El Gobierno y los agentes sociales retoman las negociaciones sobre la prórroga de los ERTE

La reunión de este miércoles acabó sin acuerdo y sin fecha para una nueva cita. Pero el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales no han tardado mucho en volver a hacer un hueco en su agenda para hablar de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Se han visto en la tarde de este jueves. El encuentro no ha servido para cerrar un acuerdo, pero sí han quedado en mantener más contactos para tratar de llegar a un punto de encuentro.

En esta última cita, el Gobierno ha aceptado una reclamación que CEOE viene pidiendo casi desde el primer día que apostó por los ERTE como gran instrumento para amortiguar el impacto sobre el empleo del parón de actividad decretado para frenar la pandemia del coronavirus: exenciones de cotizaciones para todos los ERTE y no solo para los de fuerza mayor, los vinculados directamente a las exigencias del estado de alarma. En marzo, cuando se facilitó esta vía de ajuste, solo los expedientes que se justificaban por fuerza mayor contaban con esta ventaja, no los que se sostenían por motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos (ETOP), aunque estuvieran provocados indirectamente por las consecuencias de la covid-19. Esta situación se mantuvo en mayo, cuando se acordó la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio.

No obstante, esto no es suficiente para las patronales. También reclaman que, por lo menos, se equilibre el doble esquema de exoneraciones de cotizaciones que se pactó en mayo para las empresas que iban saliendo parcialmente de los ERTE. Este consistía en una mayor reducción en las cotizaciones de los trabajadores que habían vuelto a la actividad que en las de los que se mantenían inactivos.

Tampoco gusta en CEOE que los empresarios tengan que salir ya obligatoriamente la actividad a partir del 30 de junio. En la norma actual, las empresas deciden cuando empiezan a recuperar trabajadores de los ERTE por fuerza mayor y si no lo hacen, mantienen las amplísimas exoneraciones de cuotas que se decretaron en marzo (el 100% para las compañías con menos de 50 trabajadores y el 75% para las que tiene plantillas mayores). El Gobierno pretende que esa opción desaparezca una a partir del 30 de junio. Apuntan en el Ejecutivo que una vez desaparecen las restricciones a la actividad no tiene sentido que se mantenga esa posibilidad.

Desde el primer momento los ajustes causados por esa fuerza mayor han sido la vía prioritaria a la que han recurrido las empresas. Más del 90% de trabajadores afectados, están bajo este tipo de expedientes. El problema es que este tipo de ERTE estaban sujetos al principio a la existencia de la causa que provoca la fuerza mayor, la vigencia de la declaración del estado de alarma, y posteriormente se anclaron a un fecha, el 30 de junio. Los otros ERTE, que se negocian con la plantilla, pueden durar hasta un año, pero no cuentan por ahora con reducción sobre las cotizaciones.

Los ERTE por fuerza mayor tienen garantizada su vigencia hasta el 30 de junio tras el pacto alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales en mayo. Esto supone que todavía hay tiempo para que todas las partes se pongan de acuerdo, pero que el plazo se va agotando.

El Ministerio de Trabajo pretendía que este capítulo estuviera ya cerrado y pactado esta misma semana para aprobarlo en el Consejo de Ministros del pasado martes. También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha hecho declaraciones sobre la conveniencia de que este asunto se resolviera con bastante antelación.

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