Ofensiva de Trabajo contra los falsos autónomos de la industria cárnica: Servicarne no es una cooperativa

La ofensiva del Ministerio de Trabajo contra los falsos cooperativistas de la industria cárnica empieza a dar sus frutos. Trabajo lleva dos años enviando inspectores a decenas de mataderos de toda España en busca de pruebas de lo que los sindicatos califican de “fraude” a gran escala: miles de empleados precarios obligados a hacerse cooperativistas para poder trabajar en el sector. La Inspección de Trabajo acaba de concluir que la mayor de estas cooperativas, Servicarne, no es tal. La primera acta de liquidación que resulta de esta ofensiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que en realidad es una empresa pantalla y que, por tanto, sus socios no son cooperativistas. Varias fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran habrá más actas como esta, lo que puede afectar a unas 50 empresas y unos 5.300 trabajadores de 20 provincias.

El informe de la Inspección afecta a un solo matadero, el que la compañía Arpisa tiene en Berantevilla (Álava), y a trabajadores autónomos que Servicarne ponía a disposición de esta empresa. En él queda clara la postura de Trabajo sobre estas prácticas: “La cooperativa no es más que una mera apariencia”. Y añade: “No puede constatarse que sea algo más que una oficina de ocupación dirigida a proporcionar trabajadores”. El inspector propone una liquidación de 3,1 millones de euros por las cuotas a la Seguridad Social que no pagó la empresa por sus entre 70 y 80 trabajadores entre octubre de 2013 y noviembre. 

Cuando el plan contra la explotación laboral que ha preparado el Ejecutivo habla de falsos autónomos, reserva un lugar destacado a las cooperativas de trabajo asociado utilizadas “de forma fraudulenta” con las que se “enmascara verdaderas relaciones laborales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas”. Es decir, se aprovecha de que los socios este tipo de organizaciones pueden ser autónomos para que coticen en este régimen a la Seguridad Social y se reduce así las cotizaciones a pagar por el verdadero empleador. Entre unas cosas y otras, la remuneración final para el trabajador es más baja. Según calcula la Inspección,"resulta evidente que los ingresos de los socios se encuentran por debajo de convenio [...] como mínimo en un 4,58%. Como mínimo, porque a esa diferencia habría que añadir los importes de nocturnidad [...], y el plus de penosidad para los trabajadores con categorías de matarifes y ayudante de muelle para el colgado de aves vivas".

Servicarne es la mayor de las cooperativas que suministran personal a la industria cárnica. Empezó a funcionar en 1978 en Barcelona y actualmente su plantilla ronda los 5.000 socios trabajadores. Pagan una cuota inicial de 90 euros y una cuota mensual de 50 euros. La organización esgrime sentencias judiciales, entre ellas una del Tribunal Supremo de 2001, que avalarían la “licitud” de su actividad. Aducía aquella sentencia que no se había probado que hubiera fraude de ley y que, por tanto, la actividad era legal. Ahora, en cambio, la Inspección señala que sí hay fraude de ley, según expone en los fundamentos jurídicos de sus actas.

CC OO recuerda, además, que en mayo el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre una cooperativa del sector del transporte, que habría dado una vuelta de tuerca a la jurisprudencia. Este fallo hace referencia al de 2001: “Expresamente destacamos en sentido contrario, que ‘ello no excluye la posibilidad de que pueda existir una situación de ilegalidad, si la norma se utiliza con ánimo de defraudar”.

"La cooperativa es una apariencia", asegura la Inspección de Trabajo, que continúa: "Es una pantalla, carece de patrimonio propio, de infraestructura organizativa empresarial y de mercado". Y los socios no se adhieren a ella voluntariamente, "entendiendo voluntario como consentimiento y facultad de decidir, ni ejercen derecho cooperativo alguno", añade. Los cooperativistas "no tienen poder de decisión ni de información alguno", "la toma de decisiones es absolutamente vertical y la participación prácticamente inexistente", sigue el acta de la inspección. Las empresas remiten a los solicitantes de empleo a la cooperativa y esta les ofrece trabajo. "No hay otra opción" para que se lo den, recoge el texto.

Después de concluir que la organización es una falsa cooperativa, la Inspección de un paso más: la relación de Arpisa con los socios trabajadores de Servicarne es laboral o, lo que es lo mismo, deberían ser asalariados. Esto llevó a la Inspección a dar de alta de oficio a trabajadores antes de finalizar la Inspección de Trabajo, no solo en el caso de Arpisa, también con otras compañías y provincias. Cientos de trabajadores ya han recibido las notificaciones de alta por mensaje o carta. En una de ellas, emitida en Ciudad Real y a la que ha tenido acceso este diario, se habla de la cooperativa como “sociedad pantalla”.

Pero una vez han llegado esas altas a la Seguridad Social, la Tesorería se ha encontrado con una situación inédita en la lucha contra la precariedad laboral: las propias empresas han dado de baja a los trabajadores a través de la aplicación informática con la que realizan sus trámites ante el instituto previsor. Algo que en el Ministerio de Trabajo califican como “bastante excepcional”.

Esto habría sucedido en cuatro provincias —no en el caso de Arpisa, con quien no ha sido posible contactar para esta información—, confirman fuentes no oficiales del departamento que dirige Magdalena Valerio. Añaden que esta situación ha llevado al Ministerio a corregir el reglamento que regula el funcionamiento de esa aplicación informática y el acceso de las empresas por esta vía. Y también apuntan que ya habrían repuesto algunas de las altas canceladas.

El acta de liquidación que exige al matadero de Álava el pago de 3,1 millones en cotizaciones incluye otra novedad: un informe de descalificación emitido para que llegue a la Dirección General de Economía Social que niega que Servicarne sea realmente una cooperativa. En los hechos probados se expone que, aunque los estatutos de la organización se ajustan a lo que marca la ley, luego no lo hace en el funcionamiento cotidiano: la mayoría de socios no son invitados a la asamblea general, en la central apenas trabajan 10 socios cooperativistas ni tienen una política de personal. […] Servicarne “se limita al amparo de un formal y aparente contrato de prestación de servicios a aportar única y exclusivamente personal que ejecute las órdenes", concluye. El objetivo sería, añade el acta, “huir de las relaciones laborales y sus costes”.

Servicarne acusa a los sindicatos de presionar no para mejorar las condiciones de los socios sino para competir entre ellos para conseguir más afiliados y representación dentro de las empresas y advierten de que sus denuncias "están poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo en el sector cárnico". Para CC OO, sindicato que ha puesto múltiples denuncias contra esta y otras cooperativas cárnicas, la decisión de la Inspección de Trabajo es “positiva”.