Los promotores buscan la fórmula para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda

El precio de la vivienda nueva subirá entre el 3,5% y el 5% al cierre de 2019. Son las previsiones de la patronal de los promotores y constructores, que salen al paso de las sospechas de recesión que sobrevuelan en el sector de la vivienda. “Estamos asistiendo a la normalización de las subidas de precios tras cuatro años de encarecimientos, tras alzas de dos dígitos que no eran sostenibles”, ha indicado hoy Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), en una convocatoria con la prensa. El precio de la vivienda está un 33% por debajo del máximo alcanzado en 2007, “lo que significa que queda recorrido al alza”, añade. En su opinión, el actual ciclo inmobiliario llegará, al menos, hasta el año 2022.

No sin sobresaltos. La patronal admite una “ligera ralentización” en la venta de viviendas nuevas pero culpa a a la situación geopolítica mundial (guerra comercial y Brexit), a la falta de Gobierno en España y a las últimas leyes aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La patronal da cuenta del retraso de dos a tres meses que ha provocado la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor en junio y que ha ocasionado el colapso en las notarías. “Lo que se tenía que escriturar en junio está llegando ahora a notarios y registradores”, indca el presidente de la asociación. Está por verse si al cierre del año el sector será capaz de absorber esos meses de retraso. Y, sobre todo, está a la espera de calcular el impacto económico que tendrá en las cuentas del país (retrasos en el cobro de impuestos..), algo que la patronal dice estar analizando estos días.

Respecto a la nueva ley de alquiler, que entró en vigor el pasado mes de marzo, consideran que no ha propiciado la salida de más oferta al mercado y que está provocando subidas de precios en ciudades donde el alquiler ya es prohibitivo, como Madrid, Barcelona, Baleares y Gipuzkoa.

La construcción de vivienda nueva se encuentra muy por debajo de las necesidades actuales del país y de los niveles previos a la crisis económica cuando se levantaban más de 800.000 casas. Al cierre del año, los visados llegarán a 115.000 unidades, 15.000 más que el año anterior. Sin embargo, la patronal considera que España necesita entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año hasta 2030 para cubrir la previsión de 1,8 millones de hogares que contempla el INE para ese año.

Para venderlas, no obstante, será necesario abaratar el precio de las casas y facilitar el acceso de los jóvenes. Es el gran reto del sector. “Hay siete millones de jóvenes en edad de emanciparse en España y tenemos que facilitar el acceso a la compra o alquiler”, dice Gómez-Pintado, partidario de recuperar la desgravación por compra desaparecida en el año 2012. “Somos el sexto país por la cola en emancipación, a los 29 o 30 años, lo que genera un problema en la pirámide población”, añade. Y también en las ventas. De hecho, Gómez-Pintado reconoce que parte de esa demanda hasta 2030 estará sustentada por el movimiento migratorio.

La patronal ya ha trasladado sus propuestas a todas las Administraciones, tanto a la Mesa de Vivienda del Congreso, como a las comunidades y ayuntamientos. Pero, “hasta que no haya nuevo Gobierno no se podrá seguir avanzando”, dice Gómez-Pintado. Entre su batería de propuestas está el establecer un marco jurídico "seguro, estable y garante", establecimiento de beneficios fiscales y atraer la inversión para establecer fórmulas de producción de vivienda que pasen por la colaboración público-privada (concesión, derecho de superficie...). "La participación de la iniciativa privada es importante para poner fin a la escasez de oferta de vivienda social y vivienda asequible, una de las principales razones que provoca el difícil acceso de las generaciones más jóvenes al mercado inmobiliario". Eso sí, en estos pactos será necesario garantizar el beneficio del promotor que, en el caso de arrendamientos, se situaría entre el 3,5% y el 6%.

La patronal ha propuesto a las Administraciones adoptar medidas que desde hace años ya rigen entre las políticas de vivienda de otros países europeos. Por ejemplo, la iniciativa Help to buy (ayuda para comprar) es un programa que permite comprar una casa con financiación de hasta el 95% del precio total mediante aval del Reino Unido para la entidad financiera. Francia ofrece créditos al 0% de interés y en el mercado del alquiler destaca Portugal que puede llegar a subvencionar las rentas durante los tres primeros años.

La APCE cree que otro de los retos que a los que se enfrenta el sector inmobiliario nacional es la simplificación y agilización de los procesos y canales actuales para la tramitación de las licencias urbanísticas, sobre todo en lo que respecta a la licencia de obra y primera ocupación. También pide poner en carga parte de los suelos bajo dominio de las Administraciones públicas para evitar subidas excesivas en los precios de los terrenos y reducir el coste burocrático.