Cuando el confinamiento golpeó la economía

Como si de un gran experimento de ingeniería social se tratara, la pandemia ha mostrado las consecuencias económicas de mantener a la población confinada durante meses. El encierro se tradujo en caídas del PIB de doble dígito, locales cerrados, aviones aparcados y un traslado de la oficina a los hogares en aquellos trabajos donde era posible. Gobiernos, bancos centrales e instituciones supranacionales como la Comisión Europea han llevado a cabo un esfuerzo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial para rescatar la economía.

Problemas como las secuelas de la guerra comercial, las turbulencias del Brexit, la crisis de la industria automovilística y las tensiones geopolíticas, que al comenzar el año parecían capaces de sumir al mundo en una preocupante ralentización económica, se han empequeñecido hasta difuminarse ante un virus que de forma justificada ha acaparado prácticamente toda la atención. En ese entorno de arenas movedizas, la economía española ha estado entre las que más ha sufrido, aunque los ERTE han evitado un escenario mucho más negro para el empleo, y la aprobación los Presupuestos tras años de bloqueo por la batalla política, y la llegada de los fondos europeos deben poner a cicatrizar la herida una vez el virus se tope con la puerta cerrada de la inmunización colectiva.

Batacazo histórico del PIB. Para la economía, 2020 ha sido algo parecido a lanzar una pelota desde un quinto piso. La caída ha sido vertical y a toda velocidad. Más que la del rebote: el regreso tras el impacto contra el suelo no ha sido suficiente para volver a ver aparecer la bola en la ventana a la misma altura, y habrá que sumar el acumulado de los botes más pequeños de 2021 y 2022 para volver a ver en 2023 los niveles previos a la pandemia. La volatilidad ha sido extrema. Tan difícil será que el PIB español se desplome de nuevo en un solo trimestre un 17,8%, como sucedió entre abril y junio, los meses del confinamiento duro que el planeta no olvidará, como que vuelva a crecer el 16,4%, el resultado de los tres meses siguientes, los de las reaperturas parciales y desconfiadas ante los rebrotes. El balance del ejercicio, sumados un primer trimestre que ya recogió los primeros compases del virus, y un último que no sumará los frutos de la vacunación masiva, será muy negativo: tanto el Gobierno como el Banco de España esperan que la caída esté por encima del 11%, una de las más pronunciadas de las economías desarrolladas. Según el FMI, la zona euro reculará un 8,3%, la economía global se contraerá un 4,4%. y China será la gran ganadora de entre las grandes economías, con una subida del 1,9%.

Los primeros Presupuestos desde 2018. España contará a partir del 1 de enero con unos nuevos Presupuestos, los primeros que ven la luz en más de dos años y los más expansivos de la historia, diseñados para dar respuesta a la peor debacle económica desde la Guerra Civil. Desde 2016 España no empezaba el año con unas nuevas cuentas públicas debido a la inestabilidad política de los últimos años. Hasta ahora, seguían prorrogadas las diseñadas por el PP en 2018. Todos los intentos para tener unas nuevas cuentas por parte del Ejecutivo de coalición habían fracasado desde entonces: el proyecto de ley para 2019 fue rechazado, y este año ni siquiera se llegó a presentar a causa de la crisis sanitaria.

El gasto total asciende a 550.484 millones, con subidas generalizadas en todas las partidas y especial acento en las de naturaleza social. La inversión pública duplicará la de 2020, hasta los 39.000 millones, empujada por el inédito cañonazo de las ayudas europeas. También se prevé que la recaudación toque máximos, al rebasar los 222.100 millones. El Gobierno confía el grueso de este avance a una vigorosa recuperación del PIB en 2021, y otra parte a los cambios fiscales que va a poner en marcha -como el alza del IRPF a las rentas más altas, las tasas Google y Tobin, nuevos tributos verdes o la subida del IVA a las bebidas azucaradas-.

