España informa a Bruselas de que ha movilizado 218.000 millones para frenar el golpe de la pandemia

España ha rebasado sus propias previsiones en el plan de choque contra la pandemia. El 17 de marzo, tercer día con el estado de alarma vigente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía a la palestra para anunciar “la mayor movilización de recursos de la historia” para hacer frente a la pandemia. En total, el Ejecutivo planeaba apartar 200.000 millones de euros para suavizar el golpe de la covid-19. Siete meses después, esa cifra ha crecido, hasta los 218.400 millones de euros, según el plan presupuestario que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas.

Pero movilizar el dinero no implica, a priori, que vaya a gastarse. Una parte de esa cantidad ya se ha utilizado, otra se va a utilizar, otra se dejará de ingresar en las arcas y otra podría gastarse si la economía va a peor.

En la cuenta de gastos ya figuran un total de 55.588 millones de euros que corresponden a medidas –anunciadas o ejecutadas– que pretenden “amortiguar el impacto de la pandemia sobre la actividad económica, el empleo y la renta de los hogares, para así sentar las bases de la recuperación económica”, según el texto redactado por el Ejecutivo.

ERTE. Los gastos en materia laboral representan el 60% del dinero: casi 35.500 millones de euros. Los ERTE, a los que se han acogido hasta el momento 3,4 millones de trabajadores y que han sido prorrogados hasta el 31 de enero, costarán más de 25.000 millones –entre la propia prestación y la exoneración de cuotas a la Seguridad Social–, siete de cada diez euros destinados a proteger el empleo figuran en esta partida. La prestación por cese de actividad para millón y medio de autónomos, igualmente extendida hasta enero del año próximo, supondrá 8.600 millones de euros, también sumando la prestación y la exoneración de impuestos.

Todo ese gasto busca “evitar que una situación como la acontecida durante 2020 tenga un impacto negativo de carácter estructural y permanente sobre el empleo”, según detalla el plan del Gobierno. Pese a la ingente inversión, las previsiones del FMI publicadas esta semana calculan la pérdida de 965.000 puestos de trabajo este año y descartan que España vuelva a los niveles de paro previos a la pandemia hasta 2026.

También en este ámbito, se cuantifica una partida de 1.350 millones destinada a prestaciones por incapacidad laboral, ya que el elevado número de contagios en las oficinas hizo que el periodo de aislamiento por prevención o contagio por coronavirus se equiparase a un accidente de trabajo. Asimismo, la delicada situación de las empleadas del hogar en España, que no tienen acceso a prestación por desempleo, llevó a la creación de un subsidio en caso de perder el trabajo durante la cuarentena de 3.150.000 euros.

Apoyo a la sanidad. El refuerzo de la sanidad, esencial para contrarrestar el colapso de los hospitales durante los primeros meses de la pandemia, ha supuesto este año 4.400 millones de euros. La mayor partida (2.800 millones) han sido las actualizaciones a cuenta para las comunidades autónomas de cara a reforzar sus sistemas sanitarios. También se otorgó un crédito al Ministerio de Sanidad por 1.400 millones. Por otra parte, para “promover el desarrollo de medicamentos eficaces contra la enfermedad y vacunas” y “elaborar productos sanitarios de carácter urgente” se han gastado en 2020 casi 150 millones de euros entre créditos, subvenciones y partidas extraordinarias al CSIC, el Instituto de Salud Carlos III y otras entidades y empresas del ámbito científico-sanitario.

Becas y ayudas sociales. Las cuentas anuales también reflejan un gasto social de 16.700 millones de euros para paliar los daños “en las familias más vulnerables, ya que sus rentas se han visto minoradas”, según reza el documento. Las siete partidas presupuestarias de este bloque abarcan la ayuda a las familias con beca de comedor, la cobertura del pago de la vivienda y la protección de las víctimas de la violencia de género, entre otras. La mayor parte del gasto social –16.000 millones, de los que ya se han distribuido 8.000– ha ido destinada al Fondo Covid para las comunidades autónomas con el objetivo de financiar gastos derivados de la pandemia en sanidad y educación y sufragar la caída de recaudación de impuestos regionales.

Ayudas para pagar la vivienda. En materia del pago de la hipoteca y el alquiler, se añadieron este año 100 millones de euros adicionales al Plan Estatal de Vivienda, además de otros 300 millones destinados a un nuevo programa ayudas al arrendamiento. El Ejecutivo también aprobó a través a través de Real Decreto el Fondo Social Extraordinario para Comunidades Autónomas, que puede alcanzar hasta a 12 millones de personas, según el Gobierno, focalizado en mejorar la atención telemática y a domicilio de las familias en situación de vulnerabilidad y la dotación de recursos para los servicios sociales.

Avales del Estado a través del ICO. Pero el grueso de los más de 200.000 millones que ha movilizado el Gobierno se agrupa en el apartado de las garantías y avales para empresas. En total, 160.000 millones destinados a abrir líneas de financiación y aplazar deudas y moratorias que “solo supondrán un coste para el Estado en caso de que se ejecuten”. Con este dinero, las empresas han solicitado créditos a la banca con el aval de la Administración y en caso de impago será el Gobierno quien sufrague las pérdidas con este fondo. La línea de avales del ICO han supuesto 100.000 millones de euros de los que el 98% han ido destinados a pymes y autónomos, la gran mayoría relacionadas con el ocio, el turismo y la cultura. También destaca la línea ICO para compañías destinada a inversiones (40.000 millones) para “adaptar, ampliar o renovar sus capacidades productivas y de servicios o para el reinicio o reapertura de su actividad”, según las condiciones del plan de Economía. Más allá de las empresas, el Gobierno también ha habilitado avales ICO para las familias dirigidos por el Ministerio de Fomento. En concreto, 1.200 millones de euros para cubrir préstamos destinados al pago de la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad, desde comedores sociales a centros de acogida de personas sin hogar.

Por el momento, es pronto para saber si estos 160.000 millones supondrán un gasto para la Administración, pues prácticamente ninguno de los préstamos se ha empezado aún a devolver y los plazos de vencimiento llegan hasta los ocho años. “En este sentido, no se estima que en el presente ejercicio 2020 se ejecute ninguna [medida de aval o garantía], por lo que no se prevé ningún impacto presupuestario”, concreta el Ejecutivo en su informe enviado a Bruselas.

Se han dejado de ingresar más de 900 millones

Aplazamientos de impuestos. La otra fórmula de apoyo a la economía del Gobierno pasa por el aplazamiento del pago de deudas por parte de empresas y la eliminación temporal de impuestos. Según las cuentas del Ejecutivo, en 2020 se han dejado de ingresar 922 millones de euros por medidas relacionadas con la covid-19, de los que 568 millones se cobrarán en el futuro.

Cotizaciones para autónomos. Solo el aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social para empresas y autónomos supone posponer el ingreso de más de 530 millones, unidos a los 24 millones de euros del retraso en el pago las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de seis meses. El 0% de IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario decretado en abril y prorrogado hasta finales de octubre supone dejar de ingresar este año 70 millones de euros en impuestos. De igual forma, la modificación de la ley del IVA para rebajar al 4% el tipo impositivo de libros, periódicos y revistas digitales costará 5 millones de euros al año.