CEOE se suma al acuerdo de sindicatos y Trabajo para lanzar el plan de choque por el empleo juvenil

El Gobierno ha conseguido que el plan de choque por el empleo juvenil salga adelante con el aval de los sindicatos y los empresarios. La marcha de las conversaciones de las últimas semanas hacía pensar que las patronales CEOE y Cepyme no se sumarían al acuerdo, ya casi ultimado que tenían UGT, CC OO y el Ministerio de Trabajo. Pero finalmente, tras la llegada de Antonio Garamendi a la presidencia de CEOE el 21 de noviembre, la organización se ha sumado este miércoles.

Este pacto permite al nuevo presidente de CEOE comenzar su andadura con un acuerdo con el Gobierno y con los sindicatos. Además, lo hace en la parte más sencilla: un plan de choque por el empleo juvenil en el que las medidas planteadas no suponen desgaste alguno para la organización que dirige Garamendi. Más difícil puede ser llegar a pactos en otras negociaciones abiertas, como las que hay para reformar la negociación colectiva.

"El acuerdo se ha alcanzado a la vista de la necesidad de adoptar medidas positivas para promover e impulsar el empleo de las personas jóvenes a través de un plan integral que materializa el compromiso de los integrantes de la mesa con los jóvenes, y tras el necesario proceso de negociación, debate y discusión en el marco del diálogo social. El plan se remitirá al Consejo de Ministras y Ministros para su aprobación y a la Mesa General de Diálogo Social", señala el comunicado conjunto que han emitido este miércoles por la tarde tras una última reunión por la mañana. 

Respecto al contenido del plan, según las últimas versiones del plan, se mantiene la medida estrella, la primera de las 50 que contiene: la contratación de 3.000 orientadores laborales, que se encargarán de asesorar a los desempleados para que vuelvan a encontrar empleo cuanto antes y de sondear el mercado para encontrar ofertas de trabajo. No obstante, esos 3.000 orientadores no serán fijos, sino "funcionarios interinos en la modalidad por programa por un máximo de 18 meses".

"Finalizada la duración del programa temporal, se procederá [...] a la evaluación de los resultados del mismo. Del resultado de dicha evaluación se determinará la continuidad del mismo hasta el máximo legal permitido, su finalización definitiva o bien la articulación a través del instrumento de planificación de recursos humanos pertinente para la incorporación de personal de forma estable por parte de cada Comunidad Autónoma", continúa el último borrador, al que ha tenido acceso este diario.

Fuentes de Trabajo apuntan que su intención inicial del actual Ejecutivo es la de estabilizar estas plazas. No obstante, el plazo fijado, 18 meses, y la incertidumbre sobre la situación política no aseguran que eso vaya a suceder. Ya hay un precedente al respecto. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se contrató a 3.000 orientadores laborales. En 2012, cuando se acentuaron los recortes, ya con el PP en el Gobierno, estos fueron despedidos.