Por primera vez, eurobonos. Los Veintisiete afrontan la mayor recesión desde la fundación de la Unión Europea con un fondo de recuperación que asciende a 750.000 millones de euros. El instrumento, del que España podrá obtener 140.000 millones, se financiará mediante la primera emisión masiva de eurobonos que realizará la Comisión Europea. A pesar de las reticencias de los halcones, más de la mitad de los recursos serán ayudas a fondo perdido que los países irán recibiendo a lo largo de tres años. A cambio, las capitales se comprometen a inversiones para transformar sus economías –en especial en los ámbitos verde y digital— y a ejecutar reformas acordadas con el Ejecutivo comunitario. Ese monto se complementa con otras ayudas europeas, entre ellas, el llamado fondo SURE para ayudar a los países a financiar sus sistemas de protección temporal de empleo.

Surge un frente contra los excesos de las tecnológicas.. Pocas veces los tres grandes bloques mundiales coinciden en algo al mismo tiempo. Este 2020 lo han hecho en la vigilancia a los gigantes digitales. Bruselas lleva años abriendo investigaciones y sancionando excesos de Google, Facebook, Apple o Amazon, especialmente desde la llegada de la danesa Margrethe Vestager al puesto de comisaria de Competencia. La novedad es que Washington y Pekín han dejado de hacer la vista gorda a los abusos de posición dominante. La Comisión Federal de Comercio de EE UU presentó hace tres semanas una demanda contra Facebook junto a los fiscales de 48 Estados del país. En ella, instan a la firma de Mark Zuckerberg a deshacerse de Instagram y WhatsApp para reducir su tamaño y su dominio de mercado. Hace solo una semana, explotaba otra bomba: China anunciaba la apertura de una investigación a Alibaba, la mayor tecnológica del país, por prácticas monopolísticas, después de recibir quejas de que obliga a los vendedores a operar en exclusiva en su plataforma, dañando a sus rivales y la libre competencia. 2021 puede ser, por tanto, un año de nuevas pesquisas a los grandes de la Red, en medio del complejo debate abierto sobre cómo contener su inmenso poder.

ERTE: el paraguas de la crisis. Los españoles han aprendido una nueva palabra en 2020: ERTE. En realidad son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo y han marcado el mercado laboral desde que en marzo explotó la pandemia y se aplicaron severas restricciones a la actividad económica. Los ERTE han sido el paraguas que ha protegido el empleo y ha contenido una destrucción masiva como la observada en crisis anteriores. Algo que se observó en las primeras semanas, cuando se evaporaron casi un millón de puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo se multiplicaron las empresas que recurrieron a los ERTE: llegó a superar el medio millón, y a finales de abril llegó a haber 3,5 millones de trabajadores con contratos suspendidos y jornadas reducidas. Estas cifras se han movido al ritmo que han marcado las olas de la epidemia y las restricciones económicas para frenar al coronavirus. En verano bajaron los afectados y en otoño han vuelto a crecer, hasta los 750.000 que se alcanzaron en noviembre.

España no ha hecho nada que no haya hecho buena parte de Europa. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca… todos han recurrido a fórmulas parecidas para proteger a la empresas y mantener las rentas de sus trabajadores. El esfuerzo es ingente. En España puede costar unos 30.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Su aplicación ha tropezado con problemas serios. Una Administración desbordada ante la avalancha de peticiones ha tenido errores (también las empresas que lo pedían) que han retrasado el cobro de las prestaciones a miles de trabajadores, en situaciones en muchos casos dramáticas. Esto llevó al secretario general de CC OO, Unai Sordo, a advertir que “lo que está bien a nivel político se puede perder por una gestión deficiente”.

