Bruselas investiga a Volkswagen, BMW y Daimler por frenar el desarrollo de coches menos contaminantes

La industria alemana del automóvil vuelve a estar bajo sospecha. La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación a BMW, Daimler —fabricante de Mercedes— y Volkswagen —incluidas sus marcas Audi y Porsche—. Bruselas quiere saber si tras la fachada de buenas intenciones ambientales y propósitos de enmienda que han seguido a los escándalos de los últimos años, los grandes fabricantes alemanes escondían un acuerdo común para no competir en el desarrollo de tecnologías que permitieran reducir las emisiones. "Si se prueba, esta confabulación puede haber privado a los consumidores de la posibilidad de comprar coches menos contaminantes, a pesar de que la tecnología estaba disponible para los fabricantes", ha afirmado en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

El Ejecutivo comunitario ha puesto el foco en dos tecnologías en torno a las que pudo haber pactos secretos: un sistema que permite reducir las emisiones nocivas de óxido de nitrógeno en vehículos diésel, y un filtro que haría descender las de partículas contaminantes en coches de gasolina. En octubre de 2017, los inspectores comunitarios irrumpieron por sorpresa en las sedes de los cinco grandes fabricantes alemanes para buscar pruebas de esa maquinación conjunta para no acelerar en la evolución de sistemas que hicieran los vehículos más limpios, aunque de momento no hay una acusación firme, solo indicios.

En el punto de mira están varias reuniones. En ellas, los responsables de las compañías abordaron la cuestión de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera, el gran dolor de cabeza de los fabricantes desde que hace tres años se demostrara que Volkswagen utilizó dispositivos ilegales para falsear los datos de partículas reales que salían del tubo de escape. Por ahora, Bruselas afirma que las nuevas pesquisas no muestran que haya habido coordinación para emplear mecanismos ilegales similares. Pero de demostrarse que esos encuentros sirvieron para pisar el freno en la inversión de tecnologías limpias o en su aplicación en los vehículos, las marcas se arriesgan a una sanción económica. La mayor multa de este tipo llegó en 2016, cuando Bruselas castigó a cinco fabricantes de camiones con 2.900 millones de euros en total por pactar precios y estándares de emisiones durante más de una década.

Volkswagen, BMW y Daimler se han mostrado dispuestas a colaborar con la investigación. El montante final a desembolsar en caso de que sean culpables depende en gran medida de su implicación en esclarecer los hechos. Las compañías que desvelan las irregularidades suelen evitar las multas o verlas reducirse respecto al resto. Con ese objetivo, Daimler, autora del chivatazo, ha asumido en este caso el papel de revelar a Bruselas toda la información sobre la actividad del presunto cártel para librarse de pagar.

Las reglas de Competencia europeas prohíben la creación de cualquier cártel que perjudique a los consumidores, no solo en el ámbito de la fijación de precios, sino también en el de la manipulación de herramientas tecnológicas para beneficio de las empresas. No solo eso. En un sector en el que llueve sobre mojado, las malas prácticas volverían a colocar al antaño orgullo empresarial de Alemania en una posición complicada de cara a la opinión pública, justo en un momento en el que las Administraciones agilizan las leyes para poner fecha de caducidad a la circulación de automóviles diésel por las carreteras europeas.