El Ministerio de Cultura anacrónico: los retos pendientes en investigación y otras competencias

El Ministerio de Cultura lleva en barbecho un largo periodo tras consecutivos gobiernos populares y socialistas. Es cierto que cuando gobiernan los socialistas adquiere la categoría de Ministerio, que desciende a Secretaría de Estado cuando tocan los Gobiernos populares, pero más allá de la cuestión simbólica y de detalles, pocos cambios estructurales acontecen en la Administración General del Estado. A diferencia de los arts council británicos o el Ministerio de Cultura francés, el español carece de un departamento o de una dotación para la investigación sobre la cultura. Así, tras unos esperanzadores primeros Gobiernos socialistas con Solana al frente como Ministro de Cultura, el Ministerio lleva décadas convertido en el problema y no en la solución de la crisis sistémica de la cultura.

Enrocado en sus dimes y diretes con los agentes del sector (a veces el cine y la piratería, el IVA, a veces la copia privada de la ley de propiedad intelectual), el Ministerio ha de mirar fuera y establecer relaciones con las misiones de la ciencia para enlazar con los grandes retos de la investigación de hoy que atañen a las artes y la industria cultural. Cultivando y ampliando horizontes y estableciendo alianzas con el sistema del I+d+I, las universidades y el resto de la sociedad a través de una ley de mecenazgo sostenible; repensando su labor y función en el siglo XXI, en el marco de la gobernanza digital, y coordinándose con el resto de administraciones públicas locales y autonómicas como le obliga la Constitución Española.

Algunos de los asuntos básicos en los que el Ministerio de Cultura tiene un largo margen de mejora son planteados a continuación, haciendo hincapié en cómo la investigación debería estar al servicio de los procesos de mejora y modernización de sus propios servicios y de su relación con el conjunto de la sociedad española y con los sectores y ámbitos de su competencia. Parto del axioma que es incompatible hoy en día el diseño de las políticas públicas al margen de la generación de conocimiento y la vinculación con la academia. No es nada nuevo, esta vinculación está naturalizada en la cultura anglosajona y en las universidades más prestigiosas del mundo.

I. La gestión en el propio Ministerio de Cultura:

El Ministerio de Cultura tiene un problema en la propia gestión administrativa de sus direcciones generales y centros adscritos, tal como observamos en algunas evidencias que han trascendido a la prensa en los últimos meses:

Un informe del Tribunal de Cuentas del año pasado sobre la gestión del INAEM, concretamente sobre el ejercicio de 2015, refiere que funciona con bastantes deficiencias como estructura administrativa. Entre otras cosas afirma que el Instituto “disponía de un manual de subvenciones que estaba totalmente obsoleto” (pág. 21). El entonces Ministerio de Educación y Cultura “no ha elaborado un Plan Estratégico de Subvenciones a medio plazo por lo que la Entidad no ha dispuesto de un instrumento de planificación en la gestión de las subvenciones”. (pág. 57). Recordemos que la Ley General de Subvenciones tiene ya quince años de vigencia y la política de fomento de la cultura depende de unas subvenciones deficientemente planificadas conforme a la ley, donde podamos evaluar su impacto en el sector y en la ciudadanía.

El informe también apunta que el diseño y los indicadores tampoco permiten evaluar la eficacia ni el impacto de la gestión directa de sus propios programas, tales como las acciones de las distintas unidades de creación (Centro Dramático Nacional, Orquesta Nacional, Ballet Nacional de España etc.). Es la propia administración en su labor de control la que pone éstas y otras evidencias sobre cómo se gestiona (mal) la cultura desde el Ministerio[1]. Hace escasamente un par de meses asistí a un encuentro en el que coincidí con el ahora ministro José Guirao[2] y con otros profesionales de la cultura pertenecientes a distintos subsectores artísticos y académicos de las artes visuales y la política cultural: artistas, agentes de la intermediación (galerías, gestores culturales, abogados), diputados de la Comisión de Cultura del Congreso de los principales partidos políticos, académicos, directores de museos y técnicos de las administraciones locales, autonómicas de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura.

En el turno de intervenciones de una mesa redonda, a algunos nos sorprendió el discurso de la subdirectora de Promoción de Bellas Artes, Begoña Torres, que descansaba en una retahíla de quejas y pesares sobre el presupuesto exiguo para el arte contemporáneo de su Dirección General, la falta de recursos del Centro Tabacalera y la voluntariedad del personal adscrito a dicha Dirección General para paliar y hacer lo posible para seguir con el funcionamiento de dicho centro. Hicimos notar algunos de los allí presentes que nos hubiera gustado escuchar un discurso sobre el impacto de sus programas y de sus centros. Ese era el tema. Otros con una situación similar decidieron hace poco dejar sus puestos en el Ministerio de Cultura, tal como decidió Antonio Moral hace escasos meses al frente del Centro Nacional para la Difusión Musical, cargo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM), como consecuencia de la insoportable burocracia, según sus palabras[3].

