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La doble derrota de Competencia

Además de perder en los tribunales, la CNMC se ve obligada a indemnizar a las empresas a las que intenta sancionar

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en noviembre pasado.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en noviembre pasado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha llevado en los últimos años varios reveses en forma de sanciones millonarias anuladas en los tribunales. Competencia ha visto cómo su trabajo de inspección y sanción ha quedado en nada después de que grandes compañías hayan recurrido sus multas en los tribunales. Las eléctricas, las telecos, las energéticas... Todas han conseguido revocar sanciones y, de paso, desautorizar a la autoridad reguladora.

Pero la CNMC se enfrenta en los últimos años a otro problema derivado de la anulación de sanciones, y tan desconocido que no hay registros públicos ni se menciona en las memorias anuales del organismo: las indemnizaciones que está pagando a las empresas por los gastos de aval en los que incurren durante el proceso. Es una especie de efecto secundario de las derrotas en los tribunales: las empresas, tras ganarle los pleitos a Competencia, le reclaman el dinero que esta les obligó a gastar para defenderse.

Competencia ha tenido que indemnizar en los últimos años con un mínimo de 2,2 millones de euros, según datos obtenidos por EL PAÍS a través de solicitudes de acceso a la información pública y recopilación de sentencias judiciales firmes. En algunos casos, el propio Ministerio de Economía ha ordenado a la CNMC el pago. En otros, tras la negativa de la Administración (se trata inicialmente de un procedimiento de responsabilidad patrimonial), las empresas han recurrido a los tribunales para recuperar esos gastos, que van desde pocos miles de euros al medio millón.

Una de las últimas en ganar ha sido Endesa. La CNMC le ha pagado los 184.664,35 euros que le costó constituir un aval para responder por una multa de 26,6 millones. Se trata de la famosa sanción que impuso Competencia (entonces la Comisión Nacional de la Competencia, CNC) en 2011 a las cinco grandes compañías eléctricas y a la patronal Unesa por pactar precios. Con 61 millones en total, fue la segunda mayor multa del organismo tras la que impuso al sector asegurador en 2009 (de 120,7 millones).

En 2015 la Audiencia Nacional anuló la sanción. Lo hizo basándose en una sentencia anterior del Tribunal Constitucional que había anulado el registro de la sede de Unesa en el que se encontraron las pruebas decisivas para probar las prácticas anticompetitivas: correos electrónicos y notas manuscritas donde los directivos diseñaron su estrategia. El Supremo falló que la orden de registro vulneraba el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Competencia no había identificado debidamente el objetivo y el objeto de la inspección.

El Consejo de Estado, consultado por el Ministerio de Economía, considera que hay que indemnizar a Endesa porque las actuaciones inspectoras que sirvieron de base para la sanción “adolecían de graves deficiencias con afectación de derechos constitucionales”. Y concluye que “no existe el deber jurídico de soportar los efectos de la ejecutividad del actuar administrativo que posteriormente resultó anulado”. También Gas Natural (ahora Naturgy) ha recuperado 247.809,45 euros por los gastos del aval que suscribió en ese mismo expediente.

Fuentes del sector energético confirman que en los últimos años y tras ganar en los tribunales a Competencia, varias grandes empresas han solicitado estas compensaciones, especialmente si el gasto del aval ha sido elevado. Añaden que, en general, están ganando, aunque les cueste meses de pleito judicial. Competencia ha tenido que indemnizar a constructoras como Orsa y CHM. También a aseguradoras como Munich Re o Mapfre. A esta última le pagó 531.886 euros.

Revisando la doctrina reciente del Consejo de Estado se encuentran también casos de grandes empresas que litigan por cantidades muy pequeñas, como los 7.404,99 euros que le reclamó Iberdrola a Competencia. Eso fue lo que le costó el aval por una multa de 901.518,16 euros impuesta por abuso de su posición de dominio en el mercado. La multa fue anulada judicialmente y la eléctrica pidió la devolución. La antigua CNC hizo caso omiso del dictamen favorable del Consejo de Estado y denegó la indemnización, así que Iberdrola fue a la Audiencia Nacional, donde finalmente ganó.

Órgano consultivo

No es la única vez que la autoridad de competencia decide ignorar un dictamen del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Volvió a ocurrir también con Iberdrola, esta vez con una indemnización de 92.400 euros que la eléctrica solicitó tras anularse la sanción de 15,4 millones de euros que le quiso imponer Competencia. Una vez más, la empresa recurrió a la Audiencia Nacional, y ganó a finales de 2013. Las empresas consultadas declinaron comentar estas indemnizaciones.

El dinero para pagar este tipo de indemnizaciones sale del presupuesto de la CNMC, aunque en sus cuentas anuales no lo especifica. El organismo no aclaró, a preguntas de EL PAÍS, de qué partidas salen ni cómo se gestionan. Alguna de las compensaciones ha sido elevada, como una de 2013, cuando la Audiencia Nacional condenó a la antigua CNC a indemnizar a Telefónica con más de medio millón de euros (526.243,21). La CNC había multado a la empresa de telecomunicaciones con 57 millones de euros por competencia desleal. Supuestamente había difundido con anuncios de televisión y argumentarios informaciones que confundían al usuario y eran denigrantes para los competidores.

La sanción fue suspendida en los tribunales mediante la prestación de aval bancario. Finalmente se anuló. En mayo de 2012 el Consejo de Estado dictaminó que procedía indemnizar, pero unos meses después la antigua CNC resolvió no hacerlo. Telefónica volvió a los tribunales y no solo ganó el importe del aval, sino que consiguió que los jueces condenaran a Competencia a pagar las costas.

La Audiencia Nacional anuló el 65% de las sanciones en 2017

Para la CNMC la batalla judicial por las multas a las empresas que participan en carteles o que incurren en prácticas monopolísticas se ha convertido en una tarea más. Las compañías recurren las sanciones casi por defecto y estas solo se resuelven varios años después de haberse impuesto, generalmente tras pasar por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, que las convierte en firmes o las anula definitivamente. Multas millonarias impuestas por la autoridad de competencia han resultado anuladas en los últimos años. En octubre pasado ocurrió con la sanción, de 88 millones, a varias industrias lácteas por supuestamente repartirse el mercado de la leche cruda en España. La Audiencia Nacional la anuló por defectos formales.

El organismo que preside José María Marín Quemada presentó en mayo pasado un informe sobre el resultado de los pleitos judiciales. En 2017 la Audiencia Nacional le dio la razón solo en el 35% de sus fallos, mientras que en el Tribunal Supremo obtuvo un éxito mucho mayor: el 85% de las sentencias fueron a su favor. El informe recoge datos del periodo 2014-2017. En estos tres años, de 307 sentencias dictadas —cada empresa recurre por su cuenta, y en un solo expediente puede haber más de una decena de sancionadas—, solo 166 fueron favorables. La CNMC considera favorables tanto las que confirman la sanción en su totalidad como las que revisan la cuantía de las multas, que en algunos casos se reduce a la mitad.

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