Ribera reformará las ayudas de Estado para impulsar inversiones verdes y que “no sirvan solo a intereses nacionales”

La transición energética precisa de inversiones públicas ingentes (también privadas). Para impulsarlas, la Comisión Europea prepara un nuevo cambio en la regulación de las ayudas de Estado —será el segundo en poco más de un dos años— aunque con un matiz importante: “No solo servirá a los intereses nacionales” de cada uno de los 27 Estados miembros y buscará evitar “una carrera de subsidios [entre ellos]”. Lo ha anunciado Teresa Ribera, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y máxima titular de Competencia de la UE, este lunes, un par de semanas después de que su correligionario, el canciller alemán Olaf Scholz, en plena campaña electoral, pidiera en Bruselas barra libre “al menos hasta 2030″. “Lo ideal sería más allá″, remachó el candidato socialdemócrata.

Se nota todavía que la antigua vicepresidenta del Gobierno español se encuentra más cómoda hablando de energía o descarbonización que de política de Competencia. Se extiende más en sus discursos cuando habla de transición climática que cuando lo hace sobre reglas del mercado. Todo forma parte de sus tareas en este nuevo Ejecutivo comunitario, aunque en las primeras se trata más bien de supervisar y coordinarse con otros departamentos y en las últimas tiene mando directo y casi puede afirmarse que exclusivo. Y acerca de ellas ha detallado, durante el desayuno informativo Forum Europa celebrado en la capital comunitaria, que su departamento está preparando cuatro propuestas concretas.

La primera abordará la regulación de las ayudas de Estado. Ya hubo un cambio muy sustancial a comienzos de 2023 para abordar los retos del cambio climático. Pero dos años después, conforme ha ido creciendo en Bruselas la preocupación sobre la falta de competitividad de la economía europea y la magnitud del dinero que hace falta para abordar la transición energética, parece que aquel cambio no fue suficiente. Ribera ha explicado que trabaja en un nuevo marco regulador “para acelerar las inversiones en energía renovable y descarbonización industrial, asegurando la capacidad suficiente de fabricación de tecnologías limpias y evitando el despilfarro de una carrera de subsidios”.

Esta última parte —como la advertencia de que la reforma “no solo servirá a intereses nacionales”— esconde la advertencia de que Competencia tiene la obligación de vigilar que las ayudas de Estado no quiebren el mercado único. Cada vez que se abre este debate, los países más pequeños y los que están en peor situación fiscal lanzan la alerta de que estas medidas favorecen a los Estados grandes (Francia y Alemania) y a los que tienen más margen presupuestario (Alemania, de nuevo). Y fue precisamente Berlín, o el candidato socialista a repetir en el cargo, quien ha pedido más manga ancha, cuando su país ya es habitualmente el que riega con más dinero público a sus empresas en la UE.

Otro elemento en el que Ribera se ha marcado un objetivo es el de impulsar “la cooperación entre empresas para iniciativas genuinamente ecológicas dando una orientación rápida [...] sobre la compatibilidad de sus proyectos con las normas de la UE”. Es decir, que cuando dos compañías planteen algún tipo de iniciativa sepan pronto si es viable legalmente en la Unión, para tener certidumbre jurídica sobre su inversión. También ha hecho referencia la comisaria española a la revisión de las reglas sobre fusiones y adquisiciones para “dar el peso apropiado a la innovación, la inversión y fortaleza de las cadenas de suministro”. Esta recomendación figuraba con prioridad en el informe Draghi, en cuya redacción participó el jefe de gabinete actual de Ribera, Miguel Gil.

El último proyecto concreto entronca con una de las prioridades anunciadas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: la “simplificación” o la reducción de cargas administrativas a las empresas. En el caso concreto de Competencia, este punto pasa por “simplificar y acelerar los nuevos proyectos de interés europeos”, ha dicho la vicepresidenta.

Además de estos elementos, otro de los frentes que Ribera se va a encontrar durante los próximos años es la batalla que mantiene Bruselas con las grandes tecnológicas, casi todas estadounidenses, para que cumplan con las reglas europeas del mercado. Sobre esto y si cree que pueden verse empedradas con la llegada este mismo lunes al poder de Donald Trump, con quien estas empresas han acercado posiciones, ha señalado que las normas de Competencia están para proteger a los consumidores independientemente de quién gobierne.

En el turno de preguntas del desayuno informativo, y también después ante la prensa, Ribera ha respondido a cómo encara la UE la llegada del republicano a la Casa Blanca, rodeada de amenazas de aumentos de aranceles e, incluso, la reclamación de la anexión de Groenlandia, la gran isla del norte del Atlántico perteneciente a Dinamarca, Estado miembro de la Unión. “Siempre permanecemos abiertos para construir relaciones basadas e la cooperación, no nos gusta el enfoque de la confrontación”, ha señalado.