Nace el ingreso mínimo vital. España empezó a desplegar este año una nueva pata del Estado de bienestar: el ingreso mínimo vital, una renta para socorrer a las familias vulnerables. El Ejecutivo lo aprobó en mayo y supone una ayuda a los hogares que va de los 462 euros para los adultos que viven solos a los 1.015 en el caso máximo. La renta completa los ingresos familiares hasta llegar a esas cantidades, no es una prestación por esa cuantía. A pesar de las críticas, la ley que lo regula recibió en el Congreso el respaldo de casi todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo. Pero ese hito se ha visto oscurecido por lo lejos que se encuentra el despliegue de su objetivo inicial.

La meta señalada por el ministro Escrivá era llegar a 850.000 familias compuestas por 2,3 millones de personas. El desembolso previsto ascendía a unos 3.000 millones al año. Sin embargo, los últimos datos cifraban en torno a las 160.000 las ayudas reconocidas. De junio hasta ahora, el Gobierno ha tenido que hacer cambios para facilitar el acceso y todavía se esperan más en la tramitación parlamentaria. También el atasco en las oficinas del instituto público ha tenido su papel.

Una medida como el ingreso mínimo había sido reclamada por la Comisión Europea y otros órganos internacionales. En España existían desde hace años rentas similares en las comunidades, pero su implantación ha sido extraordinariamente desigual. Hay autonomías, como el País Vasco, en las que se calcula que esas ayudas llegan al 70% de los hogares considerados pobres; en España, la media llegaría al 10%.

Teletrabajo: la oficina en casa. Las limitaciones de movilidad y de reunión provocadas por el coronavirus tuvieron un impacto directo en el desempeño de muchos trabajadores, que de la noche a la mañana se vieron obligados a convertir en lugar de trabajo las dependencias de sus hogares. Según Randstad, tres millones de personas tuvieron que adaptarse a lo largo de 2020 a una modalidad de empleo que un año antes reunía apenas a un millón de empleados. El nuevo paradigma del trabajo remoto, sin apenas recorrido en España, parece haber llegado para quedarse más allá de la pandemia, por lo que su regulación resultó objeto de debate hasta dar como resultado la Ley del trabajo a distancia, aprobada el 22 de septiembre, que recoge su voluntariedad y la imposibilidad de que los trabajadores que se decanten por ella cobren menos o tengan peores condiciones a las pactadas.

Los márgenes que establecen el comienzo y el final de la jornada laboral han hecho aflorar un mal recurrente en cualquier gestión remota del empleo: la desconexión digital. Según NordVPN, proveedor de servicios de red privada virtual, cada trabajador ha dedicado dos horas más a su jornada que cuando acudía a la oficina, lo que ha llevado a que, según un estudio de Funcas, solo tres de cada diez prefieran continuar teletrabajando a volver a la oficina.

Esta nueva realidad laboral ha impactado fuertemente no solo en la empresa privada, sino también en la Administración Pública, donde la avalancha de tramitaciones colapsó el funcionamiento de una institución insuficientemente informatizada. A pesar de ello, el 1 de octubre entró en vigor la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el que se fijan nuevas variables laborales para los más de dos millones y medio de empleados públicos. Además de la posibilidad de acogerse a la fórmula del trabajo a distancia de manera voluntaria y reversible, los medios técnicos para su desempeño debían ser provistos por la Administración, así como su mantenimiento.

El turismo ante su peor año. Entre los sectores que más han sufrido la dentellada del coronavirus están el turismo y la hostelería. El origen del desplome se debe en ambos casos a las restricciones a la movilidad, tanto nacional como internacional. Con la nueva normalidad hubo una cierta recuperación, truncada con la segunda ola de contagios y la vuelta de las restricciones. La consecuencia ha sido un hundimiento en la llegada de turistas y de los ingresos generados en 2020 superior al 75%. “Es una situación dramática y lo peor es que muchas empresas no llegarán con vida a la recuperación”, lamenta José Luis Zoreda, vicepresidente del lobby turístico Exceltur.

