El Plan Estratégico para el campo, reto de Agricultura en el nuevo curso

El Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas inician este mes el debate para elaborar el Plan Estratégico exigido por la UE para la aplicación de la nueva reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2022, que supone para España 47.682 millones de euros en cinco años. El objetivo es que esté finalizado en primavera.

Uno de los retos es lograr una redistribución de los fondos frente a la continuidad en los pagos aplicada en 2015 y los escasos resultados obtenidos en los últimos años con la política de convergencia de ayudas entre regiones. Agricultura choca con las posiciones de algunas comunidades beneficiadas del actual reparto.

El ministerio pretende que los pagos directos y ayudas por desarrollo rural vayan prioritariamente al agricultor genuino, cuyos ingresos por la actividad agraria supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos. Se plantea mantener y simplificar el régimen de pequeños agricultores (unos 300.000 de casi 700.000 demandantes), para quienes tengan entre seis y 10 hectáreas, que percibirían una ayuda de entre 200 y 250 euros por hectárea. Continúa el sistema para la actividad a tiempo parcial por su importancia en algunas zonas. No se aborda la situación de los jubilados, que son el 38% de los solicitantes.

La redistribución se concreta en la política planteada por Bruselas, estableciendo el techo de los 100.000 euros por petición, con la posibilidad de deducir los costes del empleo. En la misma línea de redistribución, se prevé un apoyo complementario a las primeras hectáreas de una explotación.

Una tercera vía sería una mayor convergencia de ayudas entre regiones ante el fracaso del sistema de regionalización, por el que se mantienen importantes diferencias en los cobros de un agricultor o ganadero por la misma actividad. Agricultura sostiene que el pago debe ser el mismo.

Y contempla que la ayuda básica a la renta que perciba un agricultor en la región más alta no debería superar entre cinco y siete veces el importe en la zona más baja. Igualmente se aboga por la posibilidad de aplicar ayudas desacopladas a sectores que fueron excluidos sin razones objetivas. Agricultura tiene previsto reducir el número de regiones.

La cuarta vía para redistribuir es revisar la política de derechos individuales e históricos, por los que hoy es posible percibir ayudas sin tener la actividad. Objetivo de Agricultura es que los procesos de convergencia de ayudas se puedan lograr en 2023 y, a partir de ahí, proceder progresivamente a suprimir los derechos individuales hasta 2025 y pasar a un sistema de pagos por superficie.

Otra novedad son los ecoesquemas, a los que se destinará el 13% de los fondos para pagos directos.