Esto viene a corroborar que el Ministerio de Cultura necesita, como hemos publicado en la literatura científica[4], mejorar y modernizar la gestión interna de sus centros y dependencias administrativas. Ello será difícilmente de conseguir sin echar mano de los recursos de la investigación sobre este tema.

II. La gobernanza de las instituciones culturales, participación y agencialización:

Ligado con el punto anterior, el Ministerio de Cultura ha de ampliar la base de su participación en tanto en la gobernanza de las instituciones y sus canales de participación. Una tesis doctoral (Fátima Anllo, 2017) confirma que, en el caso de la política musical, la desigualdad territorial, el grupo profesional y el ámbito artístico son factores que explican la participación en los órganos de decisión del Ministerio (consejos asesores, jurados premios, comisiones de valoración de subvenciones, entre otros) en el caso de la música. Ello muestra la necesidad de repensar y reformular las formas de gestión y de participación de una cultura evaluativa como la artística.

Por otro lado, pero en la misma dirección, parece desprenderse si analizamos el papel y las formas de decisión de los patronos y patronatos de las instituciones culturales, en donde quedan cerrados a la ciudadanía y a otros subsectores sociales que pueden aportar valor. En un informe de investigación de la Fundación Alternativas, titulado 'El patronato como mejora de la gobernanza de las instituciones públicas culturales' [5], David Márquez Martínde la Leona trata de analizar cómo ciertas medidas, rasgos y funciones de los patronatos anglosajones podrían mejorar la transparencia de las instituciones culturales españolas, y con ello también la rendición de cuentas y la evaluación y el impacto de sus acciones y programas.

Por otro lado, la agencialización en el campo de la cultura es un asunto que no ha tenido cabida en la política cultural española y que hemos analizado en otros países europeos[6].

III. Valor de las artes, la industria cultural y la creatividad en el turismo:

Siendo la industria del turismo una actividad que aporta 110.000 millones de euros a la economía española, más del 11% del PIB, el Ministerio debería de estar preocupado de cómo y en qué medida las artes y la industria cultural y el patrimonio contribuyen, y en qué medida identifican las debilidades y las ineficiencias del sector por ambas partes a través de la investigación interdisciplinar[7].

IV. Engancharse a los planes de I+D: retos y misiones:

El Ministerio debería jugar un papel activo en los planes de investigación, asociándose a grupos de investigación, o apoyando iniciativas que están vinculadas con los retos y misiones de la investigación europea. El papel de la cultura en las sociedades inclusivas, las humanidades digitales, la educación artística (olvidada también por el Ministerio de Educación), el impacto digital en las profesiones artísticas, el papel de las profesiones intermediarias y su valor en el tránsito al digital, las políticas de fomento del arte contemporáneo, entre otros asuntos, son objeto de investigación y de debate en Europa. Debería, por tanto, fomentar los estudios e investigaciones que muestren desde distintos enfoques disciplinares el impacto de los cambios tecnológicos y, de alguna manera, dejar de ser un sujeto pasivo y anacrónico de la investigación sobre los sectores y ámbitos de su competencia.

[1] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[2]https://www.fidefundacion.es/Concluye-la-II-Jornada-de-Arte-de-Fide-Politicas-culturales-en-Espana-y-Europa-en-las-artes-visuales_a752.html

[3] https://elpais.com/cultura/2017/12/20/actualidad/1513787814_638017.html

[4]https://academia.edu/3462577/La_modernización_de_la_gestión_pública_de_la_cultura._Análisis_comparado_del_caso_de_los_equipamientos_culturales_de_las_comunidades_autónomas_de_Cataluña_y_Madrid

[5]http://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/el-patronato-como-mejora-en-la-gobernanza-de-instituciones-publicas-culturales

[6]https://academia.edu/1268889/The_governance_of_national_cultural_organisations_comparative_study_of_performance_contracts_with_the_manin_cultural_organisations_in_England_France_and_Catalonia

[7] https://politica.elpais.com/politica/2017/08/01/actualidad/1501607463_516522.html

(*) Arturo Rubio Arostegui es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija