Recorte de 1.671 millones a las renovables

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que, durante 2014, la nueva fórmula propuesta por el Gobierno en la reforma eléctrica recortará en 1.671 millones los ingresos de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. El impacto varía “acusadamente” entre las diferentes tecnologías y entre las instalaciones tipo, según el informe del organismo regulador sobre la propuesta de orden ministerial del Gobierno, pendiente de aprobación, que caracteriza unas 1.300 instalaciones tipo.

En términos absolutos, es la generación eólica, la más eficiente, la que mayor parte se lleva del recorte. Le corresponderían 608 millones, una rebaja del 33,7% de sus primas. Frente a ello, la energía termosolar y fotovoltaica, mucho más caras, ven rebajada su retribución un 13%, lo que supone 373 y 186 millones, respectivamente. El informe recuerda que, en todo caso, en las tecnologías térmicas la incertidumbre es mayor ante una posible alteración de las pautas históricas de funcionamiento.

En términos relativos, el impacto es muy severo con las instalaciones hidráulicas, que reducirían entre el 50% y el 90% su retribución anterior. “La horquilla es muy amplia porque con la información actualmente disponible en la Comisión no es posible aún cerrar la clasificación de estas plantas”, según el informe. Por su parte, el tratamiento de residuos perdería en torno al 60% y la eólica, cerca de la tercera parte.

El informe de 140 páginas, aprobado por el Consejo de la CNMC el pasado jueves y difundido este lunes, fija para cada una de esas instalaciones los parámetros retributivos que se les aplicarán. Con carácter general, contempla una clasificación por la que se distinguen tantas categorías como circunstancias normativas históricas y años hayan transcurrido, lo que, según la CNMC, conlleva que las distintas instalaciones se vean afectadas “de forma dispar” en función de su grado de adaptación al nuevo estándar que se ha definido.

El organismo critica que hay plantas, las instalaciones más recientes, en las cuales la retribución crece. “Este es uno de los puntos que resulta paradójico de la propuesta: en un contexto de fuerte ajuste y posible cierre de plantas, se contempla un incremento en la retribución de algunas instalaciones, al menos en sus primeros años de explotación”, señala el informe. También subraya otros aparentes fallos técnicos en la norma.

La CNMC “echa en falta en la memoria que acompaña a la propuesta de orden aspectos como los motivos por los que la vida útil regulatoria de las instalaciones de determinadas tecnologías ha sido extendida, la definición de los criterios empleados para conceder a determinadas instalaciones una retribución a la operación extendida más allá de dicha vida útil regulatoria, o la metodología empleada para estimar los precios medios de mercado durante el primer semiperiodo regulatorio (2014-2016)”.

En el trámite de audiencia, conducido a través del Consejo Consultivo de Electricidad, se registraron más de 615 alegaciones procedentes de distintas administraciones y entes públicos locales y autonómicos, asociaciones sectoriales, un elevado número de empresas de los sectores energético, industrial y agroganadero, así como centenares de particulares.

De aprobarse la orden, la retribución prevista sería de 7.013 millones, cifra que representa solo un 3% más que la registrada en 2011 (6.804 millones). En ese año se produjo un precio medio de mercado similar al contemplado en el informe (49,93 euros por MW/hora) si bien la base de potencia instalada entonces era un 8,4% inferior a la de 2013 (39.825 MW). Es decir, el recorte supondría volver a los niveles de 2011 en términos de retribución.

En todo caso, según el organismo que preside José María Marín, esa cifra debe tomarse “como una estimación dado que, pese a que el nuevo sistema retributivo ajusta mejor la previsión de los pagos (antigua prima de régimen especial), existen incertidumbres”. Tales como la clasificación final de las instalaciones pendientes de asignación (principalmente hidráulicas); el número de horas de funcionamiento, los periodos en los que las instalaciones van a funcionar o la ratio calor/energía en el caso de las cogeneraciones; el rendimiento eléctrico equivalente que se utilice para el cálculo final de la cogeneración o si las instalaciones cumplirán o no los umbrales de funcionamiento mínimo.

El ajuste retributivo se debe al establecimiento de una tasa de rentabilidad aplicable a toda la vida útil regulatoria de cada instalación menor a la implícita en las primas y tarifas vigentes en el marco retributivo anterior al real decreto de julio de 2013 y no a la aplicación de ratios de inversión bajos. “Cabe señalar que esas primas fueron en muchos casos significativamente superiores a las contempladas por la Comisión [Nacional de la Energía] en sus informes preceptivos a las propuestas de cambio normativo que se han sucedido en la última década”, según la CNMC.

Esas primas sufrieron desviaciones que llegaron al 74% en 2008 (véase cuadro adjunto). Teniendo en cuenta las desviaciones históricas, “el nuevo sistema mejora la previsibilidad de los costes del sistema, estrechando las posibles desviaciones en coherencia con el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico de la ley 24/2013 de 26 de diciembre”, sostiene.