Un año perdido para grandes reformas económicas
El PIB crece muy por encima de la media europea, pero España ha malgastado la oportunidad de realizar cambios profundos y se enfrenta ahora al frenazo de la actividad
El tiempo de descuento empieza con 167 millones de euros menos, los que costará la logística electoral de los próximos comicios del 10 de noviembre. Una partida que se restará a un presupuesto exprimido hasta el máximo, manoseado y prorrogado desde el último Gobierno del Partido Popular, que llegará hasta 2020 sin el necesario relevo de unas cuentas frescas preparadas para combatir la desaceleración económica. En un año que parece el día de la marmota, con un Gobierno en funciones desde abril y con reformas enquistadas en los despachos; comunidades autónomas exigiendo más recursos y cientos de convocatorias públicas sin aprobar, ¿ha sido también un año perdido para la economía española?
A algunos empresarios parece no preocuparles ni el gasto electoral ni lo que lleva detrás mientras su caballo de batalla, la subida de impuestos, sea atajada de raíz, como ha sucedido hasta ahora tras largos meses de interinidad. El Círculo de Empresarios ha encontrado la solución que propugnó hace unos meses, cuando su presidente, John de Zulueta, defendió la vuelta a las urnas antes de tener que soportar un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con apoyo de los nacionalistas. A su juicio, España está más cerca de conseguir un pacto “centrista” de PSOE, Ciudadanos y PP. “Solo por razones de imagen, ahora que los políticos tienen una proyección tan baja como los banqueros, los empresarios y los periodistas, va a haber un pacto centrista antes de Navidad. Nosotros empujamos este pacto porque es la menos mala de las opciones”, sostiene De Zulueta.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, no va tan lejos como para haber deseado susto (elecciones) antes que muerte (pacto PSOE-Unidas Podemos), pero cree que el país “debe tener un Gobierno centrado y estable”. Matiza que, aunque se haya perdido un año en muchos aspectos, España “ha funcionado con esa ventaja extraordinaria que tiene en el turismo, ha ido para delante”. Los belgas se pasaron 541 días sin Ejecutivo entre 2011 y 2010, récord absoluto, sin graves consecuencias para el país. España por ahora sostiene la actividad jugando a los platillos chinos. Porque si se mira en el espejo de la estadística, el país camina razonablemente bien, sorteando los problemas urgentes, con las mismas alertas encendidas en el resto de economías del entorno, pero sin pensar en cómo solucionar los problemas importantes.
Menos fuelle
La economía duplica las tasas de crecimiento de la zona euro pero pierde fuelle y es difícil que alcance a final de año ese 2,2% proyectado por el Ejecutivo. En los últimos 12 meses la Seguridad Social acumula 480.000 afiliados más (hasta septiembre), una cifra que sin embargo es menor que los 600.000 que se han llegado a alcanzar. Tras los datos resuena el eco de empresarios y economistas que exigen reformas estructurales urgentes que la parálisis impide. Y esas son la reforma fiscal, la laboral y la educativa y, por supuesto, la de las pensiones, que es la espada de Damocles de nuestra economía, según De Zulueta. Bonet añade el impulso a la digitalización y la globalización como retos inaplazables.
El presidente del Círculo de Empresarios reconoce que los directivos están ahora más preocupados que el pasado mes de abril. Claman por esas reformas. Y están molestos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el aumento del gasto social y su legislación a base de reales decretos —los llamados viernes sociales— “cuando no había necesidad”. “En un momento en el que la productividad no está aumentando son muy difíciles de digerir las subidas del 22% de golpe en el salario mínimo interprofesional o del 2,1% en los gastos a la Seguridad Social de los empleados. No parecen buenos remedios para la economía”, sostiene De Zulueta.
Pero ven más lejos el miedo que pasaron cuando la ministra María Jesús Montero presentó los Presupuestos. Porque “eran un ataque frontal a las empresas, que éramos tratadas como las vacas lecheras del país con un impuesto del 10% a la banca, otro del 5% sobre los dividendos, elevando el impuesto mínimo al 15%, eliminando topes a las cotizaciones a la Seguridad Social, gravando los hidrocarburos…”, enumera, al tiempo que alerta de la dañina economía sumergida, que calcula es del 17% del PIB.
Pero el balón vuelve al suelo en el espejo de los economistas. Ángel Ubide describe este ciclo dentro de la “senda de lógica moderación tras varios años de crecimiento muy rápido, por encima del crecimiento potencial, que se beneficiaba de un contexto internacional muy favorable y que no era sostenible de manera indefinida”. Desde Washington, donde reside, desdramatiza el posible efecto negativo de prorrogar los Presupuestos. “Es algo muy común en países como EE UU, donde llevan años sin aprobar el presupuesto. Al fin y al cabo, la política fiscal este año ha sido adecuada desde un punto de vista cíclico, apoyando al crecimiento y así ayudando al BCE en su esfuerzo por restaurar la inflación a niveles acordes con su objetivo”.
Un semestre exportador, pero más flojo
Entre enero y junio, las exportaciones españolas de bienes se incrementaron un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzaron los 147.408 millones de euros. Aun siendo positivo, es el ritmo de crecimiento más bajo registrado en la última década en ese semestre. El saldo comercial registró un déficit de 14.711 millones, un 0,9% superior al de 2018.
Poco más se puede hacer, sostiene Juan José Toribio, profesor emérito de IESE Business School, en una economía regional como tilda a la española, absolutamente dependiente de la europea y que sigue funcionando porque la influencia del Gobierno no es tan grande como pudiera pensarse. BBVA Research se ha encargado de medir con modelos econométricos el coste de la incertidumbre. Lo explica Rafael Doménech, su responsable de Análisis Económico: “Hasta el pasado agosto este indicador está en niveles promedio de los últimos cuatro años, que se sitúan por encima de la media histórica”. El coste de rebasar esa media resta dos o tres décimas al crecimiento del PIB y frena la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos durante cuatro años.
Como dice Jorge Fabra, de Economistas frente a la Crisis, se han hecho muchos planes, pero no pasan de ser la expresión de un deseo. Pone como ejemplo el eterno problema de reformar el mercado de la electricidad. “Sí, se han solucionado algunos problemas, subsanando casos de pobreza energética con el bono social, pero tenemos la energía muy cara sin justificación alguna”.
Los sindicatos tampoco comparten la opinión de las patronales. Es más, según Carlos Martín, responsable del gabinete económico de CC OO, la primera medida que ha de abordar el Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre es una reforma tributaria que homologue la contribución fiscal española con la media europea. “Ello nos permitiría recortar los 6,4 puntos sobre el PIB de menor recaudación fiscal que tenemos actualmente y serviría para equilibrar las cuentas públicas, sobre todo de la Seguridad Social, impulsar la inversión y recuperar el empleo perdido”.
Preocupación en Bruselas por la prórroga presupuestaria
En tiempos de aguantar la respiración por los peligros que se ciernen sobre la economía de la zona euro, Bruselas soltó un pequeño suspiro de alivio cuando España salió del procedimiento de déficit excesivo. En el último año, la Comisión Europea ha tratado de mantener al menos bajo control otros fuegos. Italia, estancada y asfixiada por la deuda, sigue siendo el principal riesgo. Tras las elecciones, Bruselas esperaba que España tuviera por fin un Gobierno estable que pudiera presentarle unos Presupuestos en octubre y seguir con las reformas. Nada de eso va a ocurrir por ahora, por lo que España se expone a ser reprendida de nuevo.
“España no es Italia”. Los guardianes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo han repetido en el último año. Y prueba de ello es que la Comisión no devolvió al Gobierno de Pedro Sánchez el borrador de Presupuestos que le llevó la ministra Nadia Calviño. Aun así, Bruselas advirtió a España de que su hoja de ruta para las finanzas entrañaba un “riesgo de incumplimiento” con las reglas fiscales comunitarias. El ejecutivo de Jean-Claude Juncker discrepaba tanto de la recaudación que iban a suponer los nuevos ingresos como del crecimiento del gasto público.
Con los nuevos frentes abiertos, España pasó a un segundo plano. Y a nivel político apenas se censuró al Gobierno de Sánchez.
Pero los informes que Bruselas ha enviado están plagados de advertencias. Sobre la insostenibilidad de la deuda pública a largo plazo, pero también sobre las desigualdades que el país afronta. Aunque los principales mensajes se resumían en uno. “Por supuesto, esperamos que tras las elecciones habrá, por fin, estabilidad y una mayoría para aprobar unos Presupuestos”, afirmó en una entrevista a EL PAÍS antes de los comicios el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.
