Bruselas levanta el veto de 15 años a la iniciativa privada en Ciudad de la Luz

La Comisión Europea ha levantado el veto que impedía el acceso a la iniciativa privada al complejo cinematográfico Ciudad de la Luz durante 15 años. “La Ciudad de la Luz se ha salvado y va a continuar siendo patrimonio de los alicantinos y de los valencianos. Hemos salvado una inversión pública de 343 millones de euros que estuvo al borde de perderse en su totalidad”, ha señalado el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, en Alicante.

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El gobierno autonómico ya había pactado con la Dirección General de la Competencia la posibilidad de recuperar la propiedad de las instalaciones mediante una fórmula similar a una dación en pago. Una compensación por los 265 millones de euros en ayudas públicas declaradas ilegales por Bruselas que debían revertir de nuevo a las arcas de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV).

La restricción durante 15 años a la iniciativa privada también ha sido eliminada tras la negociación bilateral, a excepción de actividades lucrativas directamente relacionadas con el sector cinematográfico. En palabras de Puig, ese avance ha sido posible gracias a “la credibilidad recuperada de un Consell fiable que ha recompuesto las negociaciones”. En esta línea, ha agradecido a la Comisión Europea su “disposición al diálogo y a encontrar una solución que salvaguardara la inversión pública”.

El Gobierno valenciano pretende ahora crear en Ciudad de la Luz un foco de atracción para start-ups y empresas del mundo de la economía digital mediante distintos incentivos. Un proyecto denominado Distrito Digital. Las instalaciones albergarán además la sede en Alicante de la nueva radio y televisión valencianas, À punt.

El jefe del Consell se ha reunido hoy con el director general de SPTCV, Antonio Rodes, el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, el director general de Análisis, Políticas Pública y Coordinación, Julián Lopez, y el exrector de la Universidad de Alicante Andrés Pedreño, un especialista en economía digital.

El acuerdo definitivo al que han llegado la Comunidad Valenciana y la comisaria de la Competencia establece que la Generalitat conservará la propiedad del complejo tras la liquidación de la sociedad Ciudad de la Luz SA y, una vez ya como socio único, asumirá “todos sus activos y pasivos”.

Durante 15 años, a contar desde 2012, la Generalitat podrá hacer uso de las instalaciones, pero no ejercer directamente ninguna actividad económica en el complejo. En cambio, en ese periodo, sí podrá “vender o alquilar” los estudios a un tercero, bien en parte, bien en su totalidad. Según Puig, “si una empresa privada la compra o alquila durante este periodo, ésta sí podrá desarrollar una actividad económica”. Siempre y cuando no guarde relación con el mundo del cine. De este condicionante han sido excluidas todas aquellas actividades cinematográficas que tengan una finalidad “puramente educativas”.

La Comisión ha aceptado, tal y como propuso la Generalitat, que los tres lustros de penalización empiecen a contar desde 2012, año en que se dictó la resolución de Competencia que declaraba las ayudas públicas ilegales, por lo que esas restricciones finalizarán en 2027. Para Puig, “hoy acaba una historia de muchos despropósitos”, en la que el Gobierno valenciano ha tenido que moverse para “salvar los muebles”. “Vamos a trabajar para que Ciudad de la Luz sea un activo absolutamente solvente para el conjunto de los ciudadanos y sea una oportunidad de desarrollo para Alicante y la Comunidad Valenciana”, ha prometido el presidente valenciano.

En ese cometido se enmarca la “operación de aterrizaje para la economía digital” en la Comunidad Valenciana que prepara el Ejecutivo autonómico a través del complejo cinematográfico alicantino. El plan es que las primeras empresas interesadas, algunas procedentes de países del norte de Europa como Finlandia, comiencen a instalarse el próximo año.