El BCE analizará las consecuencias de la posible imputación del BBVA en el ‘caso Villarejo’

La Fiscalía Anticorrupción va a pedir la imputación del BBVA como persona jurídica después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo admitiera en prisión que el banco le contrató para defenderse de una OPA hostil de Sacyr. Una vez que el juez de la Audiencia, Manuel García Castellón, admita la imputación, el BCE analizará las consecuencias que pueda acarrear para el BBVA en cuanto a estabilidad financiera, es decir, si afecta a su negocio comercial, cotización y movimientos accionariales que pueda tener, según fuentes financieras consultadas.

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Mientras se desconoce el resultado de la investigación interna del BBVA sobre esta cuestión, iniciada hace más de un año, la Justicia sigue avanzando a su ritmo, de manera inexorable. Tras la declaración de Villarejo el pasado miércoles 10 de julio, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido pedir la imputación del BBVA. Villarejo ha dejado claro que fue la entidad la que le pagó por unos servicios, que no han quedado claros cuáles fueron, pero es un paso suficiente para considerar que el banco pudo haber cometido un delito por contratar de manera irregular a un funcionario público en activo.

Al margen de que hubiera sido Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA, el que le firmara las facturas, el pago lo realizaba el BBVA como entidad jurídica, según las facturas que se han publicado en diferentes medios.

El banco ha admitido haber pagado más de 10 millones de euros al expolicía entre 2004 y 2018. La futura imputación de Anticorrupción abarcará los últimos ejercicios, es decir, una vez que Carlos Torres, actual presidente, ocupara el puesto de consejero delegado, cargo al que accedió en 2015.

No obstante, la sola imputación de la entidad financiera en el caso Villarejo no implica automáticamente la de Torres, entonces número dos del BBVA, hasta que no se demuestre su relación directa con estos pagos, si es que la hubo. Este es un primer movimiento de la Fiscalía, que podría anticipar la imputación de otros directivos: Ángel Cano, que fuera consejero delegado (entre 2009 y 2015), ya está imputado en la causa, lo que podría anticipar que también lo estuviera en el futuro Francisco González, expresidente del BBVA entre 2000 y 2018.

Desde el punto de vista de la supervisión, el BCE entra en este asunto porque puede afectar la estabilidad financiera, ya que el BBVA es una entidad sistémica y el segundo mayor banco español. Para el organismo europeo, lo relevante son las consecuencias para el banco como institución, es decir, si perdiera negocio, tanto en depósitos como créditos, sufriera en la cotización o se viera afectado su gobierno corporativo.

En un primer momento, al BCE no le afecta que imputen a exdirectivos del banco, como Cano o, si llegara el caso, Francisco González. Lo relevante para el supervisor es que la causa alcanzara a altos cargos actuales o miembros del consejo de administración. En ese caso, sí analizaría a fondo la honorabilidad de los ejecutivos y las posibilidades de seguir adelante en sus puestos. Hasta el momento, en otros casos, el BCE ha sido tajante y ha pedido la salida de los directivos afectados para evitar problemas de reputación en los bancos.

Ocho directivos del BBVA —cuatro de ellos empleados actuales del banco y dos vinculados a él— han declarado como imputados por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la pieza separada del caso Villarejo. Además de los citados Cano y Corrochano, también está la actual responsable de seguridad, Inés Díaz Ochagavía; Javier Malagón Navas, ex director general de Finanzas e interventor; Antonio Béjar, responsable inmobiliario y ahora consejero delegado de Distrito Castellana Norte, y Ricardo Gómez Barredo, miembro del consejo de administración de Garanti, la filial turca de BBVA.