En Bruselas hay ya cierta inquietud al constatar que, con otras elecciones a la vista, España volverá con unas cuentas prorrogadas. Fuentes comunitarias insistieron en las advertencias que han ido lanzando y se remitieron a las últimas previsiones sobre la economía española, con “considerables” desfases en el déficit estructural –el que excluye el comportamiento del ciclo económico— y su deuda. Y apuntó que ambos “sugieren que se requiere un mayor ajuste”.
La prórroga, además, llegará en plena desaceleración económica. El Banco Central Europeo y la Comisión han llamado a rebato a los países con capacidad fiscal a invertir más para estimular la economía. Pero también han advertido al resto que debe acelerar la reconstrucción de sus colchones fiscales y emplearse en las reformas.
Martín cree que se ha perdido una oportunidad histórica de contar con un Ejecutivo progresista tras el desencuentro del PSOE y Unidas Podemos. “Si hubiéramos tenido Gobierno nos habría ido mucho mejor porque se habrían abordado las reformas estructurales que necesita la economía”, aprecia. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, destaca lo bueno de esta etapa: salario mínimo, medidas sociales… “Es verdad que en el Gobierno de Pedro Sánchez se han hecho cosas positivas. No se puede achacar a él que no haya Presupuestos. En la derogación de la reforma laboral estuvimos negociando revocar los aspectos más lesivos, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo”. Más allá de si el parón político cuesta una décima arriba o abajo del PIB, está preocupada por el coste social que eso implica; porque las pensiones sigan revalorizándose el 0,25% de acuerdo con una ley alumbrada por el PP en vez de con el IPC real o porque más de la mitad de los desempleados no goce de ningún tipo de protección. Y por cierto, por un paro dramáticamente elevado, del 14%, tras años de crecimiento económico y vientos de cola para la economía.
Es cierto que con un Ejecutivo estable probablemente la situación económica habría mejorado. Así lo afirma tajante Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, que achaca a la situación política buena parte de los efectos de la desacerelación: la caída en picado de las ventas de automóviles y la reducción de los turnos en el empleo de todas las fábricas, un retraso generalizado de las inversiones empresariales e inmobiliarias en particular y un cambio en la contratación indefinida, que ha pasado de crecer al 19% en 2018 a descender el 18% en lo que va de año.
Y coincide Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, que cree que con un Gobierno estable las reformas estructurales no se habrían dilatado y quizá se hubiese empezado a actuar para combatir una desaceleración económica que todos los expertos consultados aseguran que viene del exterior. “Sin duda un Gobierno fuerte y con capacidad de tomar decisiones es siempre una mayor garantía para poder reaccionar ante los grandes retos que afrontamos. En el ámbito nacional, las familias españolas han perdido mucho poder adquisitivo tras la crisis, hacen falta políticas activas de empleo eficaces que permitan recolocar a las personas cronificadas en el desempleo. El desafío de la sostenibilidad de las pensiones es formidable”, indica De la Rica, que cree que siempre es mejor tener un Gobierno con capacidad de acción que no, aunque no es una garantía absoluta. En su opinión, “muchas medidas que el Gobierno ha tomado, sobre todo sociales, no se pueden ejecutar al no haber acuerdo presupuestario para financiarlas”. Por ejemplo, la estabilidad política, además de ser importante para miles de cosas, es la barca en la que viaja la innovación del desarrollo industrial de un país. “HP no lucha solo contra Lenovo o IBM, también pelea para mantener su centro de España en San Cugat”, ejemplifica Renato Del Bino, director de la Fundación I+E.
Temblores mundiales
No es una cuestión baladí. La representante de UGT pone un buen puñado de ejemplos de medidas que se han quedado guardadas en el cajón. “El hecho de no poder actualizar el Iprem va a perjudicar el acceso a becas o el de muchas familias a una vivienda social. Las comunidades autónomas no pueden utilizar fondos que el Estado retiene y el problema se traslada a la sanidad y la educación”. Y, además, todo ocurre en un momento de temblores planetarios: Brexit, subida del petróleo, guerra comercial, desaceleración global, transición en la Comisión Europea y el BCE. “No deja de ser un contexto que agrava nuestra propia situación”. Y deteriora la foto que el país podría tener en el futuro. Porque el pasado ya está escrito con líneas rojas, como la del Ibex 35: en 2007 el selectivo estaba en 15.700 puntos y ahora pasa a duras penas de los 9.000.
Toda esa incertidumbre internacional, sostiene José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, hace que la inestabilidad política en España sea como una gota de agua en el océano. Quizá mejore el año próximo, comenta el profesor, dando fin a cuatro años de montaña rusa en La Moncloa. ¿Podremos romper este bucle en 2020? ¿Acabar con el día de la marmota?
