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La larga (y peligrosa) resaca de la Copa del América persigue a Valencia

Bruselas investiga si el crédito concedido por el ICO para la reforma del puerto constituye una ayuda ilegal de Estado

Vista de la dársena del puerto de Valencia.
Vista de la dársena del puerto de Valencia.

La Copa del América, la glamurosa competición internacional de vela que Valencia acogió hace una década, sigue dando quebraderos de cabeza al Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad. Las tres Administraciones crearon un consorcio para sufragar la adecuación del puerto al acontecimiento deportivo, unas obras que dieron lugar al gran espacio público que hoy se conoce como la Marina de Valencia. La Comisión Europea investiga ahora si el crédito de 319 millones de euros para financiar los trabajos, concedido por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y avalado por el Tesoro, constituyó una ayuda ilegal de Estado.

Bruselas ha remitido a las Administraciones españolas tres misivas reclamando información, la última hace unos días. Las cartas ponen en duda la legalidad tanto del préstamo como de la explotación de la Marina por parte del consorcio desde la celebración de la última regata, en 2010, y también del reciente anuncio de que el Gobierno asumirá el pago del crédito del ICO, del que el consorcio no ha pagado ni un euro.

La dirección general de la competencia del Ejecutivo comunitario afirmó en su penúltima carta, enviada el 31 de julio, que a su juicio el consorcio “realiza una actividad comercial que está supeditada a las normas sobre ayudas estatales” y que durante años ha estado “recibiendo ayuda ilegal”.

El asunto causa sudores fríos en Valencia, donde se recuerda el varapalo de la Comisión a la Ciudad de la Luz de Alicante. Bruselas exigió en 2012 que los estudios de cine reintegrasen a la Generalitat los 265 millones de euros que el Gobierno autonómico invirtió en su construcción tras la denuncia de la compañía cinematográfica inglesa Pinewood. Como el complejo era incapaz de devolver el dinero, la Comisión impuso la obligación de sacarlo a subasta dos veces —la segunda con un precio de partida de 96 millones—, pero quedaron desiertas. El Consell del socialista Ximo Puig, que había heredado el problema de la etapa del PP en la Generalitat, convenció a Bruselas de que aceptara la fórmula de la dación en pago. La Generalitat se quedó con la propiedad de los estudios, pero la Comisión impuso severas restricciones a su aprovechamiento económico durante 15 años, que posteriormente ha suavizado.

La nueva investigación comunitaria empezó con la denuncia del puerto deportivo de la Pobla de Farnals, un pueblo de 7.000 habitantes situado a pocos kilómetros al norte de Valencia, que consideraba que la marina había echado por tierra el precio de los amarres en su desesperado intento de lograr ingresos tras las regatas celebradas en 2007 y 2010.

Con el préstamo del ICO se pagó la reforma de la dársena del puerto y la construcción de un canal de acceso. Se levantó el edificio Veles e Vents, diseñado por David Chipperfield, y las bases de los 11 equipos que participaron en la competición náutica, creada en 1861. Se urbanizaron 230.000 metros cuadrados de terrenos portuarios, que quedaron integrados en la ciudad. Y se crearon 735 amarres, 75 de ellos destinados a yates de más de 35 metros de eslora.

Esta última parte de la inversión, y el hecho de que las Administraciones hayan mantenido en funcionamiento el consorcio creado para la Copa del América para explotar las instalaciones y obtener ingresos con los que empezar a devolver el préstamo del ICO, algo que no sucedió por el descalabro del sector náutico con el estallido de la crisis, representan el principal punto débil de la Marina de Valencia ante Bruselas.

Polo de innovación

El consorcio tuvo por primera vez beneficios operativos en 2017 y está pagando, mediante un embargo judicial, una póliza de crédito vinculada al préstamo del ICO. Sus ingresos alcanzaron el pasado ejercicio siete millones de euros, de los cuales el 40% procedieron de los amarres —hace unos años, la partida suponía el 80%—. El resto del dinero provino del alquiler de espacios, ligado al plan de los actuales responsables de la Marina de convertirla en un polo de innovación económica, cultural y formativa. En el idílico lugar junto al mar se ha instalado Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, dueño de Mercadona; la incubadora de tecnología financiera impulsada por Bankia, llamada Insomnia; se espera el desembarco de un centro de ciberseguridad de Telefónica, y funcionan varios bares y restaurantes.

La Comisión ha hecho saltar las alarmas al preguntar a España no solo por los amarres, sino también por el resto de finalidades contempladas en el plan estratégico de la Marina, mencionando las de carácter industrial y turístico, y advirtiendo que hay “varios competidores” que podrían haberse visto perjudicados por su actividad.

Las Administraciones españolas preparan una respuesta coordinada a Bruselas. Los responsables de la Marina y la Generalitat consideran que la situación es muy diferente a la de la Ciudad de la Luz, creada en su día para competir en el mercado cinematográfico. En el peor escenario, el de la sanción, creen que se limitaría a la construcción y explotación de amarres, que supusieron una parte significativa, pero menor, del crédito del ICO. El resto de obras estuvieron vinculadas directamente con la celebración de una competición deportiva internacional que fue declarada de interés general por el Gobierno. Y no creen que pueda reprocharse el aprovechamiento de las infraestructuras una vez terminadas las regatas. Sería, dicen, como impedir explotar económicamente los estadios levantados para los Juegos Olímpicos.

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