El impacto de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno rondará los 2.400 millones

La factura del paquete económico aprobado el pasado martes por el Gobierno, que incluye actuaciones tanto en materia fiscal como laboral, tendrá un impacto en las cuentas públicas de al menos 2.400 millones de euros. La medida con el coste potencial mayor es el cambio en el pago fraccionado del impuesto de sociedades para las pymes, junto con la posibilidad de renunciar al método de estimación objetiva para los autónomos: el importe estimado son 1.100 millones de euros, según la memoria de impacto presupuestario que acompaña el decreto.

Esta última batería de medidas pretende llegar a aquellos sectores y trabajadores que se habían quedado desprotegidos y que más dificultades tenían para acceder a las ayudas ya aprobadas para hacer frente a la debacle económica causada por la pandemia. Entre ellos, trabajadores de temporada o autónomos y pymes que no podían reflejar ante el fisco las pérdidas reales sufridas.

El coste de las nuevas disposiciones en materia laboral no será muy elevado, ya que el grueso de ellas se aprobó en decretos anteriores. Según la memoria, la ayuda reconocida a los trabajadores fijos discontinuos, dirigida sobre todo a los temporales del sector turístico, supondrá un impacto de unos 54 millones de euros. Este cálculo se ha hecho considerando que el coste medio por cada afectado es de 1.200 euros al mes (820 por la prestación a los que hay que añadir 380 euros que dejan de ingresarse por cotizaciones), los beneficiarios (unos 15.000) y la duración (90 días).

Por otro lado, el coste para apoyar a las 2.700 personas que el Ejecutivo estima que no han podido acceder a las prestaciones por desempleo, bien porque su relación laboral se ha extinguido durante el período de prueba, bien porque la oferta en firme que tenían no se ha concretado por el estallido de la crisis, será en total de 41,74 millones.

Modificaciones tributarias

Solo las medidas extraordinarias de ámbito fiscal tendrán un impacto de unos 2.200 millones. El Gobierno ya anunció que la posibilidad para las pymes de cambiar el sistema de pago fraccionado del impuesto de sociedades en función de los beneficios reales trimestrales —en lugar de hacerlo sobre los ingresos del ejercicio anterior— y la renuncia al régimen de módulos para los autónomos supondrían una inyección de liquidez de 1.100 millones. Se trata de “alinear las bases imponibles a la situación real”, dijo el martes la vicepresidenta tercera Nadia Calviño.

El Gobierno también aprobó una rebaja fiscal para aquellos profesionales por cuenta propia que se queden en el régimen de módulos, y que se podrán descontar en los pagos fraccionados del IRPF y del IVA los días naturales bajo estado de alarma. Según la memoria, se beneficiarán de este cambio 362.000 contribuyentes en los pagos del IRPF, que tendrá un impacto aproximado de 17,8 millones para el primer trimestre, mientras que no ofrece estimaciones para el segundo. En cuanto a la reducción de las cuotas trimestrales del régimen simplificado del IVA, que afectaría a unos 200.000 contribuyentes, el coste recaudatorio sería de unos 11,6 millones de euros, a los que habría que sumar la merma de ingresos de los pagos fraccionados del segundo trimestre.

Las modificaciones en los tipos impositivos del IVA tendrá, por otro lado, un impacto de unos 1.046 millones: 24 millones la reducción del 21% al 4% para libros, revistas y periódicos digitales (15 de ellos este año y 9 en 2021), y 1.022 la rebaja al 0% para material sanitario.

Sin embargo, la memoria recuerda que el impacto de las medidas fiscales será “temporal” y recaerá sobre todo en el ejercicio de 2020, esperando que el coste “pueda revertirse en la mayoría de los casos” el año que viene.

La memoria también estima el impacto que tendrá la concesión de avales del Estado, por importe máximo de 1.200 millones, para cubrir la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica. El Gobierno estima que serán unas 450.000 operaciones, con una cuantía media de unos 2.660 euros, teniendo en cuenta una cobertura de seis mensualidades como máximo. Para asumir los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, los límites presupuestarios del Ministerio de Transportes han sido modificados, por un importe de 123,6 millones.

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