Con información de Manuel Gómez, Ana Torres, Jesús Sérvulo González, Manuel Planelles y Javier Salvatierra.
Trabajo y pensiones
La primera asignatura que tendrán que resolver los diputados —y el Gobierno, si esta vez se elige uno— es cómo actualizar las pensiones en 2020. Los presupuestos de 2018 suspendieron la reforma de 2013, que daba como resultado la subida anual del 0,25%, por dos años. La suspensión ya no estará en vigor para el año que viene y si no hay un Ejecutivo nuevo antes del 31 de diciembre será muy difícil que las pensiones suban más de ese 0,25% el 1 de enero. Hacerlo requiere de un decreto, algo que solo puede aprobar un Gobierno con plenas facultades y no solo en funciones, como el actual.
Pero esto solo es lo inmediato. El problema de las pensiones es mucho más grande. La Seguridad Social necesita más recursos financieros para acabar con su déficit, que se ha enquistado en algo más de 18.000 millones cada año. Eso requiere una nueva reforma y que sea rápido, porque la jubilación de la generación del baby boom comienzará a retirarse en dos o tres años.
La regulación del mercado laboral también ha quedado pendiente. La reforma de 2012 sigue intacta...por ahora. El debate resurgirá o no, según el resultado electoral. De lo que se hablará seguro es de los cambios que precisa el Estatuto de los Trabajadores y la formación para adaptarse a los nuevos retos del mercado de trabajo con el desarrollo tecnológico y digital.
Presupuestos generales
La segunda legislatura más corta de la democracia coincide con los Presupuestos Generales del Estado más longevos de los últimos 40 años: llevan en vigor 450 días y con la nueva convocatoria electoral podrían prorrogarse hasta completar casi 600. Las cuentas públicas de 2018 pasarán a la historia porque quedarán a caballo entre tres legislaturas distintas. Y eso que aquellos Presupuestos nacieron a principios de abril de 2018, con cinco meses de retraso.
Eran electoralistas, con guiños a pensionistas, funcionarios y rebajas en el IRPF para las familias. En definitiva, unas cuentas expansivas que no le vinieron tan mal al PSOE. Recién llegados al poder, los socialistas prorrogaron las cuentas de 2018 con la idea de aprobar unas nuevas a principios de este año. Por eso, Sánchez decidió convocar elecciones el 28 de abril tras fracasar en su intento de aprobar las de 2019. Los socialistas habían planeado más gasto social para tratar de coser las heridas de la crisis sin cicatrizar y más inversión pública. Sus cuentas también recogían un aumento de los impuestos para las grandes empresas y para las familias más pudientes. Además, incluían nuevas figuras tributarias como la "tasa Google", un impuesto sobre transacciones financieras y una subida de la fiscalidad del diésel. En total, unos 6.000 millones más para proyectar la mayor cantidad de recaudación de impuestos de la historia, más de 227.000 millones.
Por eso, una de las primeras obligaciones del próximo Gobierno será poner en marcha cuanto antes unos Presupuestos actualizados a la nueva situación, con una economía más sombría y con nubarrones en el horizonte.
Financiación autonómica
En las últimas semanas ha arreciado el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. Los presidentes regionales se quejan de que no están recibiendo todos los recursos que les corresponden en 2019. La complejidad del sistema de financiación, uno de los mecanismos claves para entender la España autonómica, —pero uno de los instrumentos más enrevesados—, sirve desde hace años como arma arrojadiza contra el Gobierno central de turno. El actual sistema está caducado desde 2014 y los sucesivos Ejecutivos han ido posponiendo su reforma, primero con la excusa de la crisis, luego por la cuestión catalana y ahora por la complejidad política.
Algunos expertos, sin embargo, explican que apenas se necesitarían algunos cambios cosméticos para mejorar el funcionamiento y solucionar la infrafinanciación de algunos territorios, como la Comunidad Valenciana y Murcia. Defienden que el actual sistema, vigente desde 2009, no funciona tan mal ahora con la recuperación. Los excedentes del crecimiento económico permiten que el reparto sea más equitativo. De hecho, la mayoría de las autonomías recibe ya más recursos que en los tiempos de la burbuja inmobiliaria.
