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La UE señala las rendijas por las que se cuela el fraude fiscal y el dinero sucio

El Parlamento Europeo acusa a siete países de la UE, entre ellos Holanda y Bélgica, de "tener rasgos" de paraísos fiscales y pide una policía financiera comunitaria

Lluís Pellicer
Registro de las oficias del Deustche Bank, en Fráncfort, un caso de presunto blanqueo de capitales.
Registro de las oficias del Deustche Bank, en Fráncfort, un caso de presunto blanqueo de capitales.KAI PFAFFENBACH (REUTERS)

No son solo los paraísos fiscales. Los recientes escándalos sobre blanqueo de capitales en Dinamarca, Holanda o Malta han puesto de manifiesto que tras la aparente solidez de la legislación financiera europea se esconden multitud de puertas traseras, pasillos y corredores por las que se desliza también el crimen financiero. Un contundente informe aprobado este martes por el Parlamento Europeo traza un mapa de todas las rendijas por las que se escapan al menos 200.000 millones de euros anuales. Para sellarlas, entre otras medidas, el documento propone la creación de una fuerza policial y una unidad de inteligencia europeas.

La comisión especial de delitos financieros, conocida como TAX3, se creó tras los sucesivos escándalos masivos de evasión fiscal que han ido destapando varios medios de comunicación, a los que se han sumado los recientes casos del danés Danske Bank, el holandés ING o el Malta’s Pilatus Bank. Sus trabajos han culminado en un informe adoptado por 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones en el que carga, además, contra siete socios de la Unión Europea (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) por tener “rasgos de paraísos fiscales” y favorecer una planificación fiscal.

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Competencia fiscal. Según los cálculos más conservadores, la llamada planificación agresiva, que consiste en buscar las rendijas de los sistemas tributarios europeos para reducir la factura fiscal, supone la pérdida de entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales a la UE, equivalentes al 17% de la cantidad que ingresan sus socios por el Impuesto de Sociedades. El documento pone de relieve que el tipo de efectivo, de hecho, se ha reducido desde una media del 32% en el año 2000 al 21,9% en 2018 y llama a cerrar filas con Francia, que ha propuesta el concepto de la “tributación mínima” como una de sus prioridades durante su presidencia del G-7. Las prácticas de los gigantes tecnológicos han agravado la situación, por lo que el informe critica que Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia hayan bloqueado la creación de la tasa digital.

Sociedades pantalla. El informe llama a los países miembros y a identificar a los dueños de las letterbox companies (sociedades pantalla o empresas-buzón) y a fijar medidas para impedir las relaciones comerciales con ellas. Se trata de compañías que están situadas en una jurisdicción solo para propósitos de evasión fiscal y sin presencia económica significativa. El documento, en este punto, resalta el “elevado nivel” de flujos inversores que se canalizan a través de instrumentos especiales en siete países (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda), por lo que llama a la Comisión Europea a evaluar el papel que juegan estas entidades de propósito especial.

IVA. El informe recuerda que alrededor de 60.000 millones de euros, según la Europol, se esfuman cada año en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) por las operaciones transfronterizas en la UE. Dada la importancia de ese tributo en los presupuestos nacionales, subraya la necesidad de armonizar las reglas sobre el IVA a nivel europeo. Asimismo, aplaude que la Comisión Europea haya abierto expedientes infractores a Chipre, Grecia, Malta, Italia y la Isla de Man (Reino Unido) en relación a las deducciones de IVA por la compra de yates y jets privados.

Visados de oro. El Parlamento Europeo es contundente al respecto: pide a los países miembros acabar con los visados de oro. Varios países de la UE, entre ellos España, ofrecen permisos de residencia a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria o la compra de deuda pública. Algunos incluso dan directamente la ciudadanía. La Eurocámara estima que hasta ahora al menos 6.000 personas tienen ya la ciudadanía de un país de la UE y más de 100.000 se han beneficiado de los permisos de residencia. Recientemente, la Comisión advirtió de los riesgos de seguridad que ambas prácticas suponían para la UE.

Zonas francas. El documento adoptado por el Parlamento Europeo estima que en la UE hay más de 80 zonas francas en las que los bienes de terceros países pueden introducirse libres de impuestos, otras cargas y medidas de control policial. A su juicio, los puertos no deberían ser una suerte de paraísos fiscales, por lo que pide a la Comisión un análisis sobre el posible papel de esas zonas en la evasión fiscal.

Amnistías fiscales. El Parlamento Europeo admite que estas medidas se han podido adoptar para cerrar agujeros presupuestarios, pero advierte de que pueden servir para animar a los residentes a evadir impuestos y esperar a una próxima amnistía fiscal. Por ello, el informe pide a la Comisión un examen de todos esos procesos iniciados en el seno de la UE en los últimos años.

Blanqueo de capitales. Es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Comisión Europea, que ha visto cómo los Veintiocho le tumbaban su lista sobre países que favorecen el blanqueo de capitales y el crimen organizado. El Parlamento Europeo estima que por los circuitos financieros comunitarios circulan 110.000 millones de euros anuales para actividades ilícitas. El informe señala varios bancos vinculados con dinero procedente de Rusia: Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Banck Abp, ING, Credit Agricole, Deustche Bank… El informe reclama más cooperación comunitaria a través de una policía y una unidad que se dedique a los delitos financieros en la UE.

Protección de periodistas y filtradores. La Comisión TAX3 reclama que se proteja a los periodistas y a los llamados whistleblowers o filtradores, en especial después del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, que había estado investigando casos de corrupción política en Malta.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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