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Fomento estudia ceder temporalmente suelo a inversores para que construyan pisos de alquiler asequible

El plan del Gobierno en funciones es crear una bolsa de parcelas en las que empresas privadas levantarían casas para arrendar; pasados 50 años, las viviendas pasarían a titularidad pública

Un proyecto de viviendas municipales de alquiler en Coslada (Madrid).
Un proyecto de viviendas municipales de alquiler en Coslada (Madrid).

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles un plan de su departamento para aumentar el parque de alquileres a medio y largo plazo. Según ha señalado en un desayuno informativo de elEconomista, la idea es poner en marcha una bolsa de suelos públicos cuyo uso se cedería temporalmente a empresas privadas para que construyan viviendas en arrendamiento. Durante 50 años, esos pisos pertenecerían a sus promotores, quienes se encargarían de gestionarlos y explotarlos en alquiler. Transcurrido ese periodo, las viviendas pasarían a titularidad pública.

El diagnóstico de Fomento, compartido por muchos expertos, es que España tiene una cantidad de vivienda pública irrisoria (se calcula en torno a un 2,5% del parque total) en comparación con países comparables de su entorno. Esa carencia hace que en situaciones de alzas desbocadas como las que se han vivido en los últimos años, especialmente en Madrid y Barcelona, la capacidad de intervención de las administraciones sea muy baja. El parque actual ni siquiera permite atender las situaciones de emergencia de familias con bajos ingresos sin capacidad para encontrar un arrendamiento en el mercado libre. Por ello, Ábalos se ha mostrado confiado en que esta medida permitirá llegar a un 10% de viviendas públicas en alquiler.

El ministro no ha concretado en qué plazo estará en marcha el plan, anunciado a 17 días de las elecciones, aunque se estaba trabajado en él desde hacía "muchísimo tiempo", según fuentes de Fomento. Esas mismas fuentes señalan que el pliego de licitación de derechos de superficie con el arrancaría la medida está en fase de redacción. En el mismo se recogerán las condiciones bajo las cuales los inversores privados pueden acceder a las adjudicaciones para construir y explotar en alquiler esas viviendas.

Una de las virtudes del procedimiento es que en ningún momento se pierde la titularidad pública del suelo, ya que solo se cede el derecho de superficie. Por tanto, quienes disfrutan de ese derecho durante 50 años deben respetar las normas que ponga Fomento. Para la adjudicación, según el borrador con que se está trabajando, se tendría en cuenta el límite máximo de precio de alquiler al que los promotores se comprometieran, así como otros factores sociales y medioambientales.

Medio o largo plazo

Las condiciones deberán por tanto encontrar un equilibrio para resultar atractivas a los inversores y que a la vez ayuden a impulsar el mercado de alquiler asequible, la finalidad última que se persigue. Los arrendamientos resultantes no serán tanto sociales (a precios muy por debajo del mercado y solo accesibles para personas con bajos ingresos) como de precios asequibles, es decir, en la parte baja de la horquilla de importes que se manejan en el mercado libre. Pero que las propuestas de los promotores contemplen también una reserva de pisos para alquileres sociales podría puntuar favorablemente para lograr la adjudicación.

El plan anunciado este miércoles es complementario del anunciado meses atrás para la edificación de 20.000 viviendas públicas, una promesa realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez poco después de su investidura en junio de 2018. El denominado Plan 20.000 tiene ya identificados varios suelos de la entidad pública de suelo (SEPES) sobre los que se podrían construir hasta 1.800 viviendas en Madrid, 1.362 en Málaga, 970 en Valencia, 948 en Sevilla y 532 en Ibiza. También hay dos parcelas con capacidad para menos de 100 viviendas en Ceuta y Melilla. Ahora, esas viviendas podrían ponerse en marcha conforme al nuevo pliego que se está preparando, lo que significa que se explotarían con rentas asequibles, pero no serían de titularidad pública hasta pasados 50 años.

Tampoco está claro cuándo podrían verse los primeros de esos pisos. La colaboración público-privada para construir pisos de alquiler, que ya han ensayado a pequeña escala en España otras administraciones bajo fórmulas similares a la anunciada este miércoles, tiene la ventaja de que las promociones privadas son más ágiles y por ello Fomento ya había apuntado en ocasiones anteriores a la necesidad de colaboración con el sector inmobiliario. Pero eso no evita un plazo de varios años para finalizar una construcción en condiciones normales.

Javier Rodríguez, responsable de la Comisión de Alquiler Residencial de ASIPA (una patronal de empresas que alquilan inmuebles) asegura que en el sector están "dispuestos" a participar en este tipo de fórmulas. Pero también destaca que el camino que queda por recorrer no es sencillo: “Hay que casar plazos, rentas e inversión a realizar para hacer un plan que sea viable y no se quede en el cajón”

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