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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El vértigo de la inestabilidad

La incertidumbre que provocan las perspectivas económicas sería menor con mayoría parlamentaria

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Emilio Naranjo (Efe)

No siempre es fácil interpretar los resultados de una encuesta. El Barómetro de Empresas que hoy publica Negocios contiene unas conclusiones contundentes. El 47% de las empresas consultadas por Deloitte califican la gestión del Gobierno de “mala o muy mala”; solo un 11% apoyan las decisiones económicas del presidente. Una opinión general depresiva que sin duda obedece a causas muy concretas. La primera y más importante es que Sánchez ha variado el sentido de la política tributaria. A un Gobierno como el de Rajoy aficionado a la retórica de la “bajada de impuestos” como remedio a todos los males (para el PP existen las recetas mágicas en economía) le ha sucedido otro que denuncia el bajo rendimiento del impuesto de sociedades y propone cambios para aumentar la recaudación fiscal. Los impuestos tocan el nervio de las empresas; y si se añade la voluntad de rectificación parcial de la reforma laboral, queda explicado casi en su totalidad el repudio de la política económica actual. Por más que buena parte de esa política económica sea una mera declaración de intenciones.

La respuesta de las empresas, contundente, tiene que leerse con otro código menos nacional y más global. En los últimos dos meses se detecta entre los analistas e inversores un temor difuso pero desasosegante a una nueva recesión. No se trataría de una crisis como la de 2008, sino de una desaceleración profunda de la economía para cuyo tratamiento no habría ya terapias convincentes, debido a la persistencia todavía de políticas monetarias expansivas y la desaparición casi total —en la eurozona, desde luego— de las políticas presupuestarias o fiscales.

La desaceleración económica ya es un hecho. No es casual que las contradicciones de las políticas monetarias y fiscales se aprecien con claridad en Estados Unidos. Allí, la tasa de crecimiento del PIB es elevada y la de creación de empleo también lo es. Pero esta expansión de la economía se está consiguiendo con una política económica radicalmente procíclica, que actúa mediante la aportación masiva de inversiones y recortes de impuestos sobre una situación previa de crecimiento sostenido conseguida en el mandato de Obama. De forma que el mismo artificio que infla la expansión obliga a tomar medidas para evitar el recalentamiento económico, es decir, a elevar los tipos de interés. La “buena situación de la economía” estadounidense es una afirmación que habría que analizar a fondo; quienes ya lo han hecho no pueden ocultar su inquietud para 2019 y 2020.

Las empresas saben o temen que el modelo que permitió dejar atrás la recesión en España está agotado. Incluso pueden llegar a sospechar que ese modelo, basado en la depresión de las rentas, la precariedad y el ajuste presupuestario que guillotina educación, sanidad e inversión pública, probablemente constituye hoy un obstáculo, bien para sostener una cierta tasa de crecimiento, bien para afrontar una nueva recesión. ¿Resistiría hoy la sociedad española otros cinco años de austeridad (eufemismo por recortes) sin poner en peligro la estabilidad social? ¿Cuál es el coste institucional de mantener crecimientos próximos a cero de los salarios, cuando no reducciones obligadas, en un momento de declarada bonanza económica?

El Barómetro ofrece conclusiones muy claras y expresa el vértigo que produce un hipotético cambio de política económica servido con una minoría parlamentaria. El vértigo sería menor si en el Parlamento existiese una mayoría parlamentaria. De ahí la petición de que se adelanten las elecciones.

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