Scholz pide a Von der Leyen que flexibilice estándares medioambientales a dos meses de las elecciones alemanas

Olaf Scholz, canciller alemán y candidato socialdemócrata a repetir en el cargo tras las elecciones federales de febrero, se suma con nitidez a quienes reclaman a Bruselas flexibilizar las exigencias ambientales de la agenda verde europea, reducir cargas administrativas —algunas vinculadas a esta normativa climática— y dar más facilidades para los que Estados puedan ayudar al sector privado en esa transición verde. El argumento, que defienden sectores empresariales y el PP europeo, es la necesidad de asegurar que la industria alemana, y la de toda Europa, sea competitiva en los mercados mundiales. Pero buena parte de sus correligionarios europeos y organizaciones ecologistas ven más bien en estos argumentos una excusa para poner palos en la rueda de la agenda verde. Scholz hace estas peticiones en una carta fechada este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, la también alemana Ursula von der Leyen, de la familia democristiana.

La misiva llega a menos de dos meses de las elecciones en Alemania, que se celebrarán el próximo 23 de febrero. Y lo hace en un momento en el que a Scholz y a su partido, los socialdemócratas del SPD, no les va nada bien en las encuestas. Los cristianodemócratas de la CDU, con Friedrich Merz de candidato, y la ultraderecha profundamente euroescéptica de la AfD le superan en las encuestas. Por si esto fuera poco, la economía alemana lleva más de un año en retroceso por los graves problemas de adaptación que está teniendo la industria, su principal sector productivo, descolgada de la revolución digital, y los problemas que arrastra para seguir el ritmo que marcan Estados Unidos y, principalmente, China en la transición energética.

Al contexto interno de la propia Alemania, hay que añadirle el propio de la Unión Europea. El nuevo tiempo político apenas acaba de comenzar, la renovada Comisión Europea presidida por Von der Leyen está dando sus primeros pasos, y el debate sobre si hay que rebajar la ambición de la agenda verde europea para no lastrar la competitividad de la UE está abierto.

A lo largo de siete páginas, Scholz reclama a la presidenta de la Comisión algunas medidas que suponen una enmienda a parte de las leyes aprobada en Bruselas desde que él llegara en 2021 a la Cancillería en Berlín. Entre ellas hay normas como la directiva de sostenibilidad para las empresas, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (por el que se prevé equilibrar en las aduanas los productos fabricados fuera de Europa con estándares medioambientales más bajos y, por tanto, a menor precio) o elementos de la reforma del mercado eléctrico.

Vinculado a esto último y, sobre todo, a las ayudas de Estado, Scholz viene a pedir manga ancha para dar subvenciones a las industrias intensivas en consumo de electricidad. “Debe mantenerse al menos hasta 2030, lo ideal sería más allá”, reclama Scholz, apuntando a un frente que suele generar profundas divisiones en el conjunto de la UE por la desigualdad que puede crear en el mercado único que los países con más capacidad fiscal —por su propio tamaño, como Alemania o Francia, o por su baja deuda, de nuevo Alemania— aneguen de ayudas a sus empresas situándolas en posición de mercado.

Otro de esos cambios que reclama es que no se multe a los fabricantes de vehículos que vendan coches que emitan más de una media de 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro recorrido, una sanción para estimular la venta de coches sin emisiones que entra en vigor este año, pero todavía puede ser demorada. “No debe ocurrir que las empresas que están invirtiendo masivamente en tecnologías de propulsión limpias se vean debilitadas por las penalizaciones durante la transformación”, sugiere de forma solapada, dando una de cal y otra de arena, después de haber introducido escrito que Alemania está “comprometida” con los objetivos del reglamento [que prohíbe la venta de coches que emiten CO₂ a partir de 2025] o que se deben impulsar en toda Europa las “infraestructuras de electromovilidad” (puntos de recarga).

El canciller une su voz al sector automovilístico europeo, que cifra en 15.000 millones al año el coste que puede suponer la entrada en vigor definitiva de estas multas. “Serán recursos que se detraerán de las inversiones”, apuntaba recientemente la patronal continental. Los fabricantes de coches son una voz muy potente en Alemania por el gran peso que tiene en su modelo productivo este sector, que se encuentra en una situación crítica al quedarse descolgada respecto de la competencia china.

En la carta, Scholz utiliza en varias ocasiones los planes esbozados por Von der Leyen para felicitarle por hacerlo y, posteriormente, indicarle el camino que cree que debe seguir. Una de las veces que lo hace mira hacia la reducción de trámites burocráticos, un objetivo anunciado por la propia presidenta de la Comisión Europea, tarea que ha encargado a uno de sus hombres de confianza, el comisario letón Valdis Dombrovskis. En este punto, el canciller alemán pide una moratoria de dos años a la directiva de sostenibilidad de las empresas, que reclama al sector privado que se haga cargo de que su cadena de valor respete los estándares medioambientales.