La Marina Real se ahoga en deudas

Valencia no ha tenido unos Juegos Olímpicos como Barcelona ni una Exposición Universal como Sevilla y Zaragoza que le sirvieran de revulsivo para renovar su fisonomía urbana. La única competición internacional de la que la capital puede presumir es de la Copa del América, que se disputó en Valencia los años 2007 y 2010. La Marina Juan Carlos I, surgida al calor de la regata, se ha convertido en un legado envenenado, con deudas que rondan los 500 millones de euros. 

La Marina ha sufrido dos procesos de embargo y se enfrenta a un tercero a finales de octubre si los gestores del Consorcio Valencia 2007, ente público del que forman parte los gobiernos central, autonómico y local, no encuentran una salida negociada a su problema financiero.

El consorcio, organizador de la Copa del América y posteriormente gestor de la Marina, no ha salido nunca de los números rojos. Está por devolver el crédito de 320 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las obras que convirtieron Valencia en puerto de salida de la regata. Casi dos décadas después, la cifra ronda los 430 millones de euros, según fuentes municipales.

Pero la mayor inquietud del Consorcio y del nuevo Gobierno local de Valencia (Compromís, socialistas y València en Comú) es devolver un producto financiero contratado con el Banco de Santander como seguro de cobertura y rentabilizar uno de los espacios más privilegiados del Mediterráneo. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, consiguió antes de los últimos comicios un aplazamiento con la asistencia del Gobierno español. Pero el 22 de octubre, de 66 millones de euros, volverá a llamar a la puerta del Consorcio.

La gestión de este espacio de ocio, donde se han instalado industrias náuticas, restaurantes y locales de copas -además del negocio típico de los amarres-, no ha sido rentable por los años que ha permanecido paralizado -ya sea por problemas administrativos o por la falta de entendimiento entre sus socios públicos-.

Según datos a los que ha tenido acceso el diario, la cifra de ingresos ha sido desde el principio testimonial frente a un pasivo cada vez más abultado y un creciente número de empleados. El Consorcio ingresaba en 2009 2,5 millones de euros , acumulaba un pasivo de 338 y cerraba con unas pérdidas de 21 millones de euros.

En 2010 se produjo un salto en la facturación hasta los seis millones de euros por la celebración de la edición de la Copa del América, pero el pasivo crecía hasta los 359 y las pérdidas no aflojaban el ritmo. Aquel año, en concreto, llegaron a los 26 millones de euros. En 2014, la facturación se situó en los 3,8 millones de euros, el pasivo en los 437 millones y las pérdidas se habrían cuadruplicado. El patrimonio neto siempre ha sido negativo, según fuentes municipales, y ha pasado de los 61 millones de euros de 2009, a los 218 millones de 2014.

En cuanto al personal que trabaja para el Consorcio Valencia 2007, la plantilla ha pasado de los 27 trabajadores de 2009, con un coste de 1,24 millones de euros; a los 32 trabajadores del año pasado, con un coste de 1,3 millones de euros. Pablo Landecho, el penúltimo director del Consorcio, nombrado por Barberá, dimitió del cargo hace unos meses y le ha sustituido el que fuera director financiero.  

Compromís, partido al que pertenece el actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, se empeñó todavía en la oposición de conocer la situación económica del ente. A trancas y barrancas desveló la situación de indigencia en que se encontraba el proyecto. Todos los grupos políticos municipales impulsaron y aprobaron mociones en las que instaban al Gobierno central a "condonar" la deuda del ICO. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo abrió la puerta a una posible reestructuración de la deuda cuando mejorase la economía española.

Y en esas están todos. Desde los comicios de mayo se ha reunido en un par de ocasiones la comisión permanente del consorcio, pero el pleno, con las tres administraciones presentes, todavía está pendiente de fecha. Ha de reunirse antes del 22 de octubre para tomar decisiones.

"Hay una preocupación grave por el 22 de octubre", reconoce el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, el socialista Joan Calabuig, miembro del Consorcio. Un juzgado de Valencia suspendió el embargo previsto el 27 de mayo pero la situación es preocupante y urge solucionarla.

Calabuig distingue los deuda del ICO, ahora mismo avalada por el Tesoro de España, de la contraída con la entidad bancaria. De la primera opina, al igual que el resto de grupos políticos, que la debe asumir el Estado como en su día sufragó gran parte de las infraestructuras necesarias para los Juegos Olímpicos o las Expo, pero la segunda no admite dilacion. El Consistorio y la Generalitat dialogan para encontrar una solución y convocar el pleno del Consorcio.

Pero Calabuig insiste en que más allá del acuciante tema financiero hay que exigir responsabilidades a los anteriores gestores. "Es un empastre mayúsculo. Valencia está perdiendo oportunidades", señala el primer teniente de alcalde. Hay que devolver la normalidad al Consorcio después de muchos años de vivir en la más absoluta provisionalidad. "También tendremos que exigir responsabilidades a los anteriores gestores que asumieron un producto financiero y no lo pagaron", plantea el concejal.

Empresarios exigen soluciones

La asociación de empresarios de la Marina Real se entrevistaban hace unos días con el político socialista y le expresaban sus quejas. Es un espacio abandonado y mal señalizado, dijeron. José Ramón García Fuster, empresario de la asociación, habla sin tapujos. "Desde 2003 [fecha en que Valencia fue elegida puerto de salida de la Copa del América] hemos vivido momentos de esplendor, esperanza y también momentos difíciles", reconoce. 

La Marina Juan Carlos I está en un sitio privilegiado pero las inversiones no terminan de consolidarse por las incógnitas que embargan el futuro de esta infraestructuras. Además, cuando llega septiembre, Valencia da la espalda al mar y la dársena necesita actividad todo el año para ser rentable. Los empresarios se quejan de que la Administración no es lo suficientemente ágil o flexible para dar salida a los eventos de alto nivel que tienen contratados. El varadero funciona a medio gas y el club de playa está a la espera de licencia. En la dársena funcionan unos ocho restaurantes y existen unas 15 industrias relacionadas con la náutica. En unos días se abrirá el centro de formación de EDEM, con más de 1.000 alumnos diarios.

"No entendemos como no le sacamos más partido económico a una infraestructura ya acabada como la Marina", reflexiona el empresario, que asegura que en la dársena podría haber en este momento 10 veces más de lo que hay ahora, "pero falta interés y solucionar los problemas". Y pone un ejemplo: la Marina de Dénia "tiene la décima parte que nosotros pero está a años luz de Valencia".