La doble parálisis de gobierno en Cataluña

Cataluña vive una doble parálisis. Al Gobierno en funciones por la dificultad de Pedro Sánchez de conseguir los apoyos para su investidura hay que añadirle la inactividad de un Ejecutivo autonómico que está más centrado en la escenificación del procés que en la gestión. Desde la crisis política de 2017, el Gobierno de Quim Torra ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos y solo ha podido sacar adelante seis leyes, cuatro de las cuales modifican normas que ya existían. Las Administraciones locales lamentan que la doble parálisis les deja desamparados, especialmente en infraestructuras y atención social.

La inactividad parlamentaria en Cataluña ha echado raíces en todos los ámbitos, empezando por los cargos públicos. El pasado mes de marzo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, instó a los grupos a ponerse de acuerdo para renovar a más de un centenar de cargos públicos que tienen su mandato caducado. Desde el Síndic de Greuges hasta los consejos sociales de las universidades. El largo ciclo electoral ha hecho imposible avanzar en la renovación de los órganos, el 90% de los cuales tienen algún miembro con el mandato cumplido.

Ante la incapacidad para sacar adelante leyes, el Govern ha optado por usar la vía del decreto. Desde mayo de 2018, cuando Torra fue investido president, el Ejecutivo catalán ha aprobado 17 decretos leyes. Entre ellos, la prórroga presupuestaria y los suplementos de crédito que permiten capear la falta de presupuestos.

La oposición, que en abril aprobó en bloque una moción para reprobar la gestión de Torra por “inoperante”, señala que no solo no hay nuevas leyes, sino que las que existen no se desarrollan correctamente. El ejemplo más citado es la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, sobre la prestación que debía ampliar el espectro de personas vulnerables y que tenía que servir para luchar contra la pobreza. Desde que se empezó a desplegar, en septiembre de 2017, la gestión de las solicitudes ha estado muy criticada por el alto número de denegaciones. Solo el 21% de las 92.867 solicitudes valoradas se han aprobado. El Govern no ha sacado adelante un reglamento para desarrollar los aspectos concretos de la norma, y la comisión de gobierno de la Renta Garantizada no se ha reunido hasta este mes de junio, dos años después de aprobarse la ley. La pobreza sigue afectando al 21,3% de la población, según los últimos datos publicados por el Idescat.

“En el ámbito social, la parálisis afecta de forma muy sangrienta a las Administraciones locales, porque somos las que tenemos que hacer frente a la pobreza, y acabamos cubriendo competencias que no son nuestras”, afirma Janet Sanz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau. Sanz añade que la falta de un Gobierno y de unos Presupuestos en el Estado impide que se pueda invertir más en la Ley de Dependencia.

Si en algo coinciden la parálisis del Gobierno y la de la Generalitat es en desatender las infraestructuras. Por parte del Govern no existen ni calendario ni recursos para la línea 9 de metro en Barcelona, una infraestructura que empezó a construirse en 2002 y de la que solo funcionan dos tramos. Por parte del Gobierno, el símbolo de la parálisis es la estación de AVE de La Sagrera en Barcelona, así como los accesos viarios y ferroviarios al puerto, y el Corredor Mediterráneo.

La teniente de alcalde también recuerda que la Generalitat tiene otras dos leyes aprobadas que no están desplegadas: la del cambio climático —suspendida en parte por el Tribunal Constitucional— y la del transporte público. También se espera desde 2015 un reglamento sobre la Ley de Turismo, que debería determinar si los Ayuntamientos son competentes en la regulación de las habitaciones turísticas. “Necesitamos instrumentos y competencias en muchos ámbitos, la situación de parálisis produce un desequilibrio brutal”, lamenta Sanz.