Macrooperación contra el fraude masivo del IVA de hidrocarburos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están llevando a cabo una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podría ascender a más de 25 millones de euros, según fuentes del cuerpo armado.

La operación Burlao, en la se están realizando unas 20 detenciones, se desarrolla principalmente en Tarragona y Valencia, donde se prevén la mayoría de las detenciones y de la veintena de registros. En la operación se están realizando 21 registros en siete provincias españolas, dos detenciones en Portugal y cuatro registros en Italia y Portugal. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

La investigación se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, desvelando una presunta organización criminal con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos, menoscabando la actividad mercantil en ese sector estratégico que provocaría la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por la organización criminal, desvirtuando el mercado.

Hace apenas unas semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.

Según las mismas fuentes, el modus operandi de esa organización desmantelada en la operación El Dorado, es similar al de la trama de la que ha caído hoy.

Así, el fraude se lleva a cabo mediante la apropiación de las cuotas de IVA que mayoristas de hidrocarburos debían ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

Dado que son mayoristas, esas empresas no soportan el impuesto indirecto, pero sí lo repercuten a sus clientes. Además, la apropiación de las cuotas les permite vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.