El virus condena a Perú a la mayor recesión de América Latina en 2020 tras Venezuela

Desde muy pronto se supo que la peruana sería una de las economías más zarandeadas por el virus. Con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en los primeros compases de la pandemia, las autoridades peruanas siguieron el criterio científico y optaron pronto por un confinamiento estricto —todo lo estricto que se puede en una economía en la que siete de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad—. La medida salvó vidas, su objetivo prioritario, pero —como cabía esperar— sumió a la economía en una profundísima recesión de la que los cuantiosos planes de estímulo con dinero público aún no han logrado rescatar: Perú sufrirá este año la mayor caída de PIB de América Latina tras un país —Venezuela— que hace tiempo dejó de regirse por los mismos parámetros del resto de la región.

Poco más de seis meses después de que el huracán de la covid-19 llegase a Lima y arrasase con todo a su paso, pocos trazos quedan de la economía dinámica que asombraba a propios y extraños en una América Latina estancada, que se sobreponía a su sempiterna crisis política y que cumplía, en fin, con las esperanzas depositadas en ella. En 2020, la economía peruana se hundirá un 13,9%, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), un revés que superaría con creces su mayor derrumbe en el último siglo (-12,3% en 1989, cuando la hiperinflación atenazaba la actividad) y que pondrá fin a más de dos décadas de crecimiento ininterrumpido. El ayer suena hoy lejano en el otrora alumno aventajado de la región; el anteayer, remoto.

“Ha sido el peor de los mundos: con una informalidad tan alta, la economía se paralizó pero la transmisión no. Y algunas medidas faltaron o llegaron con rezago, como la entrega de bonos [sociales], que demoró mucho”, critica Alonso Segura, exministro de Finanzas en tiempos de Ollanta Humala. En el punto más bajo —en primavera—, recuerda, se llegaron a destruir el 40% de los puestos de trabajo en todo Perú y hasta el 50% en la capital, Lima. “Ahora hemos recuperado la mitad, pero la parte restante va a tardar mucho más tiempo”. La economía, sostiene por teléfono, “no aguantaría un cierre más”.

Sin embargo, Segura cree que la previsión del FMI se pasa de agorera. Aunque no por mucho: la economía peruana, según sus cálculos, caerá entre un 12% y un 13%, superando por poco el hundimiento de 1989. “Partíamos de una situación relativamente mejor que el resto de Latinoamérica: teníamos reservas, credibilidad en los mercados… Pero ha quedado demostrado que el optimismo y los logros fueron sobreestimados, y que la macroeconomía es fundamental pero no suficiente: no usamos esos buenos tiempos para hacer reformas que impulsaran el desarrollo, había deficiencias estructurales y ahora, con la pandemia, los ahorros fiscales nos los hemos volado en un año”.

Hacia la recuperación

“Para entender esta caída hay que remontarnos a las medidas tan estrictas de restricción de la movilidad del segundo trimestre”, apunta Pamela Ramos, analista de Oxford Economics. “En el primer trimestre el PIB ya estaba cayendo, pero en el siguiente cayó un 30%, el mayor descenso de todas las economías emergentes. Fue un desastre total”. Con todo, Ramos, una de las economistas que más de cerca sigue el minuto a minuto de la economía peruana, induce a la esperanza: como Segura, cree que este año la caída será enorme pero menor de lo que dice el FMI. Y la recuperación, ya iniciada, está siendo incluso más rápida que en México o Argentina pese a haber sufrido un golpe mucho mayor entre abril y junio. “Eso habla bien de cómo está reaccionando la economía: el apoyo fiscal ha sido inusualmente fuerte”. Ramos sitúa el regreso al nivel de PIB prepandemia en el tramo inicial de 2022, antes que en otros grandes países latinoamericanos y mucho antes de lo que prevé el Fondo, que augura un rebote de poco más del 7% este año frente al 10% del Gobierno de Martín Vizcarra.

La fulgurante vuelta a la vida de China —por mucho el mayor socio comercial del país andino— es una buena noticia. Como lo es también el regreso a terreno positivo de sus principales bazas exportadoras: el cobre ya cotiza por encima de los niveles previos a la pandemia y el oro vuela alto por su condición de refugio en tiempos de incertidumbre máxima. Y, pese a la sacudida de los últimos meses, la especialista de la consultora británica cree que los inversores siguen confiando en un buen futuro de la economía peruana. “El sol se mantiene como la moneda más sólida de la región y el 50% de los bonos soberanos sigue en manos de extranjeros”, esboza.

Subsidios insuficientes y un Estado poco efectivo

A pie de calle, con todo, el día a día sigue siendo crudo. Entre cinco y diez empresas formales siguen echando el cierre cada día y la merma de ingresos acecha con especial intensidad a los trabajadores. Toño Olea Borja, padre soltero de 40 años perdió su empleo como operario de producción en la fábrica de neumáticos y mangueras Lima Caucho. La última vez que recibió un sueldo fue en febrero, pero la empresa —que entró finalmente en disolución en verano— no le abonó la liquidación por 18 años trabajados.

Olea cobraba casi 2.900 soles (800 dólares), pero desde entonces sus ingresos han quedado reducidos a prácticamente cero: ha tenido que tirar del fondo privado de pensiones y hace pocas de semanas ha empezado a vender habanos de chocolate a pedido. “Con ese dinero que retiré más un crédito planeaba comprar un auto para trabajar en Uber, pero los bancos me decían que debía tener ahorros por la mitad del monto que quería solicitar. Daba risa”, relata. Por suerte, la señora que le alquila la vivienda en la que vive le “comprende”: acumula deudas de la renta desde abril, pero cada vez que junta algo de dinero va pagando.

Hasta agosto, más de 30.000 empresas habían pedido al Ministerio de Trabajo acogerse a la suspensión perfecta, una figura en la que mantienen el vínculo laboral con los empleados hasta poder reanudar actividades. En el caso que la entidad aprobara la solicitud, los trabajadores podrían recibir un subsidio estatal de 210 dólares de una sola vez, pero hasta agosto las autoridades solo habían sido capaces de evaluar la mitad de las solicitudes: aprobó 5.000 y rechazó 7.000.

El Ejecutivo también dispuso un subsidio de 100 dólares para la población pobre que se quedó su empleo o que no podía salir a trabajar al desempeñarse en actividades no esenciales. El primer pago se realizó entre mayo y junio y alcanzó a unos cinco millones de personas. La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reconoció que el padrón con el que pagaron el primer subsidio en junio era deficiente: “Estaba hecho con base en el censo de 2013, y no incluía a los informales, por ejemplo”, admitió. Desde el sábado 10 de octubre, el Gobierno está pagando un segundo subsidio —llamado universal— de 210 dólares que debe llegar a unas ocho millones de familias. Sin embargo, varios colectivos, como el de los agricultores, subrayan que las medidas oficiales para reactivar la economía no los han incluido.