vista oral que le pedían las defensas y algunas acusaciones por la ausencia de las grabaciones completas de las comunicaciones entre el centro de control y las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz. 

La mayoría de los acusados, 119, habían llegado antes del juicio a un acuerdo con el fiscal y las acusaciones en el que reconocen los hechos de los que se les acusa (el abandono de servicio público) y que supone la reducción de las multas y la suspensión de cinco meses de empleo. Los otros 14 acusados de paralizar la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de ese año están citados a finales de este mes. Los acusados que no han pactado, entre ellos el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros por un delito de abandono del servicio.

Este es el último de los 22 juicios que a lo largo de varios años se han ido celebrando por toda España. La mayoría de las causas penales contra los controladores han sido archivadas. El caos aéreo afectó a más de 5.000 vuelos y varios colectivos de afectados iniciaron acciones legales. 

A la entrada de los juzgados de lo Penal de Madrid, el portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, ha señalado que "nadie abandonó su puesto de trabajo, como consta en autos" y ha negado que hicieran una "huelga salvaje".

También ha recordado que el cierre del espacio aéreo fue algo insólito de lo que no había precedentes salvo en Nueva York tras los atentados del 11-M. "La obligación de la empresa era traer a un médico y examinar a la gente, cosa que no hizo. Insisto: nadie abandonó su puesto de trabajo".  Zamit ha añadido que cerrar el espacio aéreo fue una "decisión política" de la que tendrán que responder los responsables políticos de la época (el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) porque los controladores no fueron responsables.

Varias de las defensas de los controladores han solicitado la suspensión del juicio para pedir que se puedan escuchar las grabaciones íntegras de las comunicaciones que se produjeron en el centro de control y la torre de Barajas y la de Torrejón. Según han señalado durante las cuestiones previas, en la causa solo constan unas grabaciones parciales, transcritas por la Policía Nacional, en las que aparecen destacados unos párrafos y no otros. "La Policía no tiene criterio para decidir qué partes son interesantes", ha asegurado uno de los abogados defensores, Bernardo del Rosal. La juez ha decidido no suspender el juicio y continuar con el calendario previsto.

Valcarce ha argumentado que "no es el momento procesal" para pedir las grabaciones completas y ha subrayado que el caso lleva nueve años de instrucción. Ha añadido que en el procedimiento, que supera los 20.000 folios, figura el informe de las transcripciones. "Tenían que haberlo visto a lo largo de la instrucción", ha dicho a los abogados, tras recordarles que la petición se hizo hace un mes. 

Los letrados han defendido que no poder escuchar todas las conversaciones vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y vulnera el artículo 24 de la Constitución. Uno de los abogados ha señalado que corresponde a la jurisdicción militar juzgar a los controladores, dado que estos fueron militarizados. Otros se han negado a la personación de nuevos perjudicados, pero la juez también ha rechazado sus argumentos.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad, el transporte aéreo. También reclama una indemnización conjunta y solidaria a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo fuese cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

Cierre del espacio aéreo

El escrito de acusación recuerda: "A consecuencia del abandono colectivo" de los acusados de sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región centro-norte que obligó a cancelar 443 vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y otros 909 agendados para el 4 de diciembre. "Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros, que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", argumenta el fiscal.

Los vuelos que se vieron afectados fueron "no solo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que, partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

Según la Fiscalía, entre las 17.00 y las 17.15 del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 de los 62 controladores programados, y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional centro-norte de Aena a reducir progresivamente la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo. Al comienzo del turno de noche en el Centro de control tan solo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo solo 19 lo hicieron, y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal", alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, con constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno". Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboración esencial de los delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que o bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo, y para el resto de trabajadores una indemnización de 60.000 euros.

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