La CEOE se suma al acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno para la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero, tras lograr un nuevo pacto in extremis con sindicatos y empresarios. El sí de estos últimos se hizo esperar y llegó cuando los miembros del Gobierno ya estaban reunidos. Para lograrlo ha sido clave el aumento de las exenciones en las cuotas sociales —están entre el 100% y el 70%— para las empresas en ERTE que vean limitada su actividad durante la segunda ola del virus. “Es un acuerdo de máximos. Protege, salva y defiende a todas las empresas y trabajadores de nuestro país”, ha defendido la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

El visto bueno de los empresarios se sumaba al que ya habían dado los sindicatos la noche del lunes. CEOE y Cepyme han logrado que aumenten las ayudas en los ERTE que servirán para las empresas más afectadas por las restricciones sanitarias. El crecimiento en esta modalidad de ajuste/ayuda laboral compensa a las organizaciones empresariales, que entendían que el diseño inicial que había hecho el Gobierno perjudicaba al comercio, la hostelería y la restauración, que no quedaban incluidos entre los sectores especialmente dañados, lo que impedía que tuvieran acceso automático a los ERTE con sus altas exoneraciones (entre el 85% y el 75%). Entre aquellos sí que había otras ramas ligadas directamente al turismo (hoteles, transportes, agencias de viaje, salas de espectáculos...). Ello provocó la reacción de los sectores que se sentían perjudicados, que presionaron a las cúpulas de las patronales y estrecharon el margen negociador, según admiten varias fuentes empresariales.

Díaz pone el pacto de los ERTEs como ejemplo de diálogo frente a la "crispación"

Ese movimiento acercó a los empresarios —aunque con mucha más resignación— al acuerdo que los sindicatos tenían desde el día anterior. UGT y CC OO habían logrado hacía ya más de una semana que las prestaciones que cobra el trabajador no bajen del 70% de la base reguladora (un indicador próximo al salario) después del sexto mes y que esta ayuda extraordinaria no reste derechos del seguro de desempleo acumulado antes de quedar incluido en un ERTE.

El nuevo decreto, que publicará este miércoles el BOE, da continuidad hasta el 31 de enero a la medida laboral estrella del Gobierno para amortiguar el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo. El coste de estas medidas, hasta ahora, no ha sido barato. Según las cifras facilitadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, entre prestaciones, exoneraciones y ayudas a los autónomos se han consumido ya 22.000 millones de euros, algo más de los 21.300 millones que ha prestado la UE a través del programa SURE, el fondo que cubre estas ayudas. Esos cálculos no incluyen la prórroga de cuatro meses adicionales aprobada este martes.

“Estamos convencidos de que ninguna empresa y ningún trabajador se quedan sin protección”, apuntó Escrivá, quien agregó sobre los ERTE provocados por los rebrotes del coronavirus que obligan a cerrar comercios que son como los que se aprobaron “para los peores momentos de la crisis”.

El acuerdo alcanzado con los agentes sociales es “el sexto de este Gobierno”, como se encargó de recordar Díaz. Con él se vuelve a demostrar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez encuentra un terreno mucho más fértil para lograr pactos en el diálogo social que en el Parlamento con la oposición. Ello fue utilizado por la ministra de Trabajo, quien también tiene un alto perfil político, para atacar al PP: “El diálogo es la única manera de construir país y los que crispan no tienen proyecto político”.

También Unai Sordo, secretario general de CC OO, resaltó el “valor del acuerdo del diálogo social”, pero lo circunscribió a los efectos concretos del pacto: “Conseguimos una herramienta para que la crisis no se convierta en una destrucción masiva de empleo, como ha ocurrido en todas las crisis anteriores”. Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, se limitó a señalar que “esta prórroga contiene importantes avances sociales y da certidumbre a la sociedad ante una situación de crisis sanitaria, social y económica sin precedentes”.

El tono del comunicado de CEOE, breve y seco, dejó claro que se suma al pacto sin un gran entusiasmo. No obstante, sí que aprovechó el texto para subrayar que ha conseguido sus objetivos, hablando de un acuerdo en el que “todas las empresas cuya actividad se está viendo afectada por la crisis de la covid-19 se sienten representadas”.

Tanto este pacto como el alcanzado la semana anterior en torno al teletrabajo son solo los dos primeros pasos de un otoño con la agenda del diálogo social llena. De hecho, al acabar el Consejo de Ministros, Díaz ya marcó el siguiente punto que se abordará: la regulación que aclare que los repartidores (los conocidos como riders) son asalariados en línea con la última sentencia del Tribunal Supremo.