En el caso de la hostelería, también sufre la falta de turistas, especialmente en los destinos más demandados por los viajeros extranjeros. Aunque en el resto ha podido amortiguar en parte el golpe gracias al consumo local. Eso sí, la caída de los ingresos ha sido notable igualmente. Según Hostelería de España, se han esfumado la mitad de los casi 130.000 millones facturados en 2019, lo que ha provocado el cierre de unos 85.000 establecimientos, cifra que amenaza con subir a 100.000 en los próximos meses.

Con el turismo y la hostelería como puntales de la economía española, el impacto en el mercado laboral ha sido inevitable. “Creo que en esta ocasión hemos sido capaces de proteger mejor los empleos que en la anterior crisis gracias a un mecanismo como el de los ERTE”, subraya a EL PAÍS la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. No todos lo ven así. “No hemos sido capaces de amortiguar el golpe, especialmente en los principales destinos turísticos”, argumenta Juan Ignacio Pulido, director del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística de la Universidad de Jaén.

Para más inri, la industria turística sigue sin ver la luz al final del túnel. Según las previsiones de Funcas, al sector le queda una larga travesía por el desierto. “Las vacunas solo permitirán el regreso de una parte de los viajeros. En 2022 estaremos todavía en el 80% de lo que había antes de la pandemia, probablemente menos incluso en las islas al depender más del avión”, sostuvo hace unas semanas Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de la fundación de las cajas de ahorro. Se cierra un mal año y se abre otro muy complicado.

Banca: Un año de fusiones. Los gestores de los bancos no olvidarán 2020. Para todos ha sido un reto asumir una crisis imprevista, que empezó como sanitaria y se convirtió en económica. Las ayudas públicas a los más afectados y del Banco Central Europeo inyectando pasivo a las entidades y suavizando sus reglas, puede evitar que se repita lo vivido entre 2008 y 2012, pero ha cambiado el mapa para siempre. Para algunos, como los responsables de Bankia, porque la implantación por largo tiempo de los tipos de interés negativos les hizo aceptar ser absorbidos por CaixaBank y renunciar a su proyecto de banco independiente. Así nacerá el mayor banco en España. Otros, como Carlos Torres, presidente del BBVA, lo recordarán porque rechazó comprar el Sabadell por 2.500 millones, pese a que sus recursos propios suman 12.000 millones. El banco disponía de recursos porque en junio ingresará 10.000 millones de dólares por la venta de su filial en Estados Unidos. A Josep Oliu, responsable de la entidad catalana, la operación abortada con el banco vasco le puede costar la presidencia ejecutiva (pasará a ser chairman en el primer trimestre de 2021). A esos movimientos se suman la salida de su hombre fuerte durante 13 años, Jaime Guardiola, que deja la entidad con 24 millones de fondo de pensiones, y la llegada de César González-Bueno, exjefe de ING que presentará su plan estratégico en febrero o marzo con tres objetivos: rentabilidad, eficiencia y digitalización.

Entre la banca mediana ha destacado la fusión de Unicaja y Liberbank, que han mantenido unas larguísimas (y segundas) negociaciones para integrarse y formar el quinto banco español.

Para todo el sector será un año marcado por el veto al pago de dividendos (para atesorar provisiones para el futuro deterioro de sus balances por el previsible repunte de la morosidad) y los ajustes de empleo para ganar una rentabilidad cada vez más incierta. Pero lo más traumático desde el punto de vista laboral y de estructura de negocio es que en 2020 se ha superado la barrera de las 100.000 salidas netas de trabajadores desde la Gran Recesión teniendo en cuenta las altas y las bajas, hasta dejar las plantillas en 173.447 empleados. El proceso parece imparable y en los próximos meses podría suponer la salida de al menos 20.000 trabajadores más por las fusiones en marcha y los ERE de casi todos los bancos para compensar las miles de oficinas que ya no volverán a abrir por el avance de la digitalización tras el confinamiento. El sector financiero entra en una nueva era.

Con información de M. V. Gómez, Í. de Barrón, L. Delle Femmine, LL. Pellicer, G. R. Pérez y H. Gutiérrez.