La crisis del coronavirus cerca a los trabajadores más precarios

La crisis del coronavirus amenaza con estrangular los ingresos de los trabajadores más precarios, entre ellos los riders (repartidores), las camareras de hotel (las autodenominadas kellys) o las empleadas del hogar. Estos colectivos lamentan que sus actividades no estén suficientemente reguladas y que en muchos casos no puedan acogerse a las medidas económicas previstas en el decreto del Gobierno, con lo que ante una situación de emergencia pasan a ser mucho más vulnerables. “Seguimos siendo las invisibles hasta en época de pandemia”, lamenta una empleada del hogar.

“Ante esta emergencia, la parte más precaria de la sociedad es la que tiene menos garantías”, resume Nacho Parra, abogado del Colectivo Ronda. Los repartidores suman unos 14.000 trabajadores en España, según cálculos de las plataformas digitales. El modelo laboral está en entredicho en los juzgados y pese a que el año pasado la Inspección de Trabajo consideró que 9.000 repartidores eran falsos autónomos la realidad es que los nuevos riders siguen costeando su propia Seguridad Social. “Si fuesen trabajadores por cuenta ajena la empresa tendría la responsabilidad de asumir la prevención, pero no es así”, explica Parra.

La caída de pedidos e ingresos, la falta de protección y las dificultades para acceder a las ayudas del decreto preocupan a estos repartidores, indica Rubén Ranz, coordinador de turespuestasindical.es, de UGT. Al no ser reconocidos como empleados, no pueden acceder a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Pero como autónomos también tienen difícil acogerse a las ayudas del Gobierno: no pueden alegar un cese de actividad, porque continúan repartiendo, y demostrar que ha caído su facturación un 75% (otro de los supuestos para pedir una ayuda) es difícil, ya que la mayoría lleva poco tiempo y sus remuneraciones varían mucho.

Trabajar “con miedo”

“Nuestros ingresos se han visto mermados y no tenemos ninguna solución”, se lamenta David, un repartidor de 33 años que trabaja desde hace tres con Deliveroo y lleva dos días casi en blanco, sin apenas pedidos. Pero desconectarse supondría perder posiciones en el reparto de horarios. Su nombre real no es David, como tampoco quiere revelar su identidad otro repartidor, en este caso de Glovo, por miedo a perder el empleo. Este rider señala que la actividad no ha caído tanto gracias a un servicio de supermercado a domicilio. La plataforma envió una lista de normas frente a la epidemia: todo se debe servir en bolsas cerradas y los repartidores deben mantener siempre una distancia de seguridad. Pero la situación que describe este venezolano de 31 años es muy diferente: “Cada quien hace lo que le da la gana. Hay gente sin tapabocas, sin guantes...”, narra, y añade que trabaja “con miedo”. La patronal del sector, Adigital, recuerda que las empresas han dado recomendaciones de seguridad a los repartidores, aunque no están obligadas a aportar los equipos de protección.

El colectivo de las camareras de piso puede presumir de, al menos, entrar en los ERTE que plantean los hoteles que están cerrando, aunque cobrando el 70% de su sueldo, que ya de por sí es el más bajo del sector. “Pero no todas entrarán en los ERTE, ni mucho menos. Hasta un 80% de nosotras trabajamos en empresas externalizadas, que empezaron a despedir o a rescindir contratos temporales o de obra y servicio hace días. ¿Qué pasa con ellas?”, pregunta Vania Arana, portavoz del colectivo Las Kellys. Arana añade que el sector ya arrastra mucha precariedad, tanto en hoteles como en hospitales. “Me parecen muy bien los aplausos cada noche, pero nosotros necesitamos una ley”, concluye.

Despedidas a través de WhatsApp

En el caso de las empleadas del hogar, CC OO calcula que en España 700.000 personas se dedican a este oficio, aunque solo 400.000 están dadas de alta en la Seguridad Social. Incluso si tienen contrato, al estar inscritas en el régimen especial, no tienen derecho al paro y tampoco se les podría aplicar un ERTE. “La inmensa mayoría son mujeres y más de la mitad son extranjeras que vienen de países en una situación complicada. No tienen papeles y llegan pensando que no tienen derechos. Hay mucha indefensión”, destaca Carles Bertran, de CC OO Cataluña. “Las condiciones las pone el empleador: si este tiene el virus, están en riesgo; pero ir o no a su trabajo depende de lo que les digan”, denuncia Vanessa Barco, secretaria para la Igualdad de la Federación de Servicios de UGT.

Con la crisis del coronavirus, “algunas han recibido un whatsapp de la familia con el despido, otras van a limpiar casas y a cuidar abuelos sin mascarilla ni protección”, explica Norma Falconi, de la asociación Sindihogar. Carmen Juárez, de Mujeres Migrantes Diversas, denuncia que ocho compañeras han dado positivo en las pruebas de la Covid-19: “Irán cayendo, porque trabajan con poca protección. También sienten angustia al ir a trabajar sin papeles por si les para la policía y les acusan de saltarse el confinamiento”.

Una de las empleadas, que no quiere revelar su identidad, narra que compró mascarilla y guantes y, al pasar la factura a su empleadora, esta le hizo devolver el dinero. Otra, que iba diez horas a la semana a una casa, se queja de que ha tenido que acompañar a la familia a su segunda residencia “para cuidar al abuelo y limpiar una finca de cuatro plantas, por el mismo sueldo”. Falconi denuncia que negarse a estas condiciones implica quedarse sin trabajo, sin tener opción a alguna de las ayudas: “La palabra desamparo se queda corta, lo que hay es discriminación”.

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