El Gobierno garantiza más dinero a los inversores que renuncien a los arbitrajes en renovables
El Ejecutivo les ofrece mantener la tasa vigente del 7,39% durante dos periodos regulatorios, hasta 2031
Más dinero y estabilidad a cambio de menos pleitos. Este es el trueque que ha propuesto el Ejecutivo en funciones a los inversores afectados por el recorte a las renovables que desató una oleada de demandas por importes millonarios. Así lo establece el decreto ley aprobado este viernes que reduce la retribución a las renovables para el periodo 2020-2025 al 7,09%, pero permite a las plantas anteriores a 2013 mantener hasta 2031 la actual tasa, del 7,39%, siempre y cuando renuncien a los litigios que tengan en marcha y a eventuales compensaciones que tengan reconocidas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto ley que fija en el 7,09% la retribución a las renovables para el periodo 2020-2025, frente al 7,39% actual (o del 7,503% en función del tipo de instalaciones). Pero a las plantas anteriores al recorte de 2013 les reserva la posibilidad de mantener la tasa vigente del 7,39% durante dos periodos regulatorios (hasta 2031), siempre y cuando renuncien a los pleitos que tienen abiertos contra el Estado español y a las eventuales indemnizaciones y compensaciones que se les hayan reconocido.
"Los titulares de estas instalaciones tienen por tanto ante sí la posibilidad de elegir si se acogen a esta opción y siguen con la normativa que les ha sido de aplicación hasta la fecha, sin que varíen a la baja su rentabilidad, o bien se mantienen en la revisión de esta rentabilidad a la baja que es la regla general", ha explicado este viernes la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esta medida, "respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP", tiene el objetivo de reducir la litigiosidad y garantizar un marco de estabilidad y seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones al sector.
El tijeretazo del Gobierno de Mariano Rajoy a las renovables en 2013 desató una larga lista de demandas de inversores, sobre todo extranjeros, ante diversos organismos internacionales de arbitraje, desde el Ciadi del Banco Mundial al Uncitral de Naciones Unidas. España tiene actualmente 45 laudos abiertos, ha detallado Ribera, por un importe de casi 10.000 millones de euros. Hasta el momento ha perdido 10 y ha sido condenada al pago de 821 millones —los inversores reclamaban 1.700—. Ribera aseguró que más de 64.000 plantas se vieron afectadas por el recorte, que supuso un desgaste importante en la apuesta de España por las renovables.
La ministra en funciones ha explicado que, aunque lo normal sea que la rentabilidad fijada vaya bajando por la reducción de los costes tecnológicos, esta propuesta dirigida a los inversores se configura como "una medida paliativa importante".
De momento, España no ha ejecutado ninguno de los pagos a los que ha sido condenada por los árbitros internacionales. La propuesta de este viernes intenta zanjar un conflicto en el cual la aguja de la balanza, laudo tras laudo, se ha inclinando hacia los inversores. “Confiamos en que esta alternativa [...]pueda ser considerada una medida que mitigue el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente, o incluso invite a la renuncia del cobro, para garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años y poder activar nuevos procesos de inversión”, concluyó la ministra.
Las principales asociaciones españolas de energía renovable valoraron positivamente la medida, alegando que brinda un marco claro que aporta seguridad jurídica de cara al futuro.
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