Guindos afirma que el ‘banco malo’ no supondrá costes para los contribuyentes

Dice el ministro de Economía, Luis de Guindos, que uno de los pilares de la reforma financiera, la creación de un banco malopara traspasar los activos dañados y sanear al sector, no va a costar un euro al bolsillo del contribuyente: las arcas públicas. Guindos aseguró hoy a dirigentes del Partido Popular que esta operación “nunca” tendrá coste alguno para los ciudadanos, así que la transferencia de activos a la futura sociedad “en ningún caso debe tener pérdidas para que no cueste dinero” público, señalaron hoy fuentes del PP.

El llamado banco malo será una sociedad a la que todas las entidades financieras intervenidas o con ayudas públicas deberán traspasar sus activos más tóxicos, que es como la jerga financiera suele llamar a todos esos inmuebles que han sido embargados porque los clientes han dejado de pagar las hipotecas y otros créditos de difícil cobro, normalmente vinculados al sector del ladrillo. No obstante, el decreto que prepara el Gobierno no precisa el tipo de activos que colocará en el banco malo.

La creación de esta sociedad sirve para sanear a las entidades porque se deshacen de toda esa cartera crediticia dañada —que ha perdido gran parte de su valor por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria— y se quedan con lo supuestamente sano. Esa sociedad gestora se encarga entonces de vender todos esos activos en el mercado con el fin de recuperar el máximo dinero posible.

La cuestión es a qué precio compra primero los activos esa sociedad creada por el Gobierno a la banca: si lo hace a precio real de mercado o paga algo más para evitarle pérdidas a las entidades. Bruselas permite una especie de término medio: “un valor de mercado de largo plazo”. El mercado calcula que los activos se han depreciado alrededor de un 60% respecto al valor original y las entidades han provisionado alrededor del 35% como promedio. Si las entidades incorporan a sus balances esas pérdidas reales tendrán que reforzar su capital, por lo que España ha pedido a Europa el rescate para la banca. Los bancos malos —un instrumento que han utilizado en esta crisis financiera otros países como Alemania o Irlanda— recuperan el dinero público en la medida que logran obtener el máximo importe posible (al menos, el que pagó a la banca con problemas) al vender los activos en un tiempo razonable (fuentes del mercado calculan de unos 10 años).

Pero muchos elementos de este nuevo instrumento —que en el caso español será una sociedad anónima con amplias competencias— están todavía por definir en el borrador de decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito que el Gobierno ha remitido a Bruselas y que espera poder aprobar el viernes.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya aprobó otros dos decretos para reordenar el sector en febrero y mayo, aunque ayer Guindos dijo en la reunión con dirigentes del PP que la de mañana será “la auténtica reforma del sistema financiero”.

El decreto sigue el dictado del memorando de entendimiento (MoU) que el Gobierno firmó con sus socios de la zona euro para obtener ese rescate de hasta 100.000 millones para las entidades y que está plagado de condiciones para el sector financiero. Guindos insistió en que el decreto que prepara el Gobierno no tendrá coste para la ciudadanía y que, en cualquier caso, no serán necesarias nuevas medidas de ajuste para cumplir con el objetivo de déficit del 6,3% este 2012.

El programa de auxilio a la banca y la dureza de la crisis han forzado a España a tener que pedir también una suerte de rescate blando o descafeinado para el Estado. El Banco Central Europeo (BCE) pone como condición que el Gobierno pida ese plan de ayuda a Europa antes de decidir actuar también para aliviar las dificultades de financiación, mediante la compra de bonos del Estado.

El ministro se mostró optimista en relación con la posible intervención del BCE en los mercados de deuda. Aunque no precisó cómo se podría materializar, se mostró “convencido” de que la ayuda del BCE “no tendrá nuevas condicionalidades \[es decir, más reformas o recortes\]” además de las que ya debe cumplir España como consecuencia de los objetivos de reducción de déficit.