La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las ‘mafias del carburante’ al destapar un fraude de 150 millones en IVA

El pasado 22 de marzo, un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil se desplegaba por sorpresa ante las puertas de Torre Espacio, uno de los rascacielos más emblemáticos del Madrid financiero. Minutos después registraban la sede del Grupo Hafesa situada en la planta 31 del edificio. Horas más tarde la escena se repetía en la calle Velázquez de la capital, una de las zonas de viviendas de lujo. Imágenes similares se veían ese mismo día y jornadas más tarde en localidades de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Lleida y Girona. Se estaban produciendo las primeras detenciones de la llamada Operación Drake, una compleja investigación conjunta iniciada en 2015 por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que ha permitido asestar el mayor golpe dado nunca en España al fraude masivo en el impuesto del IVA protagonizado por las 'mafias del carburante'.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han desmantelado en los últimos 15 días dos grandes tramas empresariales, las mayores detectadas hasta la fecha, que se dedicaban a esta modalidad delictiva en la venta al por mayor de hidrocarburos. Entre ambas habían dejado de ingresar al fisco más de 150 millones de euros en este tributo. Una cifra que, según ha destacado este jueves el comandante Antonio Balas, responsable de las pesquisas, habría permitido "construir 25 kilómetros de vía del AVE o 50 de autopista". La macrorredada se ha saldado, además, con 21 detenidos, en su mayoría de nacionalidad española. Entre ellos se encuentran algunos imputados en otras operaciones similares. También se han intervenido dos millones de litros de combustible que acababan de llegar en un petrolero a puerto, 61 vehículos de alta gama y dos barcos de lujo, y se han bloqueado cerca de 350 cuentas bancarias y 155 inmuebles, estos últimos valorados en 50 millones de euros. En efectivo, los agentes localizaron en cajas fuertes e incluso escondidos en una moto cerca de un millón de euros en total.

Desde 2012, la UCO y la Agencia Tributaria han desarrollado otra media docena de operaciones similares contra este tipo de organizaciones criminales en las que han destapado un fraude total cercano a los 300 millones de euros y detenido o imputado a 194 personas. Fuentes del sector apuntan a que estas tramas mafiosas, surgidas de las lagunas legales de la liberación del mercado de los hidrocarburos, acaparan ya un 3% de las ventas y amenazan la viabilidad de los pequeños operadores del sector.

Las dos redes ahora desarticuladas operaban de manera muy parecida y tenían en común suministradores y varios clientes, aunque aún se investigan las supuestas conexiones que pudieran existir entre ellas. Los responsables de las mismas creaban empresas instrumentales que inscribían como intermediarias en la compraventa de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquirían legalmente importantes cantidades de productos petrolíferos a mayoristas tanto nacionales como internacionales. Ese combustible era revendido a estaciones de servicio (una de las organizaciones contaba, incluso, con su propia red de gasolineras) a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permitía colocar todas partidas adquiridas en un corto espacio de tiempo.

Las tramas exigían a sus clientes el pronto pago, incluido el impuesto del IVA. Sin embargo, ellas no ingresaban en el erario los tributos cargados. Para ello, en ocasiones simulaban con facturas falsas haber soportado en otras operaciones cantidades de este mismo impuesto muy similares. De este modo evitaban abonar dinero alguno al tesoro público o, como mucho, lo hacían en cantidades simbólicas. En otras ocasiones declaraban un volumen de ventas inferior al real e, incluso, presentaban declaraciones sin ingresos. El volumen de combustible que manejaban —a las dos tramas ahora desarticuladas se les han bloqueado dos millones de litros de productos petrolíferos en depósitos fiscales dispuestos para su venta— da buena imagen de la envergadura del negocio. Los investigadores calculan que llegaban a facturar "miles de millones de euros en un solo año".

Una vez que Hacienda detectaba las irregularidades en las declaraciones y reclamaba a la mercantil que cumpliera con sus obligaciones fiscales, esta desaparecía y dejaba el nombre de un administrador que era en realidad un testaferro. Además, la misma había sido vaciada patrimonialmente. Las sociedades no solían estar operativas más allá de un año, que es el tiempo en el que el fisco tardaba en detectar las irregularidades. Sin embargo, con ellas no moría el negocio, sino que la trama creaba en poco tiempo otra empresa similar que, además, heredaba la cartera de gasolineras que adquirían el combustible a bajo precio y el ritmo del fraude continuaba.

Las pesquisas también han permitido detectar los sistemas utilizados por las tramas para blanquear los ingentes beneficios conseguidos a través de estructuras societarias que terminaban derivando los fondos en la compra de inmuebles, invirtiendo en criptomonedas o evadiéndolos a terceros países. Parte de la investigación se ha centrado, precisamente, en destapar estas redes de lavados de fondos. En la Operación Drake, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha investigado un total de 292 sociedades y a 150 personas, además de analizar 1.085 cuentas bancarias. La investigación ha sido dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Getafe (Madrid).