La solidaridad organizada le planta cara al colapso económico en Perú

Desde que empezó la pandemia y conforme más de seis millones de peruanos perdían sus trabajos, Marsivit Alejo, una adolescente de 13 años que cursa primero de secundaria, decidió dejar de lado su pasión por el dibujo y por confeccionar atrapasueños para coordinar ollas comunes, las iniciativas barriales solidarias de recaudación de dinero que se han multiplicado en Perú para comprar alimentos con los que preparar desayunos y almuerzos para quienes se han quedado sin recursos por la crisis del coronavirus. Las seis que ella organiza benefician a decenas de familias de lunes a sábado en Villa María del Triunfo, un distrito del sur de Lima formado predominantemente por asentamientos humanos que empezaron como invasiones de terreno en cerros. La joven y otras voluntarias usan leña sobre el piso de tierra o alguna cocina prestada y cobran el equivalente a 30 céntimos de dólar por cada ración.

Pese a que su propia familia pertenece al 57% de los peruanos que no tiene servicio de agua corriente las 24 horas y tiene que abastecerse con un camión cisterna y al 24% que no tiene alcantarillado, Marsivit decidió ayudar porque le vio la cara al hambre. Antes de la pandemia, el 20% de la población en Perú era pobre y no tenía lo suficiente para comer, pero la cifra se ha incrementado en 10 puntos con la pandemia, indicó esta semana la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre.

“Mis padres y mis hermanas siempre me han inculcado que debo ser una mejor persona y ser perseverante, por eso trato de hacer esto bien y que la ayuda llegue a las personas que de verdad lo necesitan”, explica la estudiante en el comedor de su casa a EL PAÍS. ”Hay familias que no tienen recursos porque han perdido el trabajo, y no les podemos negar la comida; hay madres solteras que tampoco pueden pagar, entonces se encargan de picar los alimentos, de servir, lavar las ollas, limpiar”, explica.

Entre marzo y mayo, 2,3 millones de personas perdieron el empleo en la Lima metropolitana por causa de la cuarentena, y en el segundo trimestre había 6,7 millones menos de trabajadores que el año pasado en el país, que ya se ha convertido en el que tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19. Antes de la pandemia, un 70% del empleo en Perú era informal, y se desarrollaba a menudo en las calles o en el transporte público. De un día para otro, solo las actividades esenciales estaban permitidas. En abril, el Gobierno transfirió fondos a municipalidades distritales para que entregaran canastas de alimentos a millones de familias pobres, pero los vecinos lamentan que mucha de la ayuda no llegó por corrupción o por incompetencia. “Aquí no se conoce al alcalde, no llegaron las canastas”, asegura Anderson Alejo, el padre de Marsivit.

Aurelia De la Cruz es una de las ciudadanas que prepara comida en la olla común del asentamiento humano Paraíso, la principal en la que colabora Marsivit. De la Cruz no sabe leer ni escribir. “Gracias a Dios existe el WhatsApp y puedo enviar mensajes de voz a las personas que de vez en cuando ayudan a la olla común”, dice conteniendo la emoción. Cuando el almuerzo está listo, avisa a un grupo en la mensajería instantánea y después pasa a anunciar la convocatoria con un micrófono y un altavoz: “Vecinos, buenas tardes, ya está el almuerzo, por favor acérquense a recoger”.

Redes solidarias

La abogada de 27 años Sandra Paico fue una de las primeras personas en transformar su rutina en marzo para entregar alimentos en el centro de Lima a personas que se quedaron sin recursos cuando impusieron el confinamiento y la emergencia sanitaria en Perú. Llamó a su iniciativa Por una cuarentena sin hambre. “El núcleo fue 15 personas aunque el grupo llegó a tener 50 colaboradores para todas las tareas. Cuando salimos en televisión empezamos a recibir muchos aportes. Hubo alguien que donó un cerdo entero y lo llevamos a un comedor popular que atendía a 700 personas. Quienes necesitaban ayuda se comunicaban vía Facebook. Hemos visto que ha crecido mucho la pobreza”, lamenta Paico.

