El otoño más difícil para la industria

El coronavirus da la estocada a gigantes como Nissan o Alcoa mientras crece la demanda de una política ambiciosa para el sector

Un trabajador de Alcoa, en una marcha en A Coruña.
Un trabajador de Alcoa, en una marcha en A Coruña.Moncho Fuentes (EFE)

Andrés Mateos acaba de cumplir los 40 y está a punto de dar un vuelco radical a su vida. Tras dos décadas con un buen puesto en la industria, sopesa abandonar la Zona Franca de Barcelona para volver a sus orígenes en el pequeño pueblo salmantino de Torresmenudas. Pero la crisis no es suya, sino de la multinacional automovilística para la que trabajan él y, a través de una subcontrata, su pareja. “Nissan nos ha obligado a tomar esta decisión. Ya son muchos años de mentiras y mira cómo estamos: cerrados y en la calle”, lamenta. Mientras se acerca el final, Andresín, como lo conocen en la fábrica, sigue participando en las protestas que han llegado a colapsar la capital catalana y suman tres meses de huelga indefinida. El tiempo se agota: el 30 de julio expira el plazo para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa. Si no se encuentra una solución, la planta pondrá el candado a un siglo de historia y sus 2.525 operarios se quedarán sin trabajo. Será solo el prólogo del otoño más difícil para la industria española.

Alcoa, Airbus, Arcelor… son muchas las compañías con dificultades, pero el caso de Nissan se ha convertido en paradigmático. El desplome de la demanda por la pandemia del coronavirus solo ha sido la puntilla para una fábrica que arrastraba una década de escasa carga de trabajo, todavía con la resaca de la Gran Recesión de 2009. La falta de inversión ha condenado a la factoría, inmersa en un sector sobredimensionado que se encuentra en plena fase de transición hacia la economía verde y muy pendiente de las nuevas regulaciones.

La metalúrgica o la aeronáutica afrontan desafíos similares, pero Rafael Myro, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, no cree que España padezca una crisis industrial: “Antes de la covid nos habíamos recuperado bastante bien gracias al aumento de las exportaciones. La industria fue resiliente en la recesión anterior y ahora va a sufrir”.

El caso de Nissan debería haberse atajado a tiempo con apoyo público
Miguel Sebastián, exministro de Industria (2008-2011)

Pese a mejorar su competitividad, el sector manufacturero ha ido perdiendo peso en la economía española: ya solo representa el 12,6% del PIB, 3,4 puntos menos que a principios de siglo, y arrastra graves carencias estructurales, como la escasa innovación o el elevado coste de la energía. Miguel Sebastián, ministro socialista del ramo entre 2008 y 2011, cree que muchos de estos problemas tienen su origen en la ausencia de una política industrial: “El caso de Nissan se lleva rumiando desde hace años. Debería haberse atajado a tiempo con apoyo público”, denuncia. Y Myro añade: “Tenemos un potencial tremendo y una Administración que hace poco”. Los agentes sociales reclaman un pacto de Estado, mientras crecen las voces para que el fondo de recuperación europeo sirva para propiciar la reindustrialización del país.

Patronal y sindicatos siguen defendiendo el diálogo social, y las centrales lo acompañarán con protestas en conflictos concretos durante los próximos meses. España no estallará en otoño, aunque la situación se está enquistando cada vez más en algunas plantas. El salvavidas europeo ayudará a financiar las políticas de mantenimiento de los puestos de trabajo auspiciadas por el Gobierno, y las fuentes sindicales consultadas confían en lograr en septiembre una nueva extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final de año. Pedro Hojas, secretario general de la Federación de Industria de UGT, recuerda que se trata de una solución a corto plazo: “Si no somos capaces de que la economía se reactive, tendremos problemas muy graves”.

Cuando la espada de Damocles del cierre pende sobre los cascos de los operarios, las medidas paliativas no sirven de mucho. En Nissan, la negativa de la multinacional a negociar algo diferente a las condiciones de los despidos ha roto todos los puentes con el comité de empresa, que luchará hasta el final por encontrar una alternativa casi imposible e incluso está dispuesto a recurrir a las vías judiciales para evitar el ERE. En Alcoa, los trabajadores confían en la ayuda del Ministerio de Industria, que ha revelado la existencia de un comprador interesado en reflotar la planta metalúrgica de San Cibrao (Cervo, Lugo), un pueblo marinero donde los lazos azules que cuelgan de las fachadas recuerdan que los despidos afectarían a 534 familias. Este viernes, el comité de empresa finalizó el encierro en la Subdelegación del Gobierno en la provincia, después de conseguir una prórroga hasta el 4 de agosto para negociar el ERE y, sobre todo, ganar tiempo.