El lamento actual de las comunidades tiene que ver más con los retrasos derivados de que coincidan unos Presupuestos prorrogados con un Gobierno en funciones. Las autonomías están recibiendo este año los pagos correspondientes del Presupuesto de 2018, unos 104.000 millones en total. Pero reclaman también otros 4.500 millones por la mejora de la recaudación de impuestos de este año. La Abogacía del Estado impide al Ejecutivo en funciones actualizar los pagos, pero el Gobierno asegura que la solución está próxima.
La reforma del sistema de financiación, además, debería ir aparejada con otra reforma del sistema tributario autonómico para ordenar y homogeneizar, respetando las competencias tributarias, la maraña de impuestos y normativas regionales sobre los diferentes impuestos cedidos.
Energía y cambio climático
España se juega miles de millones de euros (más de 235.000, según los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez) en la transformación hacia una economía libre de gases de efecto invernadero. Ese sería el montante que se movilizará en la próxima década para que España cumpla con sus compromisos internacionales. El 80% de esas inversiones vendría desde el sector privado e irían destinadas a transformar la energía que consume España. El problema es que esas cifras y esos planes forman parte de un plan presentado a Bruselas por este Ejecutivo en solitario, sin cerrarlo con otras formaciones políticas.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 en el que se recogen esas previsiones, —al igual que la ley de cambio climático con la que España aún no cuenta— debe dotar de estabilidad a los sectores industriales afectados (eléctrico y automoción, por ejemplo) para que puedan recibir esas multimillonarias inversiones. Una estabilidad que hasta ahora no ha existido, como se ha visto en los vaivenes en la implantación de energías renovables en función del partido que gobernara.
Industria y energía
Uno de los quebraderos de cabeza más importantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han sido las amenazas de cierre de algunas plantas industriales. En casos tan sonados como los de la multinacional de alumnio Alcoa, el fabricante de aerogeneradores Vestas (en León), o la cementera Cemex (en Almería y Baleares), se escuchaba de fondo una palabra: electrointensivas. Es la que se usa para designar a empresas cuyo consumo de energía representa un porcentaje muy elevado de sus costes de producción. Industria, en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica, llegó a redactar un real decreto con un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos, con rebajas de la factura eléctrica y otras ayudas a cambio de compromisos en eficiencia y mantenimiento de la actividad. Pero el adelanto electoral en abril dejó la tramitación, ya en su fase final, inacabada, y el bloqueo posterior a las elecciones ha impedido la entrada en vigor del texto. Otro de los proyectos que se ha quedado en el tintero es una nueva ley de Industria, que la ministra Reyes Maroto prometió para adecuar el sector español "ante los desafíos del siglo XXI".
Educación
Uno de los grandes frenos del sistema educativo español es el abandono escolar temprano, los jóvenes que dejaron los estudios entre los 18 y los 24 años que solo obtuvieron el título de la ESO. España se situó en 2018 en el 17,9%, lejos del objetivo del 15% pactado con la Unión Europea para 2020. Detrás de ese fracaso está el gasto público en educación, tremendamente cíclico y ligado a los vaivenes políticos. El objetivo de que la inversión en educación alcance el 5% del PIB (actualmente está en el 4,24% y la media de los países europeos es del 5,04%) fue el punto que hizo saltar por los aires la negociación de los partidos para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. El PSOE puso ese requisito y ante la falta de consenso se levantó de la mesa en la subcomisión que se creó en el Congreso de los Diputados. Eso fue en mayo de 2018. Desde entonces, los problemas siguen siendo los mismos. Una mayor estabilidad para las plantillas de profesores, mejoras en las infraestructuras, una atención más personalizada para los alumnos y formación de los docentes.
Una de las partidas más afectadas son las becas: no se han actualizado los umbrales de renta —que definen qué alumnos tienen derecho a percibirlas— y las cuantías a recibir, cantidades. A todo eso se suma la paralización de la nueva ley educativa impulsada por el PSOE (Lomloe).
Innovación
El proyecto de presupuestos que el PSOE no pudo sacar adelante incluía 6.729 millones de euros para investigación, desarrollo e innovación civil (I+D+i), 357 millones más que en 2018. Pero la investigación sigue estando arrinconada en el gasto público tras los enormes recortes que sufrió entre 2010 y 2016. "España ha perdido una década en I+D. El resto Europa invierte más que antes de la crisis y en cambio nosotros solo habríamos recuperado en 2018 el nivel de 2009 si se confirman los datos adelantados", apunta Jorge Barrero, director de Cotec para la Innovación.
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