La reconstrucción económica requiere formatear el sistema

Nos están tocando vivir tiempos duros y muy dolorosos. Tiempos de distancia y soledad, de incertidumbre. Confinada en sus casas para proteger la salud, con el paso de los días la ciudadanía se pregunta también cómo vamos a salir de la crisis económica en la que muchos ya están inmersos y otros vislumbran en un horizonte no muy lejano.

El Gobierno cumple ahora cien días en el poder. Probablemente de los más difíciles que ha vivido un Ejecutivo en democracia. Cien días en los que se ha enfrentado a la mayor crisis sanitaria que ha azotado nuestro país y en los que ya está teniendo que afrontar la grave situación socioeconómica que vendrá después.

Se habla de reconstrucción económica, de planes de salida de la crisis. Se habla de reinicio, pero también de “vuelta a la normalidad”. ¿Qué normalidad? En este contexto, tratar de aplicar las recetas fallidas de la gran recesión de 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria (más ladrillo, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, parón en seco de las renovables, precariedad laboral, desigualdad, incremento de la pobreza...), sería un gran error que todos pagaríamos muy caro; tan solo las élites, que siempre medran socializando las pérdidas y privatizando los beneficios, saldrían indemnes. Esta crisis abre la oportunidad de formatear el sistema, de construir una economía para la que —como hasta ahora— el medio ambiente no sea un obstáculo sino el fundamento sobre el que asentar sus nuevos pilares.

Sin embargo, aún en plena pandemia, comenzamos a ver señales preocupantes tanto desde el ámbito privado como desde el público: el sector del automóvil ha solicitado aquí y en Bruselas que se retrase y debilite la normativa europea de emisión de gases contaminantes, y la Junta de Andalucía, bajo el pretexto de reducir el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria, ha modificado de un plumazo 21 leyes debilitando normas urbanísticas, de calidad ambiental, de suelos contaminados, de cambio climático... Y esto no ha hecho más que empezar.

Sin duda, la drástica reducción de los niveles de contaminación en las ciudades como consecuencia de la desaparición del tráfico —contaminación que ha ocasionado una media de 10.000 muertes al año en España durante la última década, según la OMS— es una noticia positiva, porque muestra que es posible reducir el impacto de los automóviles sobre la salud y el medio ambiente con la rapidez que la emergencia climática en la que estamos inmersos requiere. Pero habrá sido un simple espejismo si, tras la salida del confinamiento, se produce un efecto rebote que nos sitúe rápidamente en los niveles habituales e inaceptables de contaminación que teníamos antes de la declaración del estado de alarma. Se podría decir algo similar sobre el tráfico aéreo, reducido a cifras testimoniales en estos tiempos de pandemia. Tampoco debemos olvidar, además, que la deforestación, la degradación de ecosistemas y el tráfico de especies salvajes están en la raíz del origen de esta pandemia.

Por eso, la recuperación económica no puede volver a recaer en el recorte de políticas sociales y en el debilitamiento de las leyes de protección del medio ambiente. En este sentido, las medidas de choque tomadas por el Gobierno en el transcurso del estado de alarma para minimizar el impacto de la crisis en la ciudadanía (ayudas a trabajadores y pymes, subsidios para el pago del alquiler de la vivienda…) van en la dirección correcta. Igual que la aprobación de un ingreso mínimo vital que proteja a las personas más vulnerables, o que haya garantizado el suministro vital de agua y energía para que nadie tenga que elegir entre cocinar o calentarse. Medidas necesarias, pero no suficientes.

Cualesquiera que sean los Plan Marshall, nuevos Pactos de la Moncloa, coronabonos o fondos europeos de solidaridad y ayuda que se pretendan destinar a la reconstrucción de la economía, han de tener muy presentes la transición ecológica y la descarbonización, para cuyo impulso el primer paso sería evitar los subsidios a las actividades económicas contaminantes y a las fábricas de cambio climático.

El Gobierno estrenó la actual legislatura con una declaración de emergencia climática que traía consigo una amplia agenda de propuestas ambientales y sociales para sus primeros cien días en el poder. Esta quedó obviamente paralizada por la emergencia sanitaria. Pero es fundamental que el Ejecutivo, una vez superada la fase más dolorosa y apremiante de la pandemia, vuelva a priorizar sus compromisos con la emergencia climática y la biodiversidad. Es más necesario que nunca que dirija los paquetes de estímulo económico destinados a la reconstrucción económica y social a actividades alineadas con el Acuerdo de París, que protejan la biodiversidad, que sean socialmente justas e incorporen la perspectiva de género. También que priorice la creación de empleo de calidad en sectores como las energías renovables, la modernización de edificios y construcción de viviendas sostenibles, la agricultura, pesca y ganadería ecológicas o el mantenimiento y el desarrollo de las redes de transporte público.

Aprovechemos este momento para —ahora sí— construir una economía que se anticipe a crisis futuras y ponga a las personas y el planeta en el centro. Es el momento de formatear el sistema: no sería ni aceptable ni acertado que, tras esta emergencia sanitaria, sentemos las bases de la recuperación económica en un sistema que agrave la crisis climática y de biodiversidad en la ya que llevamos inmersos tanto tiempo.

Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace España.

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