Los comedores populares han sido otra respuesta a la histórica caída de 30.2% del PIB peruano en el segundo trimestre de 2020, la mayor desde que el Banco Central de Reserva registra ese indicador. El jueves último, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, estimó que el impacto de la pandemia se traducirá en un retroceso anual de 12% en la economía. En Perú, los comedores populares surgieron en la década de los años 80 como una respuesta ante la crisis económica, pero miles se mantienen hasta hoy con algunos insumos entregados por las municipalidades y el pago simbólico de quienes requieren un menú diario a bajo precio.

Luego de tres meses de trabajo solidario en varios distritos de la capital, Paico cayó con una neumonía compatible con la covid-19, y tuvo que quedarse en casa. “Una persona donaba el combustible y nos trasladaba llevando las canastas de alimentos, así fue hasta junio, pero como varios nos enfermamos no hemos podido contar a cuántas personas hemos entregado alimentos y ropa de abrigo y cuántas aportaron”, cuenta. “Hemos tenido la disposición de ser un puente. Las personas que confiaron nos han permitido llegar a otros. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y allí aprendimos que los problemas se resuelven colectivamente, esto no ha sido asistencialismo sino solidaridad. Sé lo que significa pasar hambre, crecí con mi mamá y a veces comíamos una vez al día”, añade la abogada.

En el distrito más poblado de Lima, San Juan de Lurigancho, otro colectivo entregó alimentos a necesitados entre marzo y junio. Se denominaban Los Cazafantasmas de Arriba Perú, por el nombre del asentamiento humano donde viven y por los trajes que usaban para desinfectar aceras y fachadas. Un grupo de diez amigos se organizó para salir todos los días a desinfectar con una máquina y mangueras que compraron con ahorros. A cambio, los vecinos les daban unas monedas por la limpieza y con ello compraban alimentos para personas en abandono.

”Algunos ya volvieron a sus trabajos y por ello hemos parado la desinfección y la labor social. También se complica los domingos porque está prohibido salir”, comenta Jhunior Calcina, uno de los cazafantasmas. En el mismo distrito, la religiosa Yenny Chipana es una de las coordinadoras del comedor popular Eulalie Durocher que sirve a diario 100 almuerzos, principalmente para familias migrantes venezolanas, después de que miles de ellos perdieran el empleo. “Nos gustaría contar con más apoyo para no dejar de atender a los que ya no alcanzamos”, expresa la hermana de la congregación de los Santos Nombres de Jesús y María.

La oficina de Cáritas Lima ha entregado desde el inicio de la pandemia canastas de alimentos y medicinas a unas 700.000 familias en pobreza extrema, pero en julio han cambiado la forma de trabajo para los necesitados. “Semanalmente apoyamos 50 ollas comunes en Lima, pero por la crisis las donaciones que recibimos han bajado y estamos buscando aliados para sostener los apoyos en nueve distritos de Lima”, señala Cynthia Tello. Además, entre abril y julio, Cáritas Perú entregó alimentos y artículos de higiene a 898.874 familias.

Comités ciudadanos

De acuerdo al antropólogo Nekson Pimentel, en los distritos de Carabayllo y Comas, en Lima norte, enfrentan la crisis mediante otros procesos. Por ejemplo, comités ciudadanos que en años pasados se formaron para luchar contra la corrupción de las autoridades locales, contra el tráfico de tierras, para exigir atención en un hospital, o defender el espacio público, en la pandemia se han organizado “para la solución del hambre y la sobrevivencia”.

”Esto tiene para largo: la población está más precarizada y más desempleada. El Gobierno ha tenido medidas lentas, con complicaciones en la entrega de subsidios a los pobres, y las autoridades distritales siempre están desorientadas. El dinero de las canastas de alimentos fue malversado (por las municipalidades)”, sostiene Pimentel, quien dirige el Centro Peruano de Investigaciones Sociales (Cepis).

Pimentel critica que del presupuesto que el Gobierno destinó para atender la pandemia, el 0.4% del PIB fue para subsidios a los pobres y un 12% para créditos a las grandes empresas. “A una población precarizada no se le puede exigir que se quede confinada por tanto tiempo. La informalidad (laboral) es producto del desequilibrio estructural y social. No se ha querido ver la desigualdad frente a un pequeño porcentaje de población con riqueza acumulada, como señala (el economista) Thomas Piketty”, agrega.