Bruselas propone eliminar el veto de los países sobre las políticas fiscales para acelerar los cambios

La Comisión Europea tiene en el cajón varias propuestas fiscales que ha tenido que guardarse tras el veto de países miembros. Solo cuatro de ellas, según los cálculos de Bruselas, podrían permitir incrementar la recaudación de los estados en alrededor de 390.000 millones de euros. El ejecutivo comunitario propuso este martes acabar de forma progresiva con la unanimidad que requiere la aprobación de una norma fiscal. El principal escollo con el que se topa es, precisamente, que acabar con el veto de las capitales requiere el visto bueno de los Veintiocho.

El Colegio de Comisarios adoptó este martes una comunicación en la que insta a los líderes europeos a aprobar una hoja de ruta para poner fin a la unanimidad en las cuestiones fiscales para que estas puedan ser aprobadas por mayoría cualificada. “La tributación es la última área de la Unión Europea donde la toma de decisiones reside exclusivamente en la unanimidad”, apunta la comunicación que ha publicado hoy el ejecutivo que preside Jean-Claude Juncker. La última propuesta en encallar ha sido la de la tasa Google ante la negativa de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

Ese cambio en las tomas de decisiones del Consejo se llevaría a cabo mediante el empleo de las llamadas cláusulas pasarela previstas en los tratados, que permitirían pasar de la necesidad del acuerdo total a la mayoría cualificada. Esta fórmula implica el visto bueno de un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que, a su vez, representen el 65% de la población. Bajo ese criterio, normas como la tasa digital hubieran salido adelante. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha recordado que la UE ha sido capaz de sacar adelante 14 proyectos. Sin embargo, ha lamentado que ese avance se haya producido a base de escándalos fiscales. “Cada vez que había uno se reaccionaba bajo presión de los medios de comunicación y la opinión pública”, afirmó Moscovici.

Bruselas es consciente, sin embargo, de los recelos que despertará esa propuesta en varios países, en especial en los que han tratado de atraer inversiones mediante una baja fiscalidad. “No quisiera reacciones negativas en los estados miembros. Proponemos que esa transición se haga en los temas más obvios y con más consenso para luego avanzar a otros”, sostuvo Moscovici. El proceso planteado por la Comisión Europea consta de cuatro etapas: de salir adelante, se empezará por las cuestiones vinculadas con la lucha contra el fraude fiscal, se seguirá con impuestos específicos –por ejemplo, los medioambientales—, en un tercer momento con tributos que ya están “ampliamente armonizados” como el IVA y se acabaría con todas las políticas que son necesarias para el mercado único y para garantizar la competitividad de la UE.

A pesar de las 14 normas que han podido aprobarse, la Comisión recuerda que otras cuatro han quedado atascadas. Esas cuatro propuestas, estima, suponen un coladero por el que se escapan 439.000 millones de euros. En concreto, las proposiciones sobre el IVA permitirían cerrar la brecha fiscal que suponen que las arcas públicas dejen de ingresar 147.000 millones de euros anuales; las del impuesto de Sociedades supondrían 180.000 millones más para los países miembros; la tasa sobre transacciones financieras aportaría 57.000 millones y el impuesto a las grandes tecnológicas, otros 5.000 millones.