Hoy ayuda de emergencia, mañana renta mínima

España se enfrenta a esta nueva crisis sin haber completado la última red de protección social. Persisten lagunas importantes, con colectivos aún desprotegidos, y procedimientos administrativos complejos para conseguir las prestaciones, que hacen que no siempre lleguen a quienes más las necesitan.

El drástico aumento de las necesidades sociales por el impacto económico de la pandemia hace cada vez más urgente cubrir la falta de ingresos de muchos hogares. El gran dilema es ahora cómo combinar una respuesta inmediata a esas necesidades con el desarrollo de una nueva prestación permanente, similar a la de otros países europeos, que debería completar el sistema de garantía de ingresos. Su diseño adecuado exige unos plazos que, lamentablemente, pueden ser excesivos para muchos hogares, condenados en consecuencia a la pobreza. La alternativa es poner en marcha con carácter inmediato una ayuda de emergencia social, mientras se va definiendo un nuevo sistema de garantía de ingresos.

Para que una ayuda de emergencia llegue al máximo de personas que la necesitan es preciso conjugar tres verbos básicos: vincularla a la pandemia, con un plazo inicial acotado pero prorrogable, confiar en las personas que la pidan, sin excesivos requisitos iniciales de comprobación y difíciles de obtener en una sociedad “al ralentí”, y agilizar su articulación en el sistema de garantía de ingresos.

Las claves para diseñar una nueva prestación con carácter general y permanente son más complejas. La primera es, dentro de la Seguridad Social, definir bien su encaje con el resto de prestaciones no contributivas. La segunda es fijar una cuantía adecuada. Las cifras de las que se habla servirían para eliminar la pobreza más severa. Combatir otras formas de pobreza, sobre todo en los hogares con menores donde ya era elevada antes de esta crisis, obliga a generar nuevos recursos a través del sistema fiscal.

La tercera clave es crear incentivos laborales para que las personas beneficiarias se incorporen al trabajo cuando sea posible, una cuestión esencial y delicada. Es fundamental poder compatibilizar esos ingresos con la prestación: permitirlo durante un tiempo, dejar una cantidad exenta o establecer un descuento progresivo según aumentan las rentas salariales. Es también importante establecer mecanismos fluidos de entrada y salida en/de los programas, dada la corta duración de muchos de los trabajos a los que acceden las personas beneficiarias.

Por último, no se puede obviar la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas, que llevan tres décadas desarrollando sus competencias en este ámbito. Son necesarios acuerdos que permitan que la participación del Gobierno central no se interprete como una recentralización de competencias. La responsabilidad de este es garantizar una cuantía básica y hay que definir si sería un complemento de lo que ofrecen las comunidades autónomas o si serían estas quienes complementarían ese mínimo.

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