El papel del Estado

Todas las esperanzas están puestas en el papel de las Administraciones. Pero el sector público no cuenta con demasiado margen para intervenir, más allá de la mediación. La gran industria española tiene capital extranjero, por lo que la entrada del Estado en el consejo de la empresa matriz a cambio de ayudas públicas resulta una quimera, a diferencia de lo que ha ocurrido con Renault en Francia o Lufthansa en Alemania. Valentín Pitch, presidente del Consejo de Economistas, se opone a este tipo de medidas y a otras que puedan conllevar una socialización de las pérdidas: “A veces las empresas hacen chantaje. Mantener las industrias artificialmente es pan para hoy y hambre para mañana”.

Además, el músculo fiscal español es mucho menor que el de las locomotoras europeas. El Gobierno siempre ha rechazado las participaciones directas que distorsionan el mercado único, aunque está aprovechando los aires keynesianos que llegan de Bruselas para desarrollar planes millonarios para sectores como el automovilístico.

La reconversión industrial es acuciante
Raúl Blanco, secretario general de Industria

Los trabajadores de Airbus reclaman una acción similar para la industria aeronáutica como condición previa a cualquier negociación laboral: están en juego 900 puestos de trabajo en Madrid, Sevilla y Cádiz, según la propuesta de reestructuración presentada por la empresa. Raúl Blanco, secretario general de Industria, reconoce que la situación es “muy complicada” debido al excepcional impacto de la pandemia en el negocio, pero asegura que el Ejecutivo trabaja con la compañía y los proveedores para paliar los ajustes a corto plazo y asegurar la viabilidad a largo con cargo al presupuesto nacional y a los fondos europeos.

Aún más negro se presenta el futuro en las plantas de la siderúrgica Arcelor, que comparte con Alcoa el problema de los elevados costes de la energía, especialmente grave en España debido a la dependencia exterior y al escaso peso de la nuclear. Son las llamadas industrias electrointensivas, que reclaman una tarifa eléctrica más ventajosa para garantizar su continuidad. Los hornos de la multinacional funcionan a medio gas y cerca de 10.000 trabajadores están en ERTE, debido al efecto rebote de la crisis del automóvil: toda la fabricación de componentes, que representa dos tercios de su negocio, se encuentra paralizada. Las normativas medioambientales han acabado de hundir a un sector cuya única salida, recuerda Blanco, pasa por la reconversión: “Aunque se interpreta mal, es acuciante”.

La que afrontará España en los próximos años será muy diferente a la de los ochenta, cuando el término cayó en desgracia por asociarse al desmantelamiento del tejido productivo. Según Guillermo Ulacia, presidente de la comisión de Industria de la patronal CEOE, estará marcada por tres grandes tendencias que se antojan irreversibles: la digitalización, la descarbonización y la desglobalización. Todos los agentes sociales coinciden: esta vez, la mejor política industrial es la que está por hacerse.

El ocaso de las térmicas

El proceso de descarbonización impulsado por las autoridades europeas ha supuesto el principio del fin de otro de los emblemas de la España industrial: las centrales térmicas. La negativa de las compañías eléctricas a acometer mejoras para cumplir con los estándares medioambientales de Bruselas provocó el cierre, el pasado 30 de junio, de siete de las 15 instalaciones que aún sobrevivían. Otras cuatro cesarán su actividad en los próximos dos años. En total, se verán afectados unos 2.000 trabajadores, pero la conflictividad laboral ha sido menor que en otros ámbitos: los empleados de plantilla tienen su puesto asegurado por convenio. Sin embargo, los traslados a otros puntos del país son frecuentes, y el sector está pendiente de que las propietarias ofrezcan una salida a las comarcas afectadas a través de los llamados convenios para una transición justa. “Ni es transición, porque se ha destruido sin crear nada, ni es justa, porque solo sirve para enriquecer a unos pocos”, contrapone José Alberto López, extrabajador en una subcontrata de la desaparecida central de Andorra (Teruel). Los empleados de las empresas auxiliares no han tenido la misma suerte que los de Endesa, Iberdrola o Naturgy: se han quedado en la calle.

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