El coste de las reformas fallidas
Las grandes reformas del mandato de Mariano Rajoy se quedaron cortas, se abortaron o resultaron fallidas pero además tuvieron un coste que aún pasa factura
Sobre las reformas estructurales del próximo Gobierno se hacen cábalas. Lo que sí es cuantificable es el pasado: que nos ilustra. Las grandes reformas del mandato de Mariano Rajoy se quedaron cortas, se abortaron o resultaron fallidas, recordábamos (21/11). Pero además de ser ocasiones perdidas, exhibieron altas facturas. De haber funcionado —los demás factores constantes—, España luciría hoy un holgado superávit presupuestario.
La reforma de la Seguridad Social de 2013, para contener sus crecientes costes, abortó al inicio de 2018, por lo que tras gastarse 74.437 millones de la hucha heredada, dejó su caja con un saldo negativo de 18.511 millones de euros a fin de año. Así que su déficit estructural alcanzó el 1,5%, estimó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en enero de 2019: sin tomar medidas, para 2048 aumentaría la deuda del sistema en un 48,7% del PIB. Un reciente estudio del Instituto de Actuarios Españoles corrobora el pronóstico.
La reforma financiera no tenía que costar un euro al contribuyente. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, negó (11/5/2012) que entrañase “un coste para los contribuyentes españoles” pues era una “disponibilidad de recursos” que tenía “que ser reembolsable”.
En junio, Rajoy lo ratificó al Congreso: era “un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”. Ufano, Guindos prometió que no generaría costes a la sociedad “sino todo lo contrario”.
Vaya broma. Fue al revés. El Banco de España calcula ahora (20/11) en 65.725 millones el coste del rescate: la banca aportó 23.164; el sector público (FROB), 42.561 (cerca del 0,7 anual del PIB en seis años y medio). En el mejor de los casos se recuperarán 17.868, según la entidad.
La reforma fiscal se preparó, pero quedó en nasciturus. Su más obvio coste de oportunidad ha sido el desplome del impuesto de sociedades, que recaudaba 44.823 millones en 2007, y solo 24.838 millones en 2018. Caída simultánea a la briosa recuperación del impuesto sobre la renta y sobre el consumo (IVA).
El hundimiento se debe a la plétora de deducciones, a la (positiva) internacionalización de empresas en búsqueda de otros mercados y a la (negativa) ubicación de filiales en paraísos fiscales. Solo equiparando las 27 multinacionales españolas que apenas abonan un 0,3% de su beneficio neto con la media del resto (18,14%) se lograrían 3.000 millones anuales. Y eliminando las deducciones, más de 8.000 al año (0,8% del PIB).
Suma y sigue. En ese cómputo no entra la reforma laboral en su efecto de devaluación salarial, que, procíclica, ayudó a prolongar la crisis; ni el incumplimiento de la reforma de financiación autonómica, que magnificó los recortes educativos y sanitarios, con similar impacto macro; ni la ley de unidad de mercado, anulada por el Constitucional; ni el sucedáneo de reforma administrativa... Recua de nadas. Y caras.
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