El Gobierno pretende rebajar las exenciones en las cuotas y extender los ERTE hasta septiembre

Los planes del Gobierno para los ERTE por fuerza mayor se van despejando conforme se acerca el final de junio. El 30 de este mes concluye la prórroga que pactaron el Ejecutivo, los empresarios y los agentes sociales y antes de esa fecha tiene que estar claro qué sucederá después. La oferta que ha hecho el Ministerio de Trabajo es la de extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de los sectores afectados por algún tipo de restricción en la actividad hasta el 30 de septiembre. Además, se reducen las exenciones de cotizaciones que se aplican a estos ERTE, los vinculados directamente a la declaración del estado de alarma y al parón de actividad.

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Fuentes del Ministerio de Trabajo, que coordina las negociaciones en la que también participa el Ministerio de Seguridad Social, advierten que esta es una propuesta que sirve de base para las negociaciones y que, por tanto, el resultado final puede ser distinto. “Pretendemos llegar a un acuerdo”, subrayan en el departamento que dirige Yolanda Díaz, donde también se añade que su intención sería volver a estudiar la situación de los ERTE en septiembre en función de la marcha del mercado laboral.

Los planes iniciales de Trabajo pasaban por llevar el posible pacto y la consiguiente prórroga al Consejo de Ministros de este martes. En la reunión de este lunes se constató que el acuerdo todavía está lejos y, por tanto, el Ejecutivo ha renunciado por ahora a legislar sin pacto. “Queremos dar margen al diálogo social”, justifican en Trabajo. Versión que ha confirmado el secretario general de CC OO, Unai Sordo, al final de la reunión.

Concretamente, la oferta que ha puesto el Gobierno sobre los ERTE ya no es tan general como la pactada el pasado mayo. Restringe la prórroga automática a los expedientes de sectores afectados por las “restricciones vinculadas a la covid-19 que impidan o limiten la plena actividad”, dice el documento remitido ayer a los agentes sociales antes de la reunión. “Se entenderán comprendidas entre dichas restricciones, entre otras, las medidas de prevención y contención sanitarias o las limitaciones a la movilidad, de aforos y equivalentes, adoptadas por la autoridad nacional o internacional competente”, añade, aclarando a continuación que estarán vetadas las horas extra.

Más adelante, el texto, que tiene la forma del articulado de un decreto ley, detalla las exenciones que plantea el Ejecutivo para los próximos tres meses. En esos números se aprecia que prosigue la senda de minorar las rebajas en las cotizaciones de los trabajadores afectados que ahora tienen las empresas. En marzo y abril, las exenciones en estos ERTE llegaban al 100% en las cotizaciones de los empleados afectados para las empresas con menos de 50 trabajadores y al 75% en las que tienen plantillas más grandes.

Tras el pacto del mes pasado, que desvinculaba estos expedientes del mantenimiento del estado de alarma y se ligaba a la fecha del 30 de junio, las exenciones se empezaron a reducir. Este mes, para las compañías que han retomado su actividad son del 70% para los empleados que ya están en sus puestos de trabajo y del 45% para los que siguen sin actividad en las empresas de menos de 50 trabajadores. Esta doble escala, en las sociedades de 50 empleados o más es del 45% para quienes ya han vuelto a la actividad y del 30% para quienes no. Sí que se permitía a las empresas decidir si retomaban parcialmente su actividad —con lo que se mantenía esa doble escala de cotización— o mantenían el ERTE totalmente.

El documento remitido a los agentes sociales ayer por la mañana para negociarlo en la reunión de la tarde contempla seguir en esta senda de minoración en las exenciones. Así, plantea una rebaja en las cotizaciones del 60% en julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre para los trabajadores que hayan vuelto a la actividad en las empresas de menos de 50 trabajadores y para los que no del 35%, 25% y 15%, respectivamente. Si las empresas tienen 50 o más trabajadores, la doble escala de reducciones en las cuotas sociales sería del 35%, 25% y 15% en el caso de los empleados que ya han salido del ERTE. En los que no, del 20%, el 10% y el 5%.