Agricultura y las Comunidades Autónomas negocian un vuelco en la aplicación de la PAC
El Ministerio presenta sus propuestas para elaborar el Plan Estratégico 2023 con 6.800 millones de ayudas anuales
El Ministerio de Agricultura y los consejeros de las comunidades autónomas han iniciado este jueves la última fase de las negociaciones para elaborar el Plan Estratégico donde aplicar la futura reforma de la Política Agrícola Común. Esta negociación, a diferencia de las llevadas a cabo en los meses precedentes, ya se desarrolla conociendo los fondos disponibles para la PAC en el nuevo periodo de 2021 a 2027, tras la aprobación en los últimos días del Marco Financiero Plurianual por el Consejo Europeo. Para España, suponen unas ayudas anuales de 6.800 millones de euros, 47.682 millones de euros en todo el periodo.
El objetivo de Agricultura es que el plan esté listo para su presentación en Bruselas en la primavera de 2021 y que en el mismo se recojan todas las nuevas exigencias comunitarias en materia de medio ambiente, cambio climático y de seguridad alimentaria. Agricultura y las Comunidades Autónomas deberán decidir en los próximos meses las posiciones de la Administración española en una serie de puntos claves para la asignación y la distribución de los fondos PAC, sobre los que Luis Planas ha presentado sus primeras propuestas.
Planas apuesta porque los recursos vayan prioritariamente al agricultor genuino, calificando al mismo como el profesional de la explotación familiar que vive de la agricultura o la ganadería. Actualmente se considera como prioritario al profesional cuyos ingresos por la actividad agraria superen un 20% del total.
En el marco de la nueva reforma, se deberán definir las condiciones para la aplicación de las prácticas de laboreo beneficiosas parar el medio ambiente, así como para avanzar en el desarrollo de la agricultura ecológica. Bruselas pretende que esta suponga en 2030 el 25% de la superficie de cultivo y actualmente en España supone un 9%.
Una cuestión pendiente con las comunidades autónomas es avanzar en la política de convergencia de ayudas entre territorios. Incluso en una misma producción, en la actualidad hay grandes diferencias. Dentro de ese objetivo, Agricultura pretende que haya un nuevo proceso de regionalización reduciendo las actuales 50 regiones en secanos, regadíos, pastos y cultivos permanentes. Igualmente, con el impulso fundamentalmente de territorios como Castilla-La Mancha y Aragón, se revisarán las políticas actuales de derechos individuales y derechos históricos que en muchos casos llevan aparejados pagos injustificados que no responden a la realidad de la explotación. Agricultura defiende un techo máximo de ayuda por peticionario de 100.000 euros, con la posibilidad de no computar en esa cifra el empleo que genere la explotación, a razón de una deducción de 18.000 euros por trabajador y año.
Finalmente, entre otros puntos, además de la figura del agricultor genuino, Agricultura plantea una nueva regulación para los pequeños agricultores con ingresos PAC por debajo de los 1.250 euros, que son unos 300.000 de los 700.000 peticionarios de ayudas. Para ese colectivo con una superficie entre las seis y las 10 hectáreas se propugna un nuevo régimen simplificado con unas ayudas de entre 200 y 250 euros por hectárea. Ante la nueva reforma, Planas destaca, además de la estricta actividad económica, el papel de la agricultura y la ganadería en la política de medio ambiente y su papel para el sostenimiento del territorio.
