Precinto policial para 39 pisos turísticos en Príncipe 15

La lucha vecinal de los madrileños ha conseguido una pequeña victoria este miércoles. El Ayuntamiento ha ordenado precintar los 39 pisos turísticos que funcionan en el edificio de la calle del Príncipe, número 15, en el distrito de Centro. La administración ya había emitido orden de clausura sobre alrededor de 800 solo en el centro, pero esta es la primera vez que decide cerrarlos con precinto policial. “Es un precedente. Es la única manera de que se cierren de verdad”, valora el presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de Las Letras, Víctor Rey. La empresa que gestiona estos pisos, Likehomemadrid Renting Apartments in Center SL, no tiene licencia para ejercer la actividad de alquiler turístico. Ni estos ni los 9.000 pisos que el Consistorio calcula que funcionan en toda la ciudad la tienen. De ellos, según datos de la Administración, ninguno de los situados en la ciudad de Madrid están ni siquiera registrados.

El proceso para cerrar un piso turístico es farragoso. La historia del edificio de Príncipe 15 ilustra la eterna lucha de los vecinos por acabar con ellos. El enclave privilegiado en el que se ubica, a 450 metros de la Puerta del Sol, ha llevado a la empresa a explotar las dos primeras plantas de las tres con las que cuenta.

Dos carteles de “Se alquila” cuelgan de dos balcones del bloque, que comparte la planta baja con un salón de juego. Una chica ofrece comidas en el restaurante de enfrente y los vecinos que entran y salen del portal aseguran que no saben nada. Uno de ellos, incluso, niega que haya pisos turísticos.

Nada parece haber cambiado en el edificio. Luis García, propietario de una vivienda desde 1994, lleva a la espalda tres años de lucha contra el turismo en su edificio. Se ha enterado de la noticia por la prensa, “como los políticos”, dice riendo. Pero se muestra escéptico: “Hasta que no vea el precinto, no me lo creo”. Sobre los carteles de alquiler, asegura se trata de una estrategia más de la empresa para despistar y simular que se tratan de alquileres convencionales, por meses. La empresa, explica este vecino, mantiene que ya no arrienda las viviendas por días desde que en noviembre de 2018 la Agencia de Actividades del Ayuntamiento ratificó la orden de cese inmediato de los pisos.

La batalla de García, profesor de Lengua Española en la Universidad Complutense, comenzó en el verano de 2016. La empresa Mucor alquilaba las dos primeras plantas por dos años, hasta que comprobó que alquilarlo por días hacía su negocio más rentable y cedió la gestión a Likehomemadrid Renting Apartments in Center S.L. Una tarde, García observó cómo en su patio unas chicas alemanas montaron una piscina hinchable. Según cuenta García, se emborracharon y salieron a la calle. “Al rato, trajeron a lo mejor que había en la calle Príncipe. Se nos habían metido en el edificio”, relata este jueves. Meses después, a finales del mismo año, García anunció a la empresa en una junta de vecinos que les iba a denunciar.

A partir de ahí, a García, asegura, durante la batalla le han llegado a amenazar de muerte. Lo denunció y ganó el juicio. “Por la calle me han llamado maricón e hijo de puta. Es una lucha que agota, abrasa. Si eres débil acaban contigo”, relata exhausto. Muestra en su móvil un pantallazo de una página web de alquileres: “Dos noches, 476 euros”.

En julio de 2018, el Ayuntamiento ordenó a la empresa el cese de la actividad turística. La empresa presentó un recurso que se desestimó, puesto que no presentaron ninguna licencia municipal.

Durante el otoño de 2018, cuenta García, la actividad turística en el edificio bajó pero en cuanto llegó la primavera, “en cuanto llegaron las flores, Madrid se volvió a llenar de turistas, y mi edificio también”, relata. Una vez se ordena el cierre, el Ayuntamiento espera a que la propia empresa cese la actividad por su propio pie. En el caso de que no sea así, los servicios técnicos municipales comprueban que no se ha clausurado y ordenan el precintado. En el caso de Príncipe 15, la Administración verificó que el uso turístico continuaba el pasado 6 de septiembre y ordenó el precinto.

García ha llevado su batalla mano a mano con Víctor Rey, que lleva dos años como presidente de los vecinos del barrio. Los datos que manejan elevan la cifra de denuncias en la zona por uso turístico a 2.400. De ellas, 800 tienen orden de clausura, de las cuales 280 han cerrado. Pero esta es la primera vez que la Administración va un paso más allá. “Es la única manera efectiva porque romper un precinto policial es un delito”, cuenta Rey. “sólo queremos que la gente que se ha hecho millonaria destrozando vidas, lo pague”, continúa. Fuentes municipales indican que el precinto se ejecutará este mes de octubre. El día concreto es confidencial.