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Airbnb no deberá regularse como agente inmobiliario, según la justicia europea

El tribunal europeo considera a la plataforma un servicio de la sociedad de la información, por lo que no se verá afectada por la ley inmobiliaria francesa

El logo de Airbnb al lado de la pirámide del museo Louvre de París, Francia.
El logo de Airbnb al lado de la pirámide del museo Louvre de París, Francia. REUTERS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que no se puede exigir a Airbnb que se regule según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios, y ha calificado a la plataforma como "servicio de la sociedad de la información", que recoge la directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico.

"Francia no puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario, al no haber notificado esta exigencia a la Comisión conforme a la directiva sobre el comercio electrónico", sentencia el tribunal de la Unión Europea. La resolución proviene de una demanda de la Asociación para el Alojamiento y el Turismo Profesional de Francia (Ahtop) contra Airbnb Ireland al señalar que la ley inmobiliaria francesa (Ley Hoguet), se debía aplicar a los servicios de la plataforma, a la que considera un "agente inmobiliario".

La Ahtop sostenía que Airbnb Ireland no se limitaba a poner en contacto a dos partes gracias a la plataforma, sino que ejercía una actividad de agente inmobiliario sin estar en posesión de una tarjeta profesional, infringiendo de ese modo la Ley Hoguet, aplicable en Francia a las actividades de los profesionales del sector inmobiliario. Airbnb Ireland alegaba, por su parte, que la directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico se oponía, en todo caso, a dicha normativa.

En este sentido, el Tribunal ha considerado que un servicio de intermediación como el prestado por Airbnb Ireland cumplía los requisitos y que la naturaleza de los vínculos existentes entre el servicio de intermediación y la prestación de alojamiento no justificaba que dicho servicio de intermediación no pudiera ser calificado de "servicio de la sociedad de la información" ni que, por consiguiente, no se le aplicara la directiva sobre comercio electrónico.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha resaltado que la sentencia clarifica la consideración de este tipo de empresas y la regulación que les es aplicable, aportando consistencia normativa y un marco de referencia frente a la actual fragmentación local y regional. Un hecho que consideran especialmente relevante para España, país que encabeza el uso de este tipo de alquiler de alojamientos en Europa, según la asociación. 

"Airbnb agradece que se haya emitido la sentencia. La prioridad ahora es seguir trabajando con las ciudades en normativas claras, que sitúen a las familias y a las comunidades locales como principales protagonistas del turismo sostenible en el siglo XXI", apuntan desde la plataforma. No obstante, distintas asociaciones de vecinos y activistas como el Sindicato de Inquilinas o Bloques en Lucha han acusado a este tipo de plataformas de gentrificar los centros de las grandes ciudades e inflar el precio del alquiler.

Aunque en España no se pide ninguna tarjeta profesional, ni la ley considera a Airbnb un agente inmobiliario, el estado legal de este tipo de viviendas turísticas varía según cada ayuntamiento. En Madrid, el Consistorio estima que hay cerca 9.000 inmuebles que se anuncian por Internet en páginas como Airbnb, y la mayoría estarían incumpliendo la normativa local. Desde que la anterior alcaldesa Manuela Carmena lanzó en abril el Plan Especial de Hospedaje, se exige a todas estas viviendas turísticas tener un acceso independiente al edificio. El incumplimiento del nuevo plan ha llevado a precintar docenas de pisos en los últimos meses. 

La preocupación por los precios del alquiler llevó a doce ciudades europeas, entre las que están Barcelona, Valencia y Madrid, a enviar una carta a finales de junio de 2018 a la Comisión Europea para que si esta sentencia acababa dando la razón a Airbnb se cambiara la legislación. 

Doce ciudades europeas, entre las que están Barcelona, Valencia y Madrid, enviaron a finales de junio de 2018 una carta a la Comisión Europea para que, si esta sentencia daba la razón a Airbnb, se modificara la legislación. Berlín, París y Viena fueron algunas de las ciudades en sumarse también a esta petición que partió de Ámsterdam. “El alma de nuestras ciudades acabará desapareciendo si aceptamos esta evolución que conllevará que los centros históricos queden vacíos, sin habitantes”, advertía la misiva. 

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