El bloqueo político deja en el aire 5.000 millones para las autonomías

Las autonomías llevan meses tratando de tapar los agujeros que han aparecido en sus presupuestos. Los gobiernos autonómicos aprobaron las cuentas públicas de 2019 con las previsiones de ingresos del Ejecutivo central, pero los números no cuadran. La falta de un Gobierno estable que saque adelante los Presupuestos del Estado impide a Hacienda entregar a las autonomías unos 5.000 millones a cuenta del sistema de financiación. Algunas comunidades padecen ya tensiones financieras y exigen desbloquear ese asunto. La ministra María Jesús Montero se ha comprometido a buscar una solución que no termina de aparecer.

España lleva un lustro con el pie cambiado políticamente, pero a la vez con una economía pujante como pocas entre las grandes de Europa. Bélgica vivió sin Gobierno casi dos años durante la Gran Recesión y pasó algo parecido: la economía belga creció sin importarle la falta de timón político. Los problemas vinieron después: Bélgica es una economía sobreendeudada que apenas tiene colchones fiscales de cara a la próxima crisis, y algo similar sucede en España, con un agravante: la falta de Gobierno y de presupuestos empieza a provocar problemas en algunas comunidades, sin visos del nuevo modelo de financiación mil y una veces anunciado y sin las entregas a cuenta que les prometió el Gobierno central; lo que provoca ya tensiones de tesorería.

Las comunidades estaban esperando recibir 105.281 millones de euros este año por las entregas a cuenta del sistema de financiación, alrededor de 5.000 millones más de lo que percibieron el año pasado (en función del crecimiento previsto, el Gobierno estima el alza de ingresos públicos y adelanta a las autonomías una cantidad a la espera de que la realidad confirme esos números). La buena marcha de la economía se deja notar en la recaudación, y las comunidades quieren su parte de ese pastel: con esas previsiones elaboraron sus presupuestos de 2019. El aumento de recursos prometido les permitió proyectar mejoras en las prestaciones sanitarias y educativas, por ejemplo. Pero ese dinero no acaba de llegar y, sin él, cuadrar las cuentas es como tratar de solucionar un sudoku sin números suficientes.

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El Gobierno de Pedro Sánchez no logró sacar adelante los Presupuestos de 2019, lo que precipitó el final de la legislatura. Ese presupuesto es el que hubiera permitido hacer las transferencias que ahora no llegan. Así que el Ejecutivo en funciones solo puede autorizar las entregas a cuenta de 2018, sin la actualización de ingresos por la mejoría económica prevista para 2019 (la economía española, a pesar de los pesares, sigue creciendo por encima del 2%).

Esa falta de presupuestos, que difícilmente se corregirá aunque Sánchez logre una investidura en julio, provoca que las comunidades estén recibiendo 5.000 millones menos de lo previsto inicialmente. Los Gobiernos autonómicos, incluidos los socialistas, piden a Moncloa que maniobre para solventar el asunto y evitar así que los desequilibrios vayan a más. Los mercados son conscientes de esos riesgos: la agencia de calificación Standard & Poor’s pronostica “presiones” en los presupuestos regionales. “Las finanzas públicas de las comunidades han mejorado, pero persisten disparidades”, apunta S&P en una nota.

Hacienda reconoce el problema. “Hay una dificultad en este asunto”, ha admitido la ministra Montero. La intención del ministerio es “actualizar las entregas a cuenta para que las comunidades que las han consignado [en sus presupuestos] no hagan ajustes”, agrega. Sin esos fondos, los Ejecutivos autónomos podrían verse obligados a aplicar recortes.

Varias autonomías empiezan a alzar la voz. “Galicia lleva meses advirtiendo tensiones de tesorería por la no actualización de las entregas a cuenta”, advierten desde la consejería de Hacienda gallega. Cataluña presenta el mismo problema y empieza a protestar: la comunidad no tiene presupuestos por la incapacidad del Govern de Quim Torra de recabar apoyos para las cuentas públicas, y funciona con una prórroga de los presupuestos de 2017 y un plan de contingencia dependiente de los ingresos a cuenta volatilizados por falta de presupuestos del Estado. “Los anticipos que recibimos no corresponden a las previsiones que hizo el ministerio en su proyecto de presupuestos. Actualizados, estos anticipos deberían suponer 800 millones más al año”, explica Albert Castellanos, secretario general de Vicepresidencia y Hacienda, informa Josep Catà.

Montero intentó desatascar el asunto con un decreto, pero los servicios jurídicos de Hacienda le avisaron de que podía tener problemas. “Es de justicia que las comunidades se beneficien de algo que les corresponde, como es su participación en los ingresos tributarios”, señaló la ministra en funciones. Hacienda busca vericuetos jurídicos para desbloquear la situación. De eso depende la salud financiera de las autonomías.