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Un juez investiga al alcalde de Palma por prevaricación por prohibir los pisos turísticos

El juzgado admite la querella presentada contra Antoni Noguera (Més per Mallorca) por la patronal de las viviendas turísticas

Palma de Mallorca
Edificios en Palma de Mallorca. getty

El juzgado de instrucción número 5 de Palma investiga al alcalde de la capital balear, Antoni Noguera (Més per Mallorca), por un presunto delito de prevaricación administrativa o urbanística por la prohibición del alquiler turístico en pisos y apartamentos de toda la ciudad. La normativa de la capital balear sólo permite el arrendamiento vacacional en viviendas unifamiliares —chalés o casas aisladas— después de que el pasado verano el equipo presidido por Noguera prohibiera el ejercicio de esta actividad en inmuebles plurifamiliares, como pisos o apartamentos. El juzgado ha admitido la querella presentada el pasado mes de noviembre contra el alcalde por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR).

Según ha explicado la patronal, en un auto dictado esta semana la magistrada consideró que los hechos denunciados presentan características “que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y/o un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal”. La jueza ha solicitado una serie de documentación para empezar la investigación, como los informes que el Consistorio entregó a la empresa encargada de diseñar la propuesta inicial de limitación del alquiler vacacional.

La reforma de la Ley General Turística impulsada por el Gobierno de la socialista Francina Armengol en verano de 2017 prohibió el arrendamiento vacacional en pisos y apartamentos, pero dejó en manos del Ayuntamiento de Palma la posibilidad de aplicar una regulación local que permitiera esta actividad en determinados barrios. El Ayuntamiento dirigido por Noguera decidió no dividir la ciudad en áreas y en el mes de julio del año pasado aprobó la declaración de la capital como zona única, prohibiendo de facto los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares de toda la ciudad. La propuesta salió adelante con el apoyo del PSOE, que ostentó la vara de mando de la alcaldía durante los dos primeros años de legislatura, y de Podemos. El PP se decantó por la abstención y Ciudadanos votó en contra.

Dos denuncias más

Tras la prohibición del Ayuntamiento, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos presentó en noviembre una querella por prevaricación contra Noguera, al considerar que pudo haber incurrido “en conductas ilícitas”, señalando a la elaboración de informes urbanísticos “completamente arbitrarios” que, según afirman, no se ajustan a la realidad y tienen la única intención “de culminar el plan preconcebido de terminar con la vivienda turística en el municipio”. Antes de aprobar la medida, el equipo de gobierno encargó una serie de estudios sobre el impacto de esta actividad en la ciudad, que revelaron que el 48% de los pisos de alquiler turístico se ofrece en periodos de entre siete y ocho meses, lo que vetaba posibilidades a la entrada de alquiler residencial de larga temporada en el mercado.

A la denuncia de FEVITUR se suman los dos recursos presentados por la patronal de viviendas turísticas de Baleares (HABTUR) por la vía del contencioso-administrativo contra la zonificación del alquiler turístico en Mallorca y en Palma. A diferencia de la capital balear, el equipo de gobierno del Consell de Mallorca delimitó la práctica del arrendamiento vacacional en determinadas zonas de la isla. En base a criterios de densidad y población, el Consell insular permite el alquiler turístico en pisos de determinadas áreas, lo delimita a un periodo máximo de días al año en otras y lo restringe por completo en ciertos municipios.

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