Salvar el Ingreso Mínimo Vital

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo fue saludada como un gran avance en nuestra política social por numerosos colectivos sociales, políticos y académicos. El 10 de junio, el Congreso de los Diputados convalidaba el decreto sin un solo voto en contra (únicamente los 52 diputados de Vox se abstuvieron). Aunque las reservas y propuestas de mejora a algunos aspectos de su diseño han sido diversas y numerosas por parte de partidos, expertos y organizaciones sociales, solo desde la extrema derecha y algunos pequeños grupos de ultraizquierda se ha formulado una oposición frontal a la medida.

Sin embargo, solo dos meses después, algunas noticias aparecidas en diversos medios, así como su reseña por parte de algunos opinadores, ya construyen una narrativa en tono catastrofista que usa términos como “fracaso”, “desastre” y “timo”. ¿Qué hay de cierto en ella? En mi opinión, hay seis puntos a considerar para hacer un diagnóstico cabal de la situación.

1. Ni desastre ni fracaso (aún), pero sí motivos de seria preocupación. Ningún programa de garantía de rentas sólido, en ningún país del mundo (y en España, en ninguna comunidad autónoma), se ha puesto nunca en marcha de forma óptima en dos meses. Ningún otro lo hará (mucho menos una renta universal). En este sentido, el catastrofismo prematuro está de más, y suscita la sospecha de servir intereses políticos. Ahora bien, la nota publicada el pasado día 20 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) es muy informativa y da serios motivos de preocupación: hay una (previsible y anunciada) avalancha de solicitudes, y un alto porcentaje tiene defectos de documentación o se deniegan por incumplir requisitos de ingresos (sería exigible saber cuántas denegaciones por este motivo se deben a la elección del 2019 o el 2020 como periodo de cómputo de los ingresos, y cuántas no serían denegadas si se hubiera hecho ya efectivo el incentivo al empleo que permite compatibilizar el IMV con ingresos por trabajo hasta un umbral, una de las “banderas” que siempre ha esgrimido el ministro Escrivá). Desde luego, no cabe menoscabar el enorme esfuerzo que se está realizando, comparativamente muy superior al de otras prestaciones, pero tampoco ignorar la autoexigencia del reto asumido: a la postre, no se va a juzgar el esfuerzo sino el resultado.

2. Hay problemas de diseño (anunciados) que pueden corregirse: entre ellos, destacan el citado periodo de cómputo de los ingresos, la concreción de los incentivos laborales, la regulación de excepciones para el requisito de edad o de ser demandante de empleo, la exigencia de alta en la Seguridad Social, o algunos otros requisitos interpretables.

3. Hay que abrir la mente hacia una visión poliédrica de la política social. Tradicionalmente, los economistas suelen ser excelentes estimando modelos econométricos o simulando políticas a partir de grandes bases de datos, pero acostumbran a ignorar y despreciar el conocimiento cualitativo a pie de calle de patrones sociales frecuentes, así como el saber sobre culturas administrativas y organizacionales que sí tienen trabajadores sociales, sociólogos y politólogos (especialmente los expertos en administración pública). El muchas veces proclamado espíritu de “basarse en la evidencia” contrasta con cierta arrogancia que a veces se ha destilado en este sentido por parte de un equipo en el MISSM que (para sorpresa de muchos) no es el que impulsó el IMV en el PSOE inicialmente. La experiencia de décadas en la gestión de las rentas mínimas de las comunidades debió haber pesado mucho más en el nuevo equipo. Seguir insistiendo hoy en que solo hay una manera de diseñar y desplegar el IMV, y aducir, como hace la nota de prensa, que “se está trabajando” en el cruce de datos con la Agencia Tributaria (cuando numerosos retrasos en la negociación del IMV se debían supuestamente a que esa tarea debía completarse previamente) no es de recibo.

4. La implementación debe ser flexible y, si es necesario, alterar inercias burocráticas. Esto también se avisó hasta la saciedad: no basta con aprobar una norma, editar un folleto y poner un formulario online para trasladar una política a la realidad. Se debió haber dotado con urgencia y decisión a la Seguridad Social de medios suficientes y competencias adecuadas (gestionar una prestación como el IMV no tiene nada que ver con gestionar pensiones y prestaciones por desempleo), o bien establecer una coordinación mucho mayor con las autonomías, o bien, idealmente, ambas cosas. Las rigideces burocráticas, un abstruso impreso de solicitud de nueve páginas, la falta de medios y el verano no ayudan. Se debe ser flexible en la exigencia de ciertos documentos que puede no ser fácil obtener en todos los casos (inscripción como demandante de empleo, empadronamiento y otros). Se pueden realizar comprobaciones “filtro” (si es posible de oficio) en cuanto a ingresos y composición del hogar y dejar el resto para una fase posterior a la concesión. La comprobación y concesión de oficio que se ha aplicado a los beneficiarios de prestaciones por hijos y de algunas rentas mínimas de las comunidades debería extenderse al máximo. Hay que contemplar excepciones y concretar el incentivo laboral que permita no computar el 100% de los ingresos por trabajo. Si es necesario, hay que ser enérgico alterando las dinámicas administrativas que impidan todo esto.

La excesiva obsesión con “focalizar bien” y “evitar el fraude” no está contrastada con la evidencia disponible (que muestra niveles muy bajos de fraude en estos programas) y no puede perseguirse sin equilibrarse adecuadamente con otros objetivos como la cobertura y la urgencia en la atención de las necesidades. ¿Hay algún modelo económico que nos diga cuántos falsos negativos estamos dispuestos a soportar a cambio de detectar un falso positivo?

5. No era mejor un cheque fiscal temporal ni una renta básica universal. Y no era necesario elegir entre lo mejor de estas propuestas y un IMV de baja operatividad inmediata. Todos los aspectos mencionados arriba se podían haber introducido en el diseño, gestión e implementación del IMV (y, de hecho, muchas propuestas no aceptadas durante la negociación fueron en ese sentido). Por el contrario, quien crea sinceramente que en dos meses una renta universal estaría desplegada se autoengaña, y debería explicar cómo afrontar el inevitable trilema entre suficiencia, universalidad y urgencia. Por su parte, nótese que un cheque fiscal temporal como el propuesto aquí habría expirado ya el pasado junio; hoy estaríamos con la misma necesidad de un programa permanente que antes, y sin garantías de haber pagado a quienes más lo necesitan, que en muchos casos están fuera del radar de Hacienda.

No es casual que muy pocas intervenciones gubernamentales en garantía de rentas de emergencia durante la pandemia hayan tenido cobertura universal: la inmensa mayoría han consistido en extensiones y relajaciones de requisitos de programas ya existentes, tanto asistenciales como contributivos, en muchos casos ligados a la protección de las situaciones de desempleo o de colectivos especialmente golpeados por la crisis. Solo algunos gobiernos asiáticos como los de Japón, Corea del Sur o Singapur han puesto en marcha pagos únicos y cheques puntuales de forma casi universal, y otros como el de Estados Unidos han llevado a cabo devoluciones fiscales generalizadas a los contribuyentes, pero sin que en ningún caso se alcancen cuantías anuales que fuesen equivalentes a una renta básica plena. En España se ha seguido la línea mayoritaria, y los programas de ERTE, incapacidad temporal por Covid-19, extensiones de las prestaciones por desempleo y prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos han alcanzado una histórica cobertura máxima de un tercio de la población activa, con un presupuesto muy superior al de cualquier programa de garantía de ingresos asistencial. Aunque este tipo de protección no sea universal ni independiente de la participación laboral, su extensión no es nada despreciable, y cuenta con otros dos rasgos atractivos: en primer lugar, se trata de derechos individualizados; en segundo lugar, en la mayoría de los casos las prestaciones ascienden a un porcentaje sustancial del salario habitual, cumpliendo una función básica de sostenimiento de rentas que una renta básica, incluso en el umbral de la pobreza, nunca desempeñaría.

6. Estamos a tiempo. Introducir cambios de regulación en el IMV es todavía posible: el decreto debe tramitarse parlamentariamente por el procedimiento de urgencia, con posibilidad de enmiendas, y el reglamento de aplicación debe aprobarse. Es la oportunidad para hacer las modificaciones necesarias y concretar aspectos como los incentivos laborales, eso sí, sin cometer el grave error de introducir contraprestaciones laborales coercitivas para los beneficiarios, cediendo a las presiones de ciertos marcos mentales “trabajistas” no siempre apoyados por la evidencia. En este sentido, sería aconsejable que los sindicatos mayoritarios y algunas comunidades autónomas (no todas) abandonasen ciertas actitudes de hostilidad hacia el IMV, abriesen su marco mental, y cooperasen para hacerlo llegar a buen puerto.

Aprobar el IMV ha sido un acierto histórico. Ahora hay que desarrollar fielmente su espíritu y hacerlo operativo para lograr lo único importante: que consiga disminuir sensiblemente la pobreza extrema y la intensidad de la pobreza moderada. Quienes, desde posiciones extremistas instaladas en el “cuanto peor, mejor”, esperan sentados a contemplar que fracase no deberían obtener esa satisfacción. No será fácil (nadie dijo que lo fuera, y nunca lo fue), pero estamos a tiempo de salir de la zona de confort y salvar el Ingreso Mínimo Vital.

José Antonio Noguera es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para El País.