La crisis del coronavirus

La emergencia del coronavirus propicia la liberalización del precio de la gasolina en Ecuador

Lenín Moreno aprovecha la baja cotización del petróleo, la crisis económica agravada por la pandemia y el aislamiento para abordar la impopular retirada de los subsidios

Un manifestante durante las protestas del pasado octubre en Ecuador.
Un manifestante durante las protestas del pasado octubre en Ecuador.MARTIN BERNETTI

Han pasado dos días desde que Lenín Moreno anunció que Ecuador liberalizará el precio de los combustibles importados sin que se hayan levantado las calles. Hace siete meses, el 1 de octubre, el presidente ecuatoriano hizo un anuncio similar, más explícito quizás en las palabras elegidas, y dos días después decretaba el estado de excepción para controlar las contundentes protestas de los transportistas y del colectivo indígena. Durante dos semanas, las movilizaciones incendiaron Quito, obligaron a trasladar el Gobierno a Guayaquil y, finalmente, concluyeron con la marcha atrás del Ejecutivo. Se respetó el apoyo estatal a los derivados del petróleo, pese a las estrecheces económicas del país. Ahora, con un panorama fiscal aún más inmanejable y con el oportuno descalabro de la cotización internacional del crudo, la polémica medida ha vuelto a primera línea en un nuevo paquete de reformas económicas.

Los profesores, los empleados —afectados por recortes salariales y despidos del sector público— y los mismos indígenas están planteando movilizaciones para el lunes, pero respetando las medidas de protección para evitar más contagios por coronavirus. La emergencia sanitaria, por tanto, les ha obligado a medir el impulso inicial de protesta. Esta vez, además, el presidente Moreno ha evitado usar la palabra subsidio o hablar de retirada en su anuncio oficial. Prefirió referirse a un proceso de liberalización de los combustibles y de aprovechar en beneficio del consumidor los bajos precios que tiene el barril West Texas Intermediate (WTI), que es el que Ecuador toma como referente, en el mercado global.

“El precio internacional de combustible ha bajado en todo el mundo, pero el sistema que tenemos no permite que la ciudadanía se beneficie de esa reducción. Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la ecopaís, de un 1,85 dólares a 1,75 dólares por galón, y el precio del diésel a un dólar por galón”. Con esas dos frases y otras dos adicionales asegurando que las gasolineras del país ya habían abaratado el precio del galón de gasolina y que la fórmula elegida evitará que el consumidor sienta subidas drásticas, Moreno dio a conocer su decisión de alivianar las arcas del Estado del peso de los subsidios a las gasolinas. Ni una sola mención explícita a su retirada.

Yaku Pérez, prefecto de la provincia de Azuay y dirigente indígena, cuestionó inmediatamente las medidas lanzadas el martes a las siete de la mañana. “En 1532, Atahualpa, ante la traición y el engaño de los españoles, sentenció: ‘Anocheció al mediodía’. Hoy anocheció en la mañana ante el anuncio de Lenín Moreno. Ese latigazo, esa estocada que nos da a los ecuatorianos. De una manera elegante pero tramposa, eliminan el subsidio a los combustibles. Bajan inicialmente [los precios] para luego, con fuerza, dispararlos a precios internacionales, siendo Ecuador un país exportador. Irónico”.

Al ministro de Energía, René Ortiz, le tocó el rol de esclarecer si Ecuador seguirá o no subvencionando el consumo de combustible. Y, según su explicación, solo lo hará si el petróleo se encarece de forma brusca de un mes para otro. El Gobierno aplicará desde julio un sistema de bandas de precios, con un techo y con un suelo. El precio mínimo por galón es el que anunció el presidente Moreno. Si el combustible fluctúa por debajo, las gasolineras cobrarán ese mínimo al consumidor y el monto excedente irá a las arcas públicas. Si la cotización internacional sube más allá de un 5 % de un mes para otro, entonces se activarán los subsidios estatales para que los ciudadanos no sientan el encarecimiento.

“Cada mes se monitoreará el precio de los combustibles y de acuerdo al precio del WTI se fijarán compensaciones para algunos sectores de usuarios, según sus necesidades”, aclaró Ortiz, en una entrevista televisada. El ministro, que ya se ha reunido con el gremio de los transportistas, fue determinante al anunciar hace justo un mes —cuando el petróleo entró por primera vez en su historia en cotización negativa— que era el “momento histórico” que debía aprovechar Ecuador para dar el paso de retirar los subsidios y aligerar el gasto público y el recurrente déficit fiscal nacional.

Lenín Moreno justificó su decisión en unas cifras económicas cada vez más difíciles de reconducir. La abultada deuda pública y la insuficiencia de ingresos en el Estado para cubrir el gasto público anual ha acosado la gestión del presidente ecuatoriano en cada ejercicio. En los últimos dos años, como muestra, ha tenido que aprobar el presupuesto anual por ministerio de la ley, es decir, sin el apoyo de la Asamblea Nacional. Y se ha encontrado con un freno legislativo constante para aprobar los ajustes de calado que le exigió el Fondo Monetario Internacional al pactar en marzo de 2019 un programa de préstamos por 4.200 millones de dólares durante tres años.

El mandatario ecuatoriano recordó a los ciudadanos estas dificultades económicas antes de anunciar su decisión sobre la importación de combustibles y de presentar una serie de ajustes en el gasto público. “Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones de dólares de déficit del presupuesto general del Estado. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de su historia nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos”, justificó Moreno. Con sus propuestas, aspira ahorrarse 980 millones de dólares en masa salarial de los funcionarios, que incluye la reducción de la jornada laboral diaria de ocho a seis horas y, proporcionalmente, del sueldo. Además, el Estado recortará 400 millones de dólares en bienes y servicios y otros 1.300 millones de dólares en gasto de capital. Siete empresas públicas serán eliminadas, según los planes del Gobierno, incluyendo entre ellas a Correos del Ecuador, la aerolínea Tame, Ferrocarriles del Ecuador y Medios Públicos.

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