El Gobierno flexibiliza los ERTE para los trabajadores del sector turístico

El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas económicas para aliviar las consecuencias de la crisis sin precedentes a la que se enfrenta el país por la pandemia del coronavirus. Las 30 medidas que han salido adelante abarcan varios planos como el laboral o el fiscal para llegar a aquellos colectivos que hasta ahora se habían quedado desprotegidos. Entre las novedades aprobadas, el Ejecutivo flexibiliza el acceso a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), da cobertura a los trabajadores fijos discontinuos y a quienes se hubiesen quedado sin trabajo cuando se declaró el estado de alarma e introduce medidas de carácter tributario para dotar de mayor liquidez a pymes y autónomos.

En concreto, el Ejecutivo facilitará el acceso a las prestaciones de los ERTE o del desempleo a los contratados fijos discontinuos o trabajadores de temporada. Esta medida beneficia sobre todo al turismo, uno de los sectores más golpeadas por el parón de la economía y que aún no tiene una fecha clara para retomar la actividad. Cuando estalló la crisis, muchos de estos trabajadores aún no se habían incorporado a sus puestos. Ahora tendrán una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado su desempleo o no tuvieran el tiempo cotizado suficiente. La medida beneficiará, sobre todo, a las comunidades más turísticas y, en particular, a Baleares, donde más uso se hace de este tipo de contrato.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la flexibilización de ERTE por causa de fuerza mayor en empresas de sectores considerados esenciales que hayan sufrido importantes pérdidas en sus ingresos: “se diferenciarán los trabajadores que realizan las labores denominadas esenciales por las autoridades sanitarias y los que no en una empresa determinada”, aclara el Ministerio de Trabajo en una nota. El Gobierno también ha dado luz verde a la prórroga de dos meses del teletrabajo como alternativa preferente para quienes pueden desarrollar su actividad desde sus domicilios con la posibilidad para los trabajadores de adaptar su jornada.

Además, se ha ampliado la cobertura para los trabajadores cuyo contrato se haya extinguido desde el 9 de marzo, o se haya rescindido voluntariamente desde el 1 de marzo por haber aceptado una oferta laboral en firme que haya decaído. Se estima que 2.700 personas no han podido acceder a las prestaciones por desempleo por haber visto extinguida su relación laboral durante el período de prueba a instancia del empresario o por haber desistido este de la suscripción del contrato. Asimismo, se prevé que los autónomos que no hayan elegido todavía una mutua para gestionar las prestaciones de la Seguridad Social podrán escogerla al mismo tiempo que soliciten la prestación por cese de actividad.

Otras de las novedades aprobadas este martes van dirigidas a los alquileres de los locales comerciales: pymes y autónomos en dificultad podrán renegociar y aplazar las rentas con grandes tenedores y empresas públicas. Cuando se trate de otro tipo de propietarios, se facilitará el uso de la fianza como mecanismo complementario de los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios. Además, se amplía la línea de avales del ICO para cubrir no solo los créditos pedidos a través del sistema bancario, sino también los pagarés del mercado alternativo de renta fija; se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las autonomías reforzando los reavales de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y se habilita el Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos de seguros de crédito.

“Se trata de medidas horizontales y otras más especificas para adaptar la normativa aplicable a algunos sectores para esta nueva fase de extensión del estado de alarma”, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Medidas tributarias

El Ejecutivo también ha aprobado nuevas medidas tributarias para autónomos y pymes, como había adelantado la semana pasada la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En concreto, los autónomos en régimen de módulos podrán pasar de forma excepcional a tributar por estimación directa sin tener la obligación de permanecer en este sistema durante tres años, como establece la normativa vigente. En 2021 podrán volver al sistema de módulos si así lo desean. Las pymes, por su parte, podrán modificar su sistema de pago fraccionado del impuesto de sociedades en función de los beneficios reales trimestrales en lugar que hacerlo sobre los ingresos del ejercicio anterior, una opción que normalmente solo se puede escoger hasta febrero. De esta forma, podrán reducir los pagos a cuenta y reflejar las verdaderas pérdidas que han sufrido. Se trata de “alinear las bases imponibles a la situación real” para “liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez” para estos colectivos, ha señalado Calviño.

Los autónomos que decidan quedarse en el régimen de módulos tendrán sin embargo acceso a una rebaja fiscal: el Ejecutivo ha establecido que se descontarán en los pagos fraccionados del IRPF y del IVA los días naturales bajo estado de alarma. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta medida permitirá ahorrar 30 millones de euros en el primer trimestre y se beneficiarán de ella 362.000 contribuyentes en los pagos del IRPF y otros 200.000 en los pagos del IVA. Además, las pymes podrán supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de un crédito ICO, si lo han solicitado.

Calviño también ha anunciado una reducción a cero del IVA para la importación de terceros países y compras dentro de la UE y España de material sanitario dirigido a entidades públicas, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social hasta el 31 de julio. Según el Gobierno, esta exención supondrá 1.022 millones de euros de ahorro. También ha aprobado, como ya se había adelantado, una reducción del IVA a libros, revistas y periódicos electrónicos del 21% al 4%.

El Gobierno también ha aprobado rebajas y aplazamientos de carácter excepcional para el sector portuario que permitirá un ahorro de unos 100 millones a las empresas que operan en el sector. Las compañías beneficiarias, entre otras cosas, gozarán de rebajas en la tasa de ocupación y podrán pedir aplazamientos de hasta seis meses en el pago de las liquidaciones de las tasas portuarias.

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