El Gobierno se compromete a cambiar la fiscalidad de los vehículos

La fiscalidad del automóvil cambiará a corto plazo. Al menos así lo ha asumido el actual Gobierno y lo ha plasmado en un documento que asume lo que le demandan los grandes fabricantes de vehículos y que es lo suficientemente inconcreto para que lo asuma el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 28 de abril , sea del color que sea. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha presentado hoy el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, en el que apuesta por modular los actuales impuestos que gravan la tenencia de vehículos --el de matriculación cuando se adquiere uno nuevo y el de circulación que se paga anualmente a los municipios de residencia-- y primar a los coches menos contaminantes y el pago por uso, tal y como está sucediendo en otros países europeos.

"La armonización nos va a permitir gravar solo una vez frente a las dos actuales el mismo hecho imponible. Creo que es un beneficio para el consumidor", ha señalado hoy en Madrid Maroto, quien, en todo caso, ha asumido: "No está cerrada ninguna propuesta".

Esa era una de las demandas que históricamente ha puesto sobre la mesa el sector de la automoción. Este cree cada vez menos en el impuesto de matriculación, que considera que penaliza la adquisición y su mercado, y apuesta por gravar el uso a través del impuesto de circulación, a través del cual se podrían tomar medidas más concretas para mejorar el mediambiente de las ciudades, en función de las necesidades de cada una de ellas.

El plan es fruto de un rápido pacto entre Administración, patronales y sindicatos que, fuentes del sector, aseguran que se habría fraguado en apenas tres encuentros, dadas las prisas de la convocatoria electoral. En él el Ejecutivo se compromete a inyectar 2.634 millones de euros públicos en planes para rejuvenecer el parque automovilístico y las plantillas de las fábricas, además de incentivar la investigación y el desarrollo (I+D+i) y la creación de la infraestructura necesaria para el despegue del coche eléctrico. Con esa inversión pública se espera arrastrar más recursos privados, por lo que se prevé que la inversión final vinculada al plan alcance los 9.726 millones entre 2019 y 2025.

Por primera vez, el documento introduce la idea de los planes de achatarramiento, otra reivindicación que el sector cree necesario para acabar con uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa, responsable, a ojos de fabricantes y concesionarios, de la alta contaminación.

En todo caso, la patronal que integra a las marcas presentes en España, Anfac, se limitó a señalar que el plan solo cumple su papel como "punto de partida" que no solventa su problema más acuciantes. Las ventas de vehículos acumulan seis meses de caídas en España y el diésel, una de las especializaciones del sector en España, está bajo mínimos. De ahí que Anfac reclamara un "plan de choque" ante el deterioro del mercado de los últimos meses.

La patronal es cada vez menos optimista sobre este año y ya prevé una contracción al final del año de entre el 25 y el 3% respecto al año pasado, cuando las matriculaciones crecieron un 7% pese a la brusca caída de los últimos cuatro meses del año. Anfac reclama señales desde la Administración que den confianza a los consumidores, al mercado y a las empresas y que priorice un "plan estructural de renovación del parque".

El acuerdo presentado por el Gobierno pretende rejuvenecer el parque español de automóviles, impulsando tecnologías menos contaminantes, y ayudar en la transformación de las plantas españolas, para que asuman la producción de vehículos más sostenibles. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria a falta de matrices automovilísticas en territorio español.

El debate entre Administración, fabricantes, vendedores y sindicatos deberá continuar tras las elecciones en la Mesa de Movilidad Sostenible y Conectada. Será en ese foro de trabajo en el que se tendría que realizar una profunda reflexión sobre un nuevo marco fiscal y la forma como se lleva a cabo el rejuvenecimiento del parque, con planes de estímulo a los vehículos bajos en emisiones y el incentivo para la inversión en puntos de recarga.

Aunque el documento que sirve de marco del acuerdo hace continuas referencias a los vehículos menos contaminantes, no opta por ninguna tecnología en concreto. Esa ha sido la gran batalla que han mantenido durante el actual mandato los ministerios de Industria, más próximo a los fabricantes, y el de Transición Ecológica, que ha optado por la prohibición de los impulsados con gasolina o diésel, incluidos los híbridos.

El plan prevé ayudas a los fabricantes para impulsar la construcción de vehículos eléctricos en España, uno de los grandes